Crisis migratoria en el norte de Chile

La crisis migratoria en el norte de Chile es una situación humanitaria crítica que se inició en 2017, agudizándose actualmente.

Los inmigrantes son principalmente ciudadanos venezolanos, colombianos y bolivianos que han atravesado las fronteras de forma irregular.

[10]​[11]​ El gobierno de Colombia presidido por Juan Manuel Santos expresó su "preocupación por los enfrentamientos físicos y virtuales entre ciudadanos de ambos países" y llamó a "la tolerancia para que no se promuevan mensajes que inciten a la violencia".

[13]​ Varias comunidades de inmigrantes que anteriormente eran pequeñas, empezaron a alcanzar cifras nunca antes vistas en el país (venezolanos, haitianos, colombianos).

[14]​ Este hecho ha puesto el tema en la discusión política de Chile[15]​[16]​ y el gobierno actuó en la materia.

En marzo de 2018, apenas asumir y durante una entrevista con Deutsche Welle el mandatario expresó: «vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con chilenos que buscaban nuevas oportunidades»[18]​[19]​ En diciembre de 2018, el gobierno anunció que Chile no firmaría el Pacto Mundial sobre Migración,[20]​[21]​[22]​ sin embargo el gobierno sí firmó el Pacto Mundial sobre Refugiados.

[23]​ A mediados de 2019, a raíz del éxodo masivo de venezolanos de su país,[24]​ surge una crisis inmigratoria en el Complejo fronterizo Chacalluta,[25]​ el senador Felipe Kast, integrante de la coalición de gobierno opinó que: "Es positivo que el Gobierno esté implementando una política migratoria ordenada y humanitaria; cerrando las fronteras a personas con antecedentes penales, y apoyando a niños y mujeres que buscan reunirse con sus familiares residentes en Chile" y solicitó "tenderles la mano" gestionando directamente que venezolanos pudieran realizar trámites inmigratorios con su pasaporte vencido.

[29]​ La oposición hizo un llamado a tener un "enfoque humanitario" en la materia de inmigración,[30]​ condenó "los intentos por sembrar odio" y respaldó la gestión del INDH en la crisis.

[31]​[32]​ José Miguel Insulza responsabilizó al gobierno por la crisis,[33]​ Heraldo Muñoz llamó a "hacer una excepción"[34]​ y el Frente Amplio afirmó que "Hay una inconsecuencia brutal".

[41]​ Aun así la comuna de Colchane experimentó olas inmigratorias sin precedentes provenientes desde Venezuela y que al llegar a Chile los inmigrantes fueron alojados en escuelas para ser posteriormente trasladados a otras zonas del país.

[47]​ El ministro del Interior, Rodrigo Delgado reconoció que "este año tal vez han ingresado más de 25 mil personas por la frontera".

Concretamente, la reforma constitucional permite que el presidente disponga, «mediante decreto supremo fundado, suscrito por los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando aquella que debe ser protegida», entendiéndose por infraestructura crítica «el conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medioambiente o a la seguridad del país».

[65]​ El mismo mes el presidente dijo que los inmigrantes que están en situación irregular y todavía no han realizado el trámite de empadronamiento "vamos a buscarlas, vamos encontrarlas y las vamos a expulsar".

[74]​ El gobierno comenzó a cavar zanjas en la frontera para evitar robo de autos, medida previamente rechazada por el mismo.

Esa última opción permite que los inmigrantes opten por una residencia sanitaria en Iquique.

Para eso deben pasar tres o cuatro noches en Colchane y testear negativo por COVID-19.

Los asistentes a la marcha criticaron la política inmigratoria, apuntaron a una falta de medidas por parte del gobierno central y pidieron la renuncia del entonces delegado presidencial regional, Miguel Ángel Quezada.