Ley francesa de separación de la Iglesia y el Estado de 1905

Al mismo tiempo, declaró que todos los edificios religiosos serían propiedad del estado y los gobiernos locales; el gobierno pone tales edificios a disposición de las organizaciones religiosas sin costo para estas, siempre que sigan usando esos edificios con fines de culto.

Otros artículos de la ley incluyen la prohibición de fijar símbolos religiosos en edificios públicos, estableciendo también que la República no nombrará más obispos o arzobispos (aunque esto último se modificó en la práctica desde 1926).

Asimismo la ley de 1905 no se extendió en su aplicación hacia la Guayana Francesa –una colonia en ese momento– y hasta el día de hoy el gobierno local continúa financiando a la Iglesia Católica.

Mientras que la intención explícita de la ley era la negar la existencia de una religión avalada por el Estado, su efecto final fue el de incapacitar a la religión católica como una fuerza institucional en la vida pública, al negarle a esta o cualquier otra religión, el financiamiento gubernamental.

Inicialmente los católicos estaban seriamente afectados ya que la ley declaraba a las iglesias como propiedad del estado y los gobiernos locales.

El papa Pío XI, mediante la encíclica Maximam gravissimamque, aprobó formalmente esa solución.

Este fue uno de los puntos más controvertidos, pues esas asociaciones quedaban bajo el control del Estado, Esto ocasionó desobediencias civiles e incluso revueltas por parte de católicos.

Asimismo la ley liberó a la iglesia del control del estado, ya que esta podía recaudar más fondos que las sumas modestas que el estado el proveía y podía elegir sus propios obispos, como ya era el caso para los católicos de EE.

No supone, por tanto, una derogación de la ley, pero sí que no será de aplicación a la Iglesia católica en lo que respecta a los aspectos del acuerdo.