El historial de derechos humanos en Venezuela ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional . Las preocupaciones incluyen ataques contra periodistas, persecución política, acoso a defensores de derechos humanos, malas condiciones carcelarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales por escuadrones de la muerte y desapariciones forzadas . [1] [2] [3]
Según el informe de Human Rights Watch de 2017, bajo el liderazgo del presidente Hugo Chávez y ahora presidente Nicolás Maduro , la acumulación de poder en el poder ejecutivo y la erosión de las garantías de los derechos humanos han permitido al gobierno intimidar, perseguir e incluso procesar penalmente a sus críticos. [4] El informe agregó que otras preocupaciones persistentes incluyen las malas condiciones carcelarias, la impunidad por las violaciones de los derechos humanos y el acoso continuo por parte de funcionarios del gobierno a defensores de los derechos humanos y medios de comunicación independientes . [4] El informe continúa diciendo que en 2016, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ( SEBIN ) detuvo a decenas de personas acusadas de planificar, promover o participar en acciones violentas contra el gobierno, incluidas algunas que fueron, de hecho, protestas pacíficas. Muchos dicen que han sido torturados o maltratados de otra manera bajo custodia, o que no pudieron ver a sus familias o abogados durante horas, a veces días, después de un arresto. En varios casos, los fiscales no presentaron ninguna prueba creíble que vinculara a los acusados con los delitos. En algunos casos, las pruebas incluían la posesión de material político, incluidos panfletos que pedían la liberación de presos políticos . [4] Según el informe de Amnistía Internacional de 2016/2017, los defensores de los derechos humanos siguieron siendo objeto de ataques e intimidación por parte de los medios estatales y altos funcionarios del gobierno. [5]
Desde 2014, la crisis persistente en Venezuela ha dado como resultado hiperinflación , depresión económica, escasez de productos básicos y aumentos drásticos del desempleo, la pobreza, las enfermedades, la mortalidad infantil, la desnutrición y la delincuencia. Según Amnistía Internacional, la crisis en Venezuela ha llegado a un "punto de quiebre", con el 75% de los ciudadanos sufriendo pérdida de peso debido a la escasez de alimentos. Según el Fondo Monetario Internacional , la tasa de desempleo ha alcanzado el 34,3%. [6]
En 2006, la Economist Intelligence Unit calificó a Venezuela como un " régimen híbrido " con un índice de 5,42 sobre 10. El país ocupó el puesto 93 de 167 países, y el tercero menos democrático de América Latina después de Cuba y Haití . [7] En el informe de 2012, el índice del país se había deteriorado a 5,15 y su clasificación a 95 de 167. [8] Durante la presidencia de Nicolás Maduro, la democracia del país se ha deteriorado aún más, y el informe de 2017 degradó a Venezuela de un régimen híbrido a un régimen autoritario , la categoría más baja, con un índice de 3,87 (el segundo más bajo de América Latina), lo que refleja "el continuo deslizamiento de Venezuela hacia la dictadura a medida que el gobierno ha dejado de lado a la Asamblea Nacional dominada por la oposición, encarcelado o privado de sus derechos a los principales políticos de la oposición y reprimido violentamente las protestas de la oposición". [9]
La Iniciativa de Medición de los Derechos Humanos [10] también ha otorgado a Venezuela puntuaciones en materia de derechos civiles y políticos. En el caso de los derechos a la seguridad frente al Estado, la HRMI utiliza las respuestas de los expertos en derechos humanos de Venezuela para otorgarle al país puntuaciones en materia de libertad frente a arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, pena de muerte, ejecuciones extrajudiciales y tortura y malos tratos. Venezuela ha recibido una puntuación acumulada de 2,9 sobre 10 en estos derechos. [11] En cuanto a los derechos de empoderamiento, que consisten en la libertad de reunión y asociación, de opinión y expresión y de participación en el gobierno, Venezuela recibe una puntuación acumulada de 2,4 sobre 10. [12]
Poco después de que el presidente Chávez fuera elegido por primera vez, se convocó un referéndum nacional en abril de 1999 en el que el 92% de los votantes favoreció la redacción de una nueva constitución. La constitución fue redactada por una asamblea elegida con la participación de diversos grupos de ciudadanos, y se votó más tarde ese año en otro referéndum nacional y se aprobó con el 71,8% de apoyo entre los votantes. La nueva constitución de Venezuela buscaba garantizar una gama más amplia de derechos humanos, como la atención médica como un derecho humano . [13] También creó una Oficina del Defensor del Pueblo, que incluye la Procuraduría de los Derechos Humanos. De los 350 artículos de la constitución de 1999, 116 están dedicados a deberes, derechos humanos y garantías, incluido un capítulo sobre los derechos de los pueblos indígenas. [14]
Venezuela ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1977. [15] Esto la hace parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos .
