Órdenes internacionales de arresto contra Benjamín Netanyahu, Yoav Galant y Mohamed Deif

Por el contrario, Netanyahu sigue siendo bienvenido en Estados Unidos, ya que este país no es miembro del TPI.

Sin embargo, el tribunal no tiene medios para hacer cumplir una orden de arresto al no disponer de una fuerza policial, por lo que depende de los estados miembros para llevar a cabo cualquier detención, y sólo puede sancionar potencialmente a un estado miembro que no coopere.

[11]​[12]​ Desde que se abrió la investigación en 2015, Israel utilizó sus agencias de inteligencia para vigilar, presionar y amenazar a personal superior del TPI.

[15]​ Al día siguiente, el TPI informó que cinco países: Sudáfrica, Bangladés, Bolivia, Comoras y Yibuti habían presentado una solicitud ante el organismo para pedir una investigación sobre los bombardeos llevados a cabo por Israel en la Franja de Gaza.

El fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, señaló que, según el Estatuto de Roma, cualquier Estado miembro puede solicitar al organismo una investigación para determinar si una o más personas han cometido delitos.

Encontró motivos razonables para afirmar que «los crímenes contra la humanidad formaban parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido por Hamás y otros grupos armados contra la población civil de Israel».

[42]​ Sin embargo la CPI argumentó que «no estaba en condiciones de determinar si [Deif] había muerto o seguía con vida».

[44]​ El 6 de febrero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores del Tribunal Penal Internacional (TPI), en represalia por la orden de detención contra Netanyahu y Galant, ya que, según afirmó «las recientes acciones del TPI» contra Washington y su socio israelí «sientan un peligroso precedente», ya que «ponen en peligro» al personal estadounidense tanto activo como inactivo y les expone a «hostigamiento, abuso y posibles detenciones».

[46]​ Por su parte el Tribunal Penal Internacional condenó está decisión de Trump al considerar que «daña un trabajo judicial independiente e imparcial» y que es un grave ataque al orden internacional y busca socavar su labor para impartir justicia a favor de las víctimas de «atrocidades» en todo el mundo.

también acordaron «impedir el suministro o la transferencia de armas, municiones y equipos a Israel en todos aquellos casos que exista un riesgo claro de que dicho armamento» pueda llegar a utilizarse «para violaciones del Derecho Humanitario».

El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, afirmó que «la CPI ha perdido su legitimidad».

[53]​ Tras las acusaciones israelíes sobre la neutralidad de la jueza Beti Hohler, la CPI respondió que no había participado previamente en investigaciones relacionadas con Palestina mientras estuvo en la Fiscalía.

Hohler añadió que «no había tenido acceso a ningún documento, prueba o archivo secreto relacionado con el asunto».