Conflicto universitario en Argentina de 2024

Las universidades públicas en Argentina son «gratuitas» desde que se promulgo la Ley 1420 de Educación Común, Gratuita y Obligatoria en 1884 bajo el gobierno conservador de Julio Argentino Roca, con los costos cubiertos por el Estado Nacional.

Los gastos de funcionamiento, que recibe cada universidad para pagar los servicios y el mantenimiento que les permiten tener en buenas condiciones sus aulas y laboratorios, representan el 10%.

Fernández, ya para ese entonces con elevados índices de desaprobación a su gestión,[17]​ enfrentó esta situación con transferencias discrecionales, que permitieron que las universidades siguieran funcionando pero generando un problema a mediano plazo.

Durante la época electoral, la educación pública había sido un tópico recurrente entre los distintos candidatos.

[25]​ Su partido cuenta con muy poca representación parlamentaria —6 senadores y 39 diputados—, por lo que se ve obligado a negociar con sectores de la oposición para aprobar leyes nuevas.

[27]​ Para reducir el gasto en subsidios energéticos, se aumentaron las tarifas de los servicios en hasta un 266%.

[43]​ El gobierno cuestionó la presencia en las marchas de figuras ligadas al kirchnerismo, como Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno o Cristina Fernández de Kirchner,[44]​ como así de diversos sindicatos históricamente ligados al peronismo que no tenían relación con la educación pública —como Confederación General del Trabajo (CGT), o el sindicato de Camioneros liderado por Pablo Moyano— y agrupaciones sociales, afirmando que fue una «marcha política opositora».

Yacobitti había afirmado en abril de 2024 que «es incompatible estudiar en la UBA y votar a Milei»,[47]​ un dicho que Javier Milei señaló como indicio de adoctrinamiento y luego cuestionó: «¿Alguien se imagina el escándalo que estaría haciendo la progresía local si la iniciativa hubiera partido de nuestra parte?».

Unos meses después, Yacobitti afirmó que la Universidad debe «trabajar en el perfil político de los graduados».

La ley se aprobó por una mayoría muy amplia: 143-77 en la Cámara de Diputados[53]​ y 57-10 en el Senado.

El Gobierno reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica.

[59]​ Al igual que ocurrió con la ley 27.756 de recomposición jubilatoria, algunos diputados que habían votado a favor del proyecto votaron a favor del veto o se ausentaron, como Alejandra Torres.

[60]​ Para conseguir los 84 votos fue clave la intervención del expresidente Mauricio Macri, que se reunió con el asesor Santiago Caputo, se expresó públicamente contra la ley y pidió a los diputados de su partido que apoyen el veto.

[61]​ Los diputados oficialistas sostuvieron su postura negativa alegando que el proyecto no tenía artículos en donde se indicaran fuentes de financiamiento a las partidas propuestas.

En respuesta, la Ministra de Seguridad respondió que «A mí no me vuelven loca, vuelven loca a la gente si quieren cortar Lugones o determinadas avenidas» «hay un gran movimiento que no acepta la toma de las universidades, no aceptan ser rehenes», calificando las medidas de «provocaciones» y que los estudiantes irían con cocteles molotov al edificio del Secretaría de Educación para generar una «revuelta al modelo chileno» y «tratar de desestabilizar», comparando la situación al Estallido social ocurrido en Chile en el 2019.

[84]​[85]​ Distintas autoridades y figuras de la administración libertaria respaldaron los dichos del presidente.