La Masacre de El Amparo fue una masacre de 14 pescadores que tuvo lugar cerca de la aldea de El Amparo , en el estado occidental venezolano de Apure , el 29 de octubre de 1988. [16] [17] Una unidad conjunta militar-policial afirmó que los pescadores (que no tenían antecedentes policiales y no eran conocidos ni por la inteligencia militar venezolana ni colombiana) [18] eran un grupo de guerrilleros que los atacaron con armas de fuego y granadas, con un presunto intercambio de disparos de 15 a 20 minutos que ocurrió a una distancia de 20 a 30 m. [19] Un caso llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en 1996, con la CIDH ordenando a Venezuela pagar más de $700,000 en reparaciones a los familiares y víctimas sobrevivientes. [17]
Uno de los seis casos presentados contra Venezuela por la CIDH entre 1977 y 1998 se relaciona con el Caracazo de 1989 , que los sucesivos gobiernos venezolanos no investigaron, a pesar de las solicitudes de grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional , [20] y las instrucciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos . [21] En julio de 2009, el entonces ministro de Defensa, Italo del Valle Alliegro, fue acusado en relación con el Caracazo. [22]
Ante la creciente inestabilidad del sistema político y la crisis económica, Venezuela sufrió dos intentos de golpe de Estado en 1992 , uno de los cuales fue encabezado por el futuro presidente Hugo Chávez . Ambos fracasaron y, en el proceso de resistencia a los intentos de golpe, se informó de que agentes del gobierno habían asesinado a cuarenta personas, tanto civiles como rebeldes rendidos, ya sea como ejecuciones extrajudiciales o mediante el uso de una fuerza desproporcionada. [23]
Las detenciones arbitrarias se contaron por centenares y continuaron durante algún tiempo después de los acontecimientos, e involucraron a líderes estudiantiles y otros líderes cívicos no relacionados con los intentos de golpe. La libertad de expresión fue suspendida durante dos meses en el caso de febrero y tres semanas en el caso de noviembre, y conllevó la censura de los medios de comunicación. Una serie de manifestaciones en marzo y abril para pedir la renuncia del presidente Carlos Andrés Pérez y el restablecimiento de las garantías constitucionales fueron respondidas con violencia estatal, incluyendo disparos indiscriminados de la policía contra la multitud, con un total de 13 muertos. [23]
Varios miembros de la prensa que cubrían las protestas resultaron gravemente heridos por la policía. [23] Aunque los participantes en el intento de golpe de febrero fueron juzgados bajo el sistema de justicia militar regular, en respuesta al intento de golpe de noviembre el gobierno creó tribunales ad hoc basados en el código legal de 1938 de Eleazar López Contreras , elaborado veinte años antes de la transición a la democracia. La Corte Suprema finalmente dictaminó que los tribunales eran inconstitucionales, pero sobre la base de que el Presidente había descuidado la suspensión de los derechos constitucionales pertinentes (derecho a la defensa, derecho a ser juzgado por el juez natural) en lugar de los motivos del debido proceso por los que se los criticaba. [24]
Durante el gobierno de Pérez (1989-1993) la represión violenta de las protestas fue algo común: una de cada tres manifestaciones fue reprimida. Durante el gobierno de Caldera disminuyó y hacia mediados de este gobierno la proporción de manifestaciones reprimidas había descendido a una de cada seis. [25]
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Poco después de la elección de Hugo Chávez, las calificaciones de libertad en Venezuela cayeron según el grupo político y de derechos humanos Freedom House . [27] En 2004, Amnistía Internacional criticó el manejo del golpe de Estado de 2000 por parte de la administración del presidente Chávez, diciendo que los incidentes violentos "no han sido investigados de manera efectiva y han quedado impunes" y que "la impunidad de la que gozan los perpetradores alienta más violaciones de los derechos humanos en un clima político particularmente volátil". [28] Amnistía Internacional también criticó a la Guardia Nacional venezolana y a la Dirección de Inteligencia, Seguridad y Prevención (DISIP) afirmando que "supuestamente utilizaron fuerza excesiva para controlar la situación en varias ocasiones" durante las protestas relacionadas con el referendo revocatorio de 2004 en Venezuela . [28] También se señaló que muchos de los manifestantes detenidos parecían no ser "llevados ante un juez dentro del plazo legal". [28]
En 2005, los profesores de la Universidad Central de Venezuela Margarita López Maya y Luis Lander, afirmaron que había un "mayor reconocimiento del derecho a la protesta, y esto se ha institucionalizado". [25] La represión violenta de las manifestaciones se redujo a 1 de cada 25 en 1998-99, y a 1 de cada 36 en 2002-3. [25] Sin embargo, en 2008, Venezuela fue clasificada como la nación menos democrática de América del Sur en el Índice de Democracia de 2008 de la Economist Intelligence Unit. [29] También en 2008, Freedom House eliminó a Venezuela de su lista de países que tienen una democracia electoral . [30] En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe que afirmaba que el gobierno de Venezuela practicaba "represión e intolerancia". [31]
