Esto los hace particularmente vulnerables a la explotación, la trata de personas, la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la xenofobia.
[5] La situación originada por la migración forzada de ciudadanos venezolanos principalmente a los países vecinos puede definirse como una crisis humanitaria que alcanzó su nivel más alto a partir de 2017 tal como señala la OEA en dicho año:
[8] En América Latina, hay normas regionales no vinculantes y leyes internas de algunos Estados que establecen criterios más amplios para obtener asilo, que los expresados en la Convención para los Refugiados de 1951.
[11] Actualmente, la Plataforma Regional está formada por cuarenta organizaciones participantes, incluidos diecisiete agencias de la ONU, catorce ONGs, cinco donantes, dos instituciones financieras internacionales y el Movimiento de la Cruz Roja.
En su mayoría con necesidades humanitarias urgentes en materia de salud, medicamentos y alimentos.
Son mujeres gestantes o lactantes, enfermos en situación crónica, menores no acompañados, familias monoparentales y adultos mayores.
[13] A finales del 2016 fue creado el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM)[14] el cual es la expresión nacional de la Plataforma Regional para los Refugiados y Migrantes Provenientes de Venezuela[12] y tiene a su cargo la implementación del Capítulo Colombia del Plan Regional para los Refugiados y Migrantes de Venezuela.
Ese mes, 2324 ciudadanos venezolanos presentaron solicitudes de protección internacional en la UE, lo cual supone un aumento del 62 % desde marzo.
En algunos casos, ciudadanos venezolanos con certificados de asilo emitidos por ACNUR han sido detenidos o deportados a Venezuela.
Algunos venezolanos que intentaban refugiarse en países del Caribe y en Brasil han sido hostigados o victimizados mediante acciones xenófobas.
[22] En 2017, las autoridades trasladaron a 1532 extranjeros fuera de la isla, entre los que se encontraban 1203 venezolanos (78,5 %).
En los primeros cuatro meses de 2018, las autoridades devolvieron a 475 extranjeros, incluidos 386 (81,3 %) venezolanos.
[3] Los migrantes venezolanos detenidos que fueron entrevistados por Amnistía Internacional dijeron que fueron objeto de tratos represivos y degradantes por parte del personal de la prisión, como la privación al acceso a bienes básicos hasta que las personas en detención hayan comprado un boleto de avión para regresar a Venezuela.
Aquellas personas que no solicitaron el asilo de inmediato al arribar a la isla, ingresaron como turistas, fueron anteriormente deportadas o tienen permiso para residir en Curazao y no pueden solicitar protección.