Macroeconómicamente hablando, el período crítico se inició con la disminución del PBI (producto bruto interno) real en 1998 y terminó en 2001 con el final de la convertibilidad y el regreso al crecimiento del PBI, pero el origen del colapso de la economía de la Argentina, y sus efectos sobre la población, se puede encontrar muchos años antes.
[1] En 1983, se restauró la democracia en el país luego de la elección del presidente Raúl Alfonsín.
[2] Los salarios reales cayeron a casi la mitad (el nivel más bajo en cincuenta años)[3] y se produjeron diversos paros laborales.
Este régimen fue fijado más tarde por la Ley de Convertibilidad del Austral, que restauró el peso como la moneda argentina con un valor monetario fijado por la ley para el valor del dólar estadounidense.
Argentina todavía tenía que pagar la deuda externa y para mantener al pueblo era necesario pedir dinero prestado a casi la mitad de América Latina[cita requerida].
[6] El banco alemán Clearstream también fue acusado de cumplir un papel decisivo en este proceso financiero mundial.
A finales del siglo, un espectro de monedas complementarias había surgido.
La situación se fue agravando durante su mandato con una crisis humanitaria, de representatividad, social, económica, financiera y política.
Durante la crisis fueron asesinadas por agentes de seguridad del Estado y privados 39 personas.
[16] Tras los procedimientos de la sucesión presidencial establecida en la Constitución, el presidente del Senado, Ramón Puerta, asumió el cargo y la Asamblea Legislativa (un cuerpo formado por la fusión de las dos cámaras del Congreso) fue convocada.
Sin embargo, solo unos pocos días después de establecer el default, se descubrió que Rodríguez Saá había pagado US$ 150 millones al FMI.
[17] Rodríguez Saá presentó un proyecto diseñado para preservar el régimen de convertibilidad, apodada la "tercera moneda".
La única diferencia sería que circularía como dinero en efectivo (cheques, pagarés u otros instrumentos podrían ser nominados en pesos o en dólares, pero no en Argentinos) y se utilizaría para el pago de salarios en la administración pública y las jubilaciones y para financiar los planes sociales.
Sin embargo, nunca pudo aplicarse porque el gobierno de Rodríguez Saá carecía del apoyo político necesario.
La Asamblea Legislativa fue convocada nuevamente, y se nombró al exgobernador y excandidato presidencial Eduardo Duhalde, en ese entonces senador por la provincia de Buenos Aires, para tomar su lugar.
[25] Esta medida enfureció a ahorristas y se hizo un llamamiento por muchos ciudadanos para declarar su inconstitucionalidad.
La situación económica era cada vez peor en lo que respecta a la inflación y el desempleo durante el año 2002.
[27] Muchas empresas privadas se vieron afectadas por la crisis: Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, fue una de las empresas argentinas más afectadas, teniendo que parar todos los vuelos internacionales durante varios días en el año 2002.
Con la devaluación de 2002, las importaciones se derrumbaron en un 60% respecto al año anterior.
El panorama económico era totalmente diferente a la década de 1990; la devaluación del peso hizo que las exportaciones argentinas sean más baratas y competitivas en el extranjero, mientras que desalentaba las importaciones.