Según Naciones Unidas, entre los años 2011 y 2014 se recibieron 31.096 denuncias por violaciones a los derechos humanos, de las cuales el 3,1% sólo dio lugar a una acusación formal por parte del Ministerio Público venezolano. [32] [33]
En 2011, la ONG PROVEA criticó el hecho de que el partido de gobierno PSUV seleccionara como candidato al congreso a Róger Cordero Lara, quien estuvo involucrado militarmente en la masacre de Cantaura en 1982. Cordero fue elegido y PROVEA exigió que se le levantara la inmunidad. [34]
En el informe de Freedom House sobre el año 2013, el gobierno del presidente Nicolás Maduro fue criticado por "un aumento en la aplicación selectiva de leyes y regulaciones contra la oposición con el fin de minimizar su papel como control del poder gubernamental", lo que le dio a la calificación de libertad de Venezuela una tendencia a la baja. [35]
Durante las protestas venezolanas de 2014, varias organizaciones de derechos humanos condenaron al gobierno venezolano por su manejo de las protestas, ya que, según se informa, las fuerzas de seguridad habían ido más allá de las prácticas típicas de manejo de protestas, con métodos que iban desde el uso de perdigones de goma y gases lacrimógenos hasta casos de munición real y tortura de manifestantes arrestados, según organizaciones como Amnistía Internacional [36] y Human Rights Watch . [37] Otros problemas durante las protestas incluyeron la censura de los medios y la tolerancia del gobierno a la violencia por parte de grupos militantes progubernamentales conocidos como colectivos . [38] El gobierno de Venezuela también ha sido acusado de arrestos por motivos políticos de opositores, en particular el ex alcalde de Chacao y líder de Voluntad Popular , Leopoldo López , quien se entregó en febrero, respondiendo a cargos controvertidos de asesinato e incitación a la violencia, utilizando su arresto para protestar contra la "criminalización de la disidencia" por parte del gobierno. [39] [40]
En diciembre de 2014, Estados Unidos firmó la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela de 2014 para imponer sanciones específicas a individuos venezolanos responsables de violaciones de los derechos humanos como resultado de las protestas venezolanas de 2014. [41] [42] La ley permite la congelación de activos y la prohibición de visas para aquellos acusados de usar actos de violencia o violar los derechos humanos de quienes se oponen al gobierno venezolano. [43] En marzo de 2015, Estados Unidos congeló activos y revocó visas de varios altos funcionarios relacionados con abusos de los derechos humanos en Venezuela. [44]
Cientos de venezolanos detenidos por las autoridades venezolanas durante las protestas fueron torturados. [45] [46]
En noviembre de 2014, Venezuela compareció ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura por casos ocurridos entre 2002 y 2014. Los expertos de la ONU no estaban satisfechos con la delegación del gobierno venezolano, encabezada por el Viceministro de Derecho y Política de Seguridad Interior, José Vicente Rangel Avalos, y las preguntas formuladas por el Comité de la ONU no fueron respondidas con precisión por él. En el caso de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, que se inició hace cinco años , un delegado venezolano afirmó: "La Fiscalía no recibió denuncias sobre la supuesta violación contada en un libro. Sugerimos al comité, ¿por qué preocuparse?", a lo que un miembro de la comisión de la ONU respondió: "Es muy importante y muy grave, porque trasciende al individuo, afecta el concepto de poder judicial y el estado de derecho si esto hubiera sucedido en otro país". Expertos de varias ONG también criticaron el historial del gobierno venezolano en materia de derechos humanos, y un experto afirmó que "solo 12 funcionarios públicos han sido condenados por violaciones de derechos humanos en la última década, mientras que en el mismo período se han presentado más de 5.000 denuncias". Los expertos también criticaron a la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura de Venezuela por no ser independiente del gobierno, cuestionaron las acciones de los médicos y expertos forenses que examinaron a las víctimas y preguntaron sobre la independencia del sistema judicial de otros órganos del gobierno venezolano. [47] [48] [49]
El 28 de noviembre, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura expresó su "alarma" por las denuncias de abusos cometidos por las autoridades venezolanas durante las protestas de 2014. Según el comité de la ONU, las denuncias de tortura incluían "golpes, quemaduras y descargas eléctricas en un intento de obtener confesiones". El comité también pidió que el gobierno venezolano realizara investigaciones más exhaustivas, ya que de las 185 investigaciones por abusos durante las protestas, solo en 5 se habían presentado cargos. Otras cuestiones presentadas por el comité incluyeron la liberación de Leopoldo López y del ex alcalde Daniel Ceballos de la prisión, a la que el comité de la ONU instó. [50]
