La Comisión Europea, considera a los litigios estratégicos contra la participación pública como: “demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por órganos estatales, corporaciones comerciales y personas en el poder contra partes más débiles —periodistas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y otros— que expresan críticas o transmiten mensajes incómodos a los poderosos, sobre un asunto público”[3] Ganar la demanda no es necesariamente la intención de la persona o empresa que presenta el pleito.
En los Estados Unidos, en los últimos años, varios estados y el Distrito de Columbia han ido aprobando leyes Anti-SLAPP, diseñadas para eliminar demandas frívolas contra la participación pública y la libertad de expresión.
Esta legislación permite un proceso expeditivo y la recuperación de las costas legales.
Sin estas leyes, los periodistas no podrían informar por miedo a ser demandados y tener que gastar mucho dinero en abogados”, explica Katie Townsend, directora de Litigación de RCFP, organización que ha participado en varios casos.
[7] En 2022 la constatación de la presión mediante pleitos y recursos en la vía judicial tanto a periodistas, activistas, sincialistas y oposición política hizo reaccionar a la Comisión Europea ante el aumento de los litigios estratégicos.
[3] La Comisión Europea considera los litigios estratégicos como un problema que “amenaza a los valores democráticos y derechos fundamentales”.
[3] La iniciativa de la Comisión Europea EU action against abusive litigation (SLAPP) targeting journalists and rights defenders, es una propuesta que pretende convertirse en directiva que superó la consulta pública (entre octubre de 2021 y enero de 2022) y en la que han participado 146 entidades entre ciudadanos particulares, organizaciones no gubernamentales, autoridades públicas y sindicatos.