[5][6] Cuatro integrantes del comando fueron detenidos desaparecidos por las fuerzas gubernamentales, y su suerte nunca fue revelada por el Estado argentino.
[7] Según el MTP el ataque fue para detener un golpe de Estado carapintada, en tanto que la conclusión de la investigadora Claudia Hilb, es que la cúpula del MTP pretendía provocar —mediante un fingido ataque carapintada al cuartel— una insurrección popular manipulando los sentimientos antigolpistas.
[26] La iniciativa partió del grupo de sobrevivientes del ERP liderado por Enrique Gorriarán Merlo —conocido por su mote «el Pelado»—, denominado como los «peladistas», luego de haber actuado en la Revolución sandinista y haber realizado la operación que mató al exdictador nicaragüense Anastasio Somoza.
[27] En esa visión se notaba la influencia de la experiencia sandinista en Nicaragua, con su perfil movimientista, frentista y cristiana.
La nueva Mesa Nacional quedó integrada por Gorriarán, Francisco "Pancho" Provenzano, Jorge Baños, el sacerdote Antonio Puigjané y Roberto Felicetti.
[36] La sangría del MTP continuó en 1988, con el alejamiento de referentes disconformes con el verticalismo creciente, como Alberto Genoud, Fernando Dondero, Mariano Duhalde, Marcos Adandia, Luis Lea Place y Daniel de Santis, junto a grupos que actuaban en la Capital Federal, Lanús y Neuquén.
El 17 de enero, Quito Burgos publicó en Página/12 un artículo sobre la inminencia del golpe titulado Un secreto a voces.
Los atacantes ni siquiera tenían un Plan B, en caso de que no pudieran tomar los tanques.
[52][51] Inmediatamente detrás del camión ingresaron por el camino principal seis autos trayendo al grueso de los atacantes, que estaban divididos en cinco grupos.
El grupo combatió más de dos horas y llegó a abrir dos galpones, pero no aquellos en los que se encontraban los tanques.
Frustrada la operación, se retiraron sin haber actuado, según lo establecido previamente en caso de que fracasara el copamiento.
[63] Años después, Arrillaga sería condenado en varias causas por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
[65] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también sostuvo que la operación militar estuvo bajo el mando del presidente.
Estos últimos eran José «Maradona» Díaz e Iván Ruiz, que intentaron hacerse pasar por soldados, pero fueron delatados por uno de los desertores, y quedaron detenidos por el teniente primero Carlos Alberto Naselli.
Varios periodistas registraron la detención de ambos y su marcha hacia el fondo del cuartel escoltados por Naselli, así como los gritos pidiendo que los maten.
Las desapariciones de Díaz y Ruiz también fueron probadas por la CIDH en 1997,[75] pese a lo cual, el Estado no las ha investigado ni informado sobre su suerte.
[59] La Compañía B había sido tomada por los atacantes a media mañana, luego de que se rindieran el sargento Claudio Córsico y cuatro soldados.
Sobre las 13:30, Córsico logró escapar, dejando dentro del edificio a cuatro soldados que se encontraban bajo su mando —Cuevas, Barañao, Rotemberg y Pedelhez—.
El frente del edificio era bien visible desde la avenida Crovara y gran cantidad de medios registraron las escenas.
Luego de sufrir diversas torturas, se registró su detención en las primeras horas del día siguiente.
Todos caminaban hacia la Plaza de Armas, en donde fueron detenidos sin que ningún juez se hiciera presente.
[93] Mientras, Samojedny y Felicetti salieron para rendirse por una puerta lateral de la Compañía B, donde habían pasado la noche.
[97] Entre las nueve y las diez de la mañana, los militares asfixiaron intencionalmente a Berta Calvo, colocándole una bolsa en la cabeza.
Asimismo separaron a Samojedny y Provenzano del grupo de detenidos, haciéndolos desaparecer forzadamente.
[110] La abogada Marta Fernández, viuda de Carlos Alberto Burgos, afirmó que ocho militantes fueron desaparecidos.
[114] Los indultos del presidente Duhalde de los autores del ataque a La Tablada, fueron acompañados por otros nueve indultos a nueve militares carapintadas condenados por actos de sedición contra el Estado democrático argentino, entre los que se encontraba Mohamed Alí Seineldín.
[118][119] Transcurrieron cuatro años hasta que la Corte Suprema a fines de 2014 ordenó reabrir la causa.
El Ejército había informado que José Díaz e Iván Ruiz habían sido detenidos y llevados ante el entonces mayor Varando, quien los puso bajo la custodia del sargento ayudante Raúl Ricardo Esquivel, para que los llevara a una ambulancia conducida por César Quiroga, para ser atendidos de sus heridas.
Arrillaga ya había perdido su estado militar con anterioridad, debido a múltiples condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en la Base Naval Mar del Plata cometidos durante la última dictadura cívico-militar y se encontraba cumpliendo condena.
[123] La versión del MTP elaborada en las memorias de Gorriarán Merlo afirman que el ingreso al cuartel por parte del grupo tuvo como finalidad detener un nuevo alzamiento carapintada, que debía producirse el día 23 de enero.