El 11 de marzo de 2015, en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el relator de la ONU sobre la tortura y otros tratos degradantes, Juan E. Méndez , afirmó que el gobierno bolivariano no respondió a múltiples solicitudes de información a lo que Méndez dijo: "En este caso Venezuela no respondió, entonces he sacado mis conclusiones en base a la falta de respuesta, pero obviamente en lo que conozco de casos. Y concluí que el gobierno violó los derechos de los presos". [51] También afirmó que el gobierno de Maduro no cumplió "con la obligación de investigar, juzgar y sancionar todos los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes ". [51]
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció el "uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva" contra los manifestantes y afirmó que las fuerzas de seguridad y los grupos pro gubernamentales eran responsables de la muerte de al menos 73 manifestantes. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas describió "un panorama de uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra manifestantes en Venezuela". "Los relatos de testigos sugieren que las fuerzas de seguridad, principalmente la guardia nacional, la policía nacional y las fuerzas policiales locales, han utilizado sistemáticamente una fuerza desproporcionada para infundir miedo, reprimir la disidencia e impedir que los manifestantes se reúnan, concentren y lleguen a las instituciones públicas para presentar peticiones". [52]
En una carta del 9 de mayo de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que “deplora las medidas represivas adoptadas por las autoridades venezolanas en respuesta a la ola de protestas iniciada en marzo en el país” y que “llama al Estado a cesar estas medidas y a cumplir efectivamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. La CIDH expresó especial preocupación por “el aumento de muertes, heridos y detenciones masivas que ha acompañado la militarización de las tareas de gestión de las manifestaciones” y expresó preocupación por la situación de encarcelamiento de Leopoldo López. [53]
La mayoría de las personas asesinadas durante las protestas murieron por heridas de bala, muchas de ellas como resultado de la represión por parte de las autoridades venezolanas y de la asistencia a colectivos pro gubernamentales . [54] Un informe de Human Rights Watch y Foro Penal documentó al menos seis casos en los que las fuerzas de seguridad venezolanas allanaron zonas residenciales y edificios de apartamentos en Caracas y en cuatro estados diferentes, generalmente cerca de barricadas construidas por los residentes; según testimonios, los funcionarios irrumpieron en las casas sin orden judicial, robaron pertenencias personales y alimentos de los residentes, además de golpearlos y arrestarlos. [55]
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos precisó que se utilizaron armas no letales de manera sistemática para causar lesiones innecesarias, explicando que las fuerzas de seguridad habían disparado bombas lacrimógenas directamente contra los manifestantes a cortas distancias. [56] Mónica Kräuter , química y profesora de la Universidad Simón Bolívar que ha estudiado más de mil bombas lacrimógenas desde 2014, ha afirmado que las fuerzas de seguridad han disparado gases lacrimógenos caducados que, según ella, "se descomponen en óxido de cianuro , fosgenos y nitrógenos que son extremadamente peligrosos". [57] Grupos como el Observatorio Venezolano de Salud han denunciado el uso de gases lacrimógenos disparados directamente o en las cercanías de centros de salud y hospitales, así como de casas y edificios residenciales. [58]
En una declaración del 15 de junio, Human Rights Watch afirmó que funcionarios de alto nivel del gobierno, como José Antonio Benavides Torres, jefe de la Guardia Nacional Bolivariana; Vladimir Padrino López , ministro de Defensa y comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas; Néstor Reverol , ministro del Interior; Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana; Gustavo González López , director nacional de inteligencia, y Siria Venero de Guerrero, fiscal general militar, son responsables de las violaciones de derechos humanos y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas durante las protestas. Los funcionarios venezolanos han elogiado a las autoridades por sus acciones y han negado cualquier irregularidad. [59]
Los grupos de derechos humanos han afirmado que las autoridades venezolanas han utilizado la fuerza para obtener confesiones. Amnistía Internacional sostiene que el gobierno tiene una "política premeditada" de cometer actos violentos y letales contra los manifestantes, afirmando que existe "una estrategia planificada por parte del gobierno del presidente Maduro para utilizar la violencia y la fuerza ilegítima contra la población venezolana para neutralizar cualquier crítica". El Wall Street Journal informó que un joven ya había sido torturado en una base del ejército cuando los soldados los amontonaron en dos jeeps y los transportaron a una zona boscosa en las afueras de la capital venezolana . [60] Foro Penal afirmó que "la mayoría de los detenidos son golpeados una vez arrestados, mientras son trasladados a un lugar de detención temporal donde serán llevados ante un juez", dando un ejemplo con "un grupo de 40 personas arrestadas por presunto saqueo, 37 informaron que fueron golpeados antes de que les afeitaran el cabello a la fuerza". En otros casos de abusos, "15 denunciaron que los obligaban a comer pasta con hierbas y excrementos . Los funcionarios del régimen les obligaban a introducir polvo de bombas lacrimógenas en la nariz para abrirles la boca. Luego les metían la pasta con excrementos en la boca y se la hacían tragar". [61] Según la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana , se han registrado muchos otros casos de abusos. [62]
