Chile no cuenta con un cuerpo policial o militar destinado exclusivamente al patrullaje y control de sus fronteras que funja como Guardia Fronteriza.
Esto se debe principalmente a la crisis migratoria en el Norte de Chile iniciada en 2020.
[14] Por esta razón, ciudadanos extranjeros eran heridos al activar alguna de estas minas al intentar cruzar a pie la frontera minada por pasos ilegales, donde en algunos casos debían sufrir la amputación de una o ambas extremidades inferiores.
[30] La gestión en el área migratoria fue criticada por los sectores políticos contrarios a Bachelet, como por ejemplo, Sebastián Piñera calificó la situación como un "desorden alarmante"[32] refiriéndose a la situación de que gran parte de los inmigrantes entraron como turistas[33] y permanecieron indefinidamente en el país hasta después que esta expiró y que ante esto el gobierno habría sido "permisivo".
[38] Estos abusos causaron al menos 46 000 haitianos se encontraran indocumentados en el país.
[39] En 2017 llegaron 100 mil haitianos a Chile, duplicando la cifra del año anterior.
[41] Los inmigrantes contaron que a cambio de eso sus familias quedaron amenazadas en Puerto Príncipe.
[55] Varias comunidades de inmigrantes que anteriormente eran pequeñas, empezaron a alcanzar cifras nunca antes vistas en el país (venezolanos, haitianos, colombianos).
[56] Este hecho ha puesto el tema en la discusión política de Chile[57][58] y el gobierno actuó en la materia.
En marzo de 2018, apenas asumir y durante una entrevista con Deutsche Welle el mandatario expresó: «vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con chilenos que buscaban nuevas oportunidades»[60][61] En diciembre de 2018, el gobierno anunció que Chile no firmaría el Pacto Mundial sobre Migración,[62][63][64] sin embargo el gobierno sí firmó el Pacto Mundial sobre Refugiados.
[65] A mediados de 2019, a raíz del éxodo masivo de venezolanos de su país,[66] surge una crisis inmigratoria en el Complejo fronterizo Chacalluta,[67] el senador Felipe Kast, integrante de la coalición de gobierno opinó que: "Es positivo que el Gobierno esté implementando una política migratoria ordenada y humanitaria; cerrando las fronteras a personas con antecedentes penales, y apoyando a niños y mujeres que buscan reunirse con sus familiares residentes en Chile" y solicitó "tenderles la mano" gestionando directamente que venezolanos pudieran realizar trámites inmigratorios con su pasaporte vencido.
[71] La oposición hizo un llamado a tener un "enfoque humanitario" en la materia de inmigración,[72] condenó "los intentos por sembrar odio" y respaldó la gestión del INDH en la crisis.
[73][74] José Miguel Insulza responsabilizó al gobierno por la crisis,[75] Heraldo Muñoz llamó a "hacer una excepción"[76] y el Frente Amplio afirmó que "Hay una inconsecuencia brutal".
[91] Aun así la comuna de Colchane experimentó olas inmigratorias sin precedentes provenientes desde Venezuela y que al llegar a Chile los inmigrantes fueron alojados en escuelas para ser posteriormente trasladados a otras zonas del país.
Ese día se convocó a una marcha en la plaza Arturo Prat que tenía como objetivo principal manifestarse en contra de la inmigración masiva.
Los asistentes a la marcha criticaron la política inmigratoria, apuntaron a una falta de medidas por parte del gobierno central y pidieron la renuncia del entonces delegado presidencial regional, Miguel Ángel Quezada.
[118] El mismo mes el presidente dijo que los inmigrantes que están en situación irregular y todavía no han realizado el trámite de empadronamiento "vamos a buscarlas, vamos encontrarlas y las vamos a expulsar".
[127] El gobierno comenzó a cavar zanjas en la frontera para evitar robo de autos, medida previamente rechazada por el mismo.