La Agenda es relevante para todo tipo de poblaciones que se encuentren en constante movimiento, sea su movimiento interior o transfronterizo, sean o no desplazadas, cuando afirma que “deseamos ver cumplidos los Objetivos y las metas para todas las naciones y los pueblos y para todos los sectores de la sociedad”.

Consecuentemente, no existía un marco acordado para la gobernanza integral de la migración.

El incremento de los flujos migratorios por el corredor entre África del norte y Europa se incrementó desde que la Unión Europea quitó el apoyo a la Libia de Gadafi, país que funcionaba como Estado-tapón.

Esto último provocó peleas a bordo, que terminaron con personas muertas o lanzadas al mar.

Para lograr formular efectivamente este Pacto, a través de un proceso diplomático, se establecieron modalidades que estructuraran la negociación.

Se propusieron 3 fases para la resolución de modalidades: consulta, balance y negociación.

[17]​ La primera fase, conocida como la consulta se llevó a cabo en abril–noviembre de 2017 en Ginebra, Nueva York y Viena.

Se buscó incorporar perspectivas de seguridad humana; las delegaciones participaron en “grupos de acción” para realizar análisis enfocados en los aspectos humano, comunitario, local/subnacional, nacional, regional y global.

Se buscaba que este Pacto, fuera un documento que no fuera “jurídicamente vinculante ni pesado, pero sí accionable.”[15]​ Ya existían obligaciones legales internacionales relacionadas al  fenómeno de migración, por lo que los gobiernos estaban dispuestos a aplicar las obligaciones existentes para proteger a los migrantes e implementar los compromisos a los que se comprometieron para aplicar de manera adecuada el Pacto Mundial sobre Migración.

La negociación se basó en concretar la adopción del PMM y aceptar las obligaciones que conllevaba el pertenecer a este, pues procura promover los “derechos humanos, en cooperación con sindicatos y organizaciones pro migrantes.”[15]​ El Pacto involucra tanto al gobierno como a las partes interesadas en la migración internacional.

El Pacto Mundial sobre Migración se resume en los siguientes puntos: La expresión soft law busca describir la existencia de fenómenos jurídicos caracterizados por no generar fuerza vinculante, sin que con esto estén libres de incurrir en efectos jurídicos o generen preocupación y relevancia a nivel del Derecho Internacional.

Así las cosas, el pacto migratorio de las Naciones Unidas está considerado entre el derecho flexible toda vez que no es un pacto de carácter obligatorio para los Estados estando inmerso entre los denominados “gentlemen´s agreements” teniendo como base el principio de la buena fe para su cumplimiento sin que existan mecanismos jurídicos  a nivel internacional para su exigencia, no goza de un nivel supra en los sistemas jurídicos determinados en los Estados, regula un fenómeno social como lo es la migración contemplando en sus objetivos los controles para posibles delitos como la trata de personas sin trascender a la normativa que se aplicará en el caso de que los mismos se presente, dejando esto a los sistemas normativos vigentes en los Estados[27]​.

Además, Austria, Australia,[29]​ Bulgaria,[30]​ Chile,[31]​ Croacia,[32]​ República Checa,[33]​ República Dominicana,[34]​ Estonia,[35]​ Hungría, Italia,[36]​ Israel,[37]​ Letonia,[38]​ Lituania,[39]​ Polonia,[40]​ Eslovaquia[41]​ y Suiza[42]​ no asistieron a la conferencia internacional ni suscribieron el pacto.