En octubre de 2017, Islandia bloqueó el ingreso de 16 toneladas de gas lacrimógeno procedente de China destinadas a llegar a Venezuela, afirmando que "está claro que se trata de una gran cantidad de gas lacrimógeno, y Venezuela puede ser vista como una zona peligrosa donde no se respetan los derechos humanos fundamentales, entre otras cosas". [63]
El 14 de septiembre de 2017, la abogada venezolana Tamara Sujú testificó sobre 289 casos de tortura durante la primera audiencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para analizar posibles crímenes de lesa humanidad en el país, incluidos incidentes durante las protestas de 2017 y 192 casos de tortura sexual. [64]
En febrero de 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que abriría investigaciones preliminares sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas. [65]
El 29 de mayo de 2018, una Junta de Expertos Independientes designada por la Organización de los Estados Americanos publicó un informe de 400 páginas en el que concluía que existían motivos para pensar que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, [66] incluidos "decenas de asesinatos, miles de ejecuciones extrajudiciales , más de 12.000 casos de detenciones arbitrarias , más de 290 casos de tortura, ataques contra el poder judicial y una 'crisis humanitaria sancionada por el Estado' que afecta a cientos de miles de personas". [67]
El 27 de septiembre de 2018, seis Estados partes del Estatuto de Roma : Argentina , Canadá , Colombia , Chile , Paraguay y Perú , remitieron a la CPI la situación en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, solicitando a la Fiscal Fatou Bensouda que iniciara una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio. El 28 de septiembre, la Presidencia asignó la situación a la Sala de Cuestiones Preliminares I. [68]
El 4 de julio de 2019, la ONU informó que el gobierno venezolano utilizó escuadrones de la muerte para matar a 5.287 personas en 2018 y a otras 1.569 hasta mediados de mayo de 2019. Las fuerzas de seguridad atacantes llegaban a una casa, separaban a los jóvenes del resto de la familia y luego disparaban contra las paredes o colocaban drogas. Luego decían que las víctimas habían sido asesinadas durante un enfrentamiento. [69] Según Human Rights Watch, casi 18.000 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad en Venezuela desde 2016 por "resistencia a la autoridad" y muchos de estos asesinatos pueden constituir ejecuciones extrajudiciales . [70]
Los investigadores de las Naciones Unidas informaron el 16 de septiembre de 2020 que Nicolás Maduro y otros oficiales de alto rango ordenaron el asesinato sistemático y la tortura de críticos, violando los derechos humanos. [71]
Desde noviembre de 2020, agentes estatales venezolanos han ingresado por la fuerza a las oficinas de organizaciones de la sociedad civil y han lanzado amenazas públicas contra defensores que trabajan con organizaciones de derechos humanos. Cinco miembros de la ONG venezolana Azul Positivo también fueron detenidos sin orden judicial. [72
Una investigación de Human Rights Watch reveló que el poder judicial de Venezuela no investigó adecuadamente los abusos generalizados a pesar de evidencia contundente que demuestra que todavía se están cometiendo crímenes de lesa humanidad como encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual, y persecución contra cualquier grupo identificable o por parte de autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y partidarios del gobierno. [73]
El 3 de marzo, tras una reunión del Grupo de Lima celebrada el 25 de febrero en Colombia, el presidente chileno Sebastián Piñera criticó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet , por no haber condenado a Maduro, y la instó a "cumplir el papel de alta comisionada para defender los derechos humanos en un país en el que están siendo brutalmente atropellados". [74] El 8 de marzo, su oficina anunció que enviaría una delegación de cinco personas a Venezuela del 11 al 22 de marzo antes de una posible visita de Bachelet. [75] El 15 de marzo, el Colegio de Médicos del estado Lara denunció que se estaba llevando a cabo un gran operativo por parte de funcionarios del gobierno para limpiar, reparar y proporcionar suministros médicos en Barquisimeto y que se trataba de una "farsa que se ha montado para darle un lavado de cara exprés al hospital, sabiendo que aquí la gente muere por falta de suministros". [76] Durante una visita al estado Carabobo , uno de los miembros de la delegación declaró que no eran “tontos”, que la delegación notó que las paredes del hospital estaban recién pintadas y que el edificio olía a pintura. [77] El 17 de marzo, la delegación de la ONU pudo visitar libremente y sin escoltas el hospital Pastor Oropeza en el estado Lara, conociendo sus precarias condiciones. [78]
