Guerra jurídica

[1]​[2]​ El acoso judicial permite obtener diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o deponer gobiernos.[2]​ Con este fundamento, el concepto ha sido utilizado por Estados Unidos para desconocer la autoridad de la Corte Penal Internacional.La palabra lawfare aparece escrita por primera vez en un artículo de 1975 de los humanitaristas australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans, titulado Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity ('Hacia dónde va la ley: humanidad o barbarie', en inglés).[7]​ A continuación se transcribe el párrafo en el que aparece por primera vez el vocablo lawfare, como un juego de palabras y significados intercambiables con warfare: El primer estudio sobre el tema fue realizado por el coronel estadounidense Charles J. Dunlap Jr.La primera manera de entenderlo es a través de tres elementos: el activismo judicial, los conflictos políticos resueltos por jueces y, finalmente, los actores políticos y sociales que utilizan los tribunales para proteger sus intereses[12]​.Una definición adicional gira en torno a la politización de la justicia, la cual es tomada como un tipo específico de judicialización, este ocurre cuando la relación entre el poder político y el poder de justicia se hacen cada vez más difusos, autores[12]​ (mencionar cuáles o en todo caso solo mencionar al que citas) conceptualizan esta situación como una contaminación del espacio judicial, en el sentido que las posturas político-partidistas se vuelven claves para las decisiones judiciales por medio de la presión o influencia que este grupo ejerce hacia las cortes[13]​.Por otro lado, el lawfare (o guerra jurídica en español), hace referencia a cuando un actor político poderoso instrumentaliza el sistema de justicia para así poder perseguir, neutralizar y hasta destruir a sus competidores o adversarios políticos [14]​.El otro caso es cuando la judicialización de la política es usada por actores corruptos como una vía para no rendir cuentas respecto a sus faltas cometidas, esto ocurre cuando los políticos o funcionarios que han sido sorprendidos en acciones irregulares no están dispuestos a rendir cuentas si no existe un fallo judicial que los obligue a hacerlo[15]​.De esta manera, lo judicial se vuelve un punto difuso que puede ser tomado como un escudo, pues todo lo que no sea legalmente llamado como crimen, está permitido en la función pública, política y administrativa[16]​.En su libro Comaroff describe la persecución judicial como una "guerra de derecho internacional", y la menciona como uno de los medios que puede ser llevada la acción ofensiva contra el enemigo sin recurrir a las armas.En una parte más detallada, describe además cómo "aprovechar la primera oportunidad para establecer los reglamentos.""[31]​ Douglas Bloomfield escribe que "la guerra jurídica palestina contra Israel podrían aislar al Estado judío", así como plantear cuestiones relativas a los viajes al extranjero para que los dirigentes israelíes temieran ser detenidos por crímenes de guerra.[41]​ En este sentido, una característica fundamental de la guerra judicial sería el uso de acusaciones sin materialidad, incluyendo, entre sus tácticas, las siguientes: El concepto ha sido utilizado por una considerable cantidad de gobernantes y exgobernantes latinoamericanos que fueron afectados por procedimientos judiciales durante la segunda década del siglo XXI, como Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil (véase Vaza Jato),[43]​[44]​ Cristina Fernández de Kirchner en Argentina,[44]​[45]​ Rafael Correa en Ecuador,[44]​ Fernando Lugo en Paraguay,[46]​ Thelma Aldana en Guatemala[47]​[48]​ y Evo Morales en Bolivia.A continuación, se presenta tres campos claves: Actualmente, el Perú es un país democrático que superó el periodo autoritario; sin embargo, se han hecho acusaciones del uso de lawfare por parte de diversos políticos en el marco del Caso Odebrecht, un escándalo que involucró a la empresa constructora brasileña Odebrecht y a distintas autoridades políticas del Perú.[62]​[63]​[64]​ Ambos sectores denunciaron a Gustavo Gorriti, y a la "mafia caviar", como autores de dicha persecución, en especial tras las declaraciones de Jaime Villanueva durante el escándalo desatado en el Ministerio Público en el año 2023.