Bachelet presentó un informe oral preliminar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 20 de marzo, en el que expresó su extrema preocupación por la gravedad de la situación de los derechos humanos, que también era un factor de desestabilización de la región. [79] [80] Prodavinci resumió los puntos clave de su discurso. Dijo que el reconocimiento y la respuesta a la crisis por parte de las autoridades habían sido insuficientes y que las condiciones se habían deteriorado desde su última visita, en particular entre las poblaciones vulnerables. Reconociendo que la devastación comenzó antes de que se aplicaran las sanciones económicas de 2017, expresó su preocupación de que las sanciones empeoraran la situación. Destacó las denuncias y la naturaleza de los presuntos asesinatos cometidos por fuerzas especiales de policía (FAES). Se mostró preocupada por la escalada de restricciones a la libertad de expresión y de prensa. Mencionó el impacto significativo en la atención de la salud y el sistema médico: la propagación de enfermedades infecciosas y la mortalidad materna e infantil. Informó de que un millón de niños faltan a la escuela como consecuencia de las condiciones del país. Mencionó los apagones de 2019 en Venezuela como un ejemplo del colapso de la infraestructura del país, que ha provocado escasez de alimentos, agua y medicamentos. Dijo que las fuerzas de seguridad y los grupos armados pro gubernamentales habían hecho un uso excesivo de la fuerza para sofocar las protestas, incluidos asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y amenazas. Indicó que la búsqueda de alimentos, atención médica y empleo había provocado una emigración masiva de Venezuela. [79] Instó a las autoridades a mejorar urgentemente las condiciones de los derechos humanos y a "demostrar su compromiso real de abordar las numerosas cuestiones difíciles". [81]
Antes de una sesión de tres semanas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la jefa del ACNUDH, Michelle Bachelet, visita Venezuela del 19 al 21 de junio. [82] La Comisionada de Derechos Humanos se reunió por separado con Maduro y Guaidó durante su visita, así como con el fiscal venezolano Tarek William Saab, algunos activistas de derechos humanos y familias de víctimas que sufrieron tortura y represión estatal. [82] [83] Se llevaron a cabo protestas frente a la oficina de la ONU en Caracas durante el último día de la visita, denunciando abusos de derechos cometidos por la administración de Maduro. [83] Gilber Caro , quien fue liberado dos días antes de la visita, se unió a la multitud. [84] Bachelet anunció la creación de una delegación mantenida por dos funcionarios de la ONU que permanecerá en Venezuela para monitorear la situación humanitaria. [83] Bachelet expresó su preocupación de que las recientes sanciones a las exportaciones de petróleo y el comercio de oro podrían empeorar la crisis ya existente que experimentan los venezolanos. [83] También pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela. [82] Bachelet ha seguido bajo presión de grupos de derechos humanos para que trabaje por la liberación de 700 presos políticos encarcelados en Venezuela, una acusación a la que Maduro se opone. [85]
El informe final publicado abordó las ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas en los últimos años. [86] Bachelet expresó su preocupación por el número "escandalosamente alto" de ejecuciones extrajudiciales e instó a la disolución de las FAES. [87] Según el informe, las autoridades venezolanas registraron 1569 casos de ejecuciones como consecuencia de la "resistencia a la autoridad" entre el 1 de enero y el 19 de marzo. [87] Otras 52 muertes ocurridas durante las protestas de 2019 han sido atribuidas a los colectivos. [88] El informe también detalla cómo el gobierno venezolano ha "tenido como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a los opositores políticos y a las personas críticas con el gobierno" desde 2016. [87]
Durante un discurso en septiembre de 2019 para presentar el informe actualizado en una reunión de la ONU, Bachelet anunció sus preocupaciones por las posibles ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la policía venezolana después de su visita en junio. [89] Según ella, una organización no gubernamental, Victims' Monitor ( en español : Monitor de víctimas ), informó 57 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las FAES en Caracas a principios de julio. [89] Bachelet había pedido anteriormente la disolución de las FAES, pero expresó que "por el contrario, las FAES han recibido apoyo del más alto nivel del Gobierno". [89] Otra preocupación en su discurso fue una propuesta de ley para criminalizar a las organizaciones de derechos humanos que reciben dinero del extranjero, una medida que según Associated Press , "podría erosionar aún más la democracia en Venezuela". [90]
Durante la redada en la bahía de Macuto en mayo de 2020, ocho personas murieron y 23 fueron detenidas en relación con el intento de incursión en Venezuela, incluidos dos ciudadanos estadounidenses. PROVEA , una organización de derechos humanos, tuiteó a favor de la protección de los derechos humanos de los detenidos y agregó que “solo apoyan y promueven medios constitucionales, pacíficos y civiles para restaurar la democracia del país”. Nicolás Maduro acusó a PROVEA de recibir dinero de la Agencia Central de Inteligencia de los EE. UU. y de defender los derechos de los presuntos “terroristas” y “mercenarios” que, según él, eran “parte de las fuerzas de seguridad de Donald Trump”. Human Rights Watch denunció al gobierno de Maduro por llevar a cabo una “campaña de desprestigio” contra PROVEA, “ampliando su represión contra críticos, opositores y periodistas”. [91]
Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, en forma artística o por cualquier otro procedimiento de su elección". [92] Mencionado específicamente en los artículos 18 y 19, la libertad de expresión y de pensamiento son derechos garantizados por los Estados soberanos. [93] Según la Colección de Tratados de las Naciones Unidas, Venezuela firmó el PIDCP el 24 de junio de 1969 y aceptó la competencia del derecho de los derechos humanos mencionado en el pacto. [94] Aunque no es jurídicamente vinculante, la firma del PIDCP representa y significa la adhesión a las normas de derechos humanos que se esperan de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. En 2015, el PIDCP concluyó que Venezuela no ha podido cumplir los acuerdos alcanzados al firmar el documento y recomendó que el país adopte medidas para aumentar la conciencia sobre el pacto. [95]
La libertad de prensa se menciona en dos cláusulas clave de la Constitución de Venezuela de 1999. El derecho a la libertad de expresión está establecido en los artículos 57 y 58 de la Constitución. El derecho a expresar opiniones libremente sin censura (artículo 57) y el derecho a responder (artículo 58) están en general en línea con los estándares internacionales. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el artículo 58 de la Constitución , que establece que "Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz, imparcial y sin censura". La Comisión cuestionó el derecho a la información "veraz y oportuna" argumentando que se trata de "una especie de censura previa prohibida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ". [96]
Preocupaciones sobre la libertad de prensa en Venezuela han sido planteadas por Human Rights Watch , [97] [98] Amnistía Internacional , [99] la Sociedad Interamericana de Prensa , [100] el Instituto Internacional de Prensa , [101] el Departamento de Estado de los Estados Unidos , [102] Reporteros sin Fronteras , [103] [104] representantes de la Iglesia Católica , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros. [105] [106] [107] [108] [109] Desde 2003, Freedom House ha clasificado a Venezuela como "no libre" en materia de libertad de prensa, [110] y se mantiene en esa clasificación a partir de 2014. [111]
El 27 de mayo de 2007, el presidente Hugo Chávez decidió cerrar el canal al negarse a renovar su concesión de transmisión , acusando al canal de estar involucrado en el golpe de Estado de 2002 en Venezuela , que derrocó brevemente a su gobierno. [112] [113] En marzo de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó dos casos presentados contra Venezuela por las estaciones de televisión privadas venezolanas Globovisión y RCTV. Concluyó que el gobierno venezolano no había hecho lo suficiente para prevenir y castigar los actos de intimidación contra periodistas por parte de terceros, como lo exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos . [114] El 7 de septiembre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que la negativa a renovar la concesión era una "restricción indirecta al ejercicio de la libertad de expresión [...] dirigida a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones", que el gobierno violó el derecho al debido proceso y que debe restaurar la concesión a RCTV. El gobierno venezolano ha ignorado el fallo. [115]
En marzo de 2019, el periodista independiente venezolano Luis Carlos Díaz fue detenido arbitrariamente bajo la acusación de causar el apagón masivo en el país . Díaz le dijo a su esposa que durante el registro, los agentes de inteligencia lo golpearon con su casco, le quitaron su teléfono, computadora y dinero en efectivo y lo amenazaron con plantar un cadáver en su casa y acusarlo de homicidio si hablaba sobre el arresto con alguien. [116] Díaz fue recluido en la infame prisión El Helicoide en Caracas . [117]
El sistema judicial venezolano ha tenido problemas durante todo su período democrático (desde 1958). [118] Además de la débil supervisión legislativa, el ejército venezolano ejerce más autoridad sobre el proceso judicial que en la mayoría de los demás países. Los delitos contra "la independencia y la seguridad de la nación, contra la libertad y contra el orden público" pueden ser remitidos a los jueces militares, y las fuerzas armadas controlan la mayor parte de la aplicación de la ley en las zonas fronterizas, las acciones del personal militar o de civiles en las zonas controladas por los militares y los delitos contemplados tanto en la legislación militar como en la civil. [119] La legislación venezolana otorga a la policía más autoridad que en la mayoría de los países, y esta tiene un papel central en la iniciación y el funcionamiento de los procedimientos judiciales; "la policía ha asumido gradualmente muchas de las funciones tanto del [Ministerio de Justicia] como de los jueces de instrucción". [120] "Este poder ha permitido que los abusos se propaguen a lo largo del proceso judicial", incluido el uso habitual de falsos testigos, hechos inventados y pruebas destruidas, y acusaciones falsas, así como el desafío a las órdenes judiciales, la protección de funcionarios acusados y el acoso a activistas políticos. [120] Esto también ha significado que el sistema de justicia ha sido durante mucho tiempo particularmente deficiente en la investigación de presuntos abusos por parte de agentes estatales. [121]
Un informe de Human Rights Watch de 1993 declaró que "la administración de justicia está en crisis. Los tribunales [civiles] están socavados por la politización, la corrupción, la ineficiencia y la falta de recursos". [122] Parte del problema fue identificado como el "papel central" del juez en los juicios penales en la gestión de las investigaciones, incluida la dirección de la Policía Técnica Judicial . Los casos complejos pueden abrumar incluso a los jueces concienzudos, y el sistema proporciona fácilmente "una cobertura plausible para la inacción judicial". [123] El informe señaló que "la percepción está generalizada -entre abogados, jueces y fiscales, así como entre los ciudadanos comunes- de que la corrupción ha contaminado todos los niveles del sistema judicial..." [123] Antes de 1991, se decía que el nombramiento de jueces (a través del Consejo Judicial) era "francamente partidista"; posteriormente, la competencia abierta y los criterios objetivos mitigaron la influencia de la política hasta cierto punto. [124]
Un problema importante a largo plazo ha sido el fracaso de la justicia, que se debe a los retrasos estructurales en el sistema judicial: [124] en 1990, el tribunal promedio recibió 675 casos nuevos y dictó sentencia sobre 120. En Caracas, el tribunal promedio tardó 286 días en completar la fase de investigación de los juicios, frente al máximo legal de 34; y 794 días en llegar a la fase de sentencia, frente al máximo legal de 68. Como resultado de la acumulación de trabajo judicial, muchos prisioneros que finalmente son condenados habrán pasado más tiempo en detención al momento de la sentencia que la pena máxima permitida para sus delitos. La acumulación de trabajo también contribuye significativamente al hacinamiento de las cárceles de Venezuela. [ cita cronológica requerida ] [124]
Venezuela es un país donde los presos políticos han aumentado significativamente. [125] La ONG Foro Penal dice que había más de 900 presos políticos en Venezuela a marzo de 2019, [125] y grupos de derechos humanos han dicho que 2.000 opositores de Chávez han estado bajo investigación. [126] La oposición política de Venezuela se queja de que el sistema de justicia está controlado por el gobierno y se utiliza como un instrumento político contra los opositores de Chávez. [127] La oposición cita cargos de corrupción presentados contra una variedad de figuras de la oposición, incluido el líder opositor Manuel Rosales , el exministro de Defensa Raúl Baduel y los exgobernadores Eduardo Manuitt y Didalco Bolívar . [128]
La oposición también afirma que el gobierno de Hugo Chávez ha tomado como blanco a los estudiantes universitarios. Algunos han sido encarcelados bajo cargos de "desestabilizar al gobierno" o "incitar a la guerra civil". Los estudiantes han iniciado huelgas de hambre por el supuesto trato que el gobierno da a los presos políticos. [129] Según Foro Penal , al 4 de junio de 2018 había 973 presos políticos en todo el país. [130] [131]
La tortura de presos políticos ha incluido la captura, maltrato y en algunos casos asesinato de sus mascotas. [132] [133]
En 2007, Eligio Cedeño , entonces presidente del Grupo Financiero Bolívar-Banpro, fue arrestado en una ofensiva de funcionarios venezolanos contra individuos que eludían las reglas monetarias del gobierno para obtener dólares estadounidenses . El 8 de febrero de 2007, Cedeño fue acusado por el Fiscal General de Venezuela de ayudar a Consorcio MicroStar con transacciones ilegales en dólares. [134] [135] [136] [137] Durante el año siguiente, los fiscales no se presentaron repetidamente a las citas judiciales, lo que llevó a acusaciones de que el caso se estaba demorando innecesariamente debido a la falta de pruebas. [138] En parte como resultado, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria declaró arbitraria la detención de Cedeño en septiembre de 2009. [139]
Cedeño estuvo detenido en prisión preventiva durante 34 meses y fue puesto en libertad condicional el 10 de diciembre de 2009. El día 19, Cedeño había huido a los Estados Unidos, donde fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país hasta el 23 de diciembre de 2009, cuando fue puesto en libertad condicional en espera de una audiencia de inmigración. [140]
Cedeño afirma que se convirtió en un objetivo del gobierno de Chávez como consecuencia de su apoyo a sus oponentes políticos. [141] [142]
La jueza María Lourdes Afiuni fue detenida tras ordenar la libertad de Eligio Cedeño por cargos de corrupción.
En diciembre de 2009, tres expertos independientes en derechos humanos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria pidieron su liberación inmediata e incondicional. [143] [144] La jueza María Lourdes Afiuni fue detenida 15 minutos después de conceder la libertad condicional al mencionado Eligio Cedeño. Afiuni estuvo detenida durante 14 meses en una prisión de máxima seguridad con personas a las que había condenado anteriormente antes de que se le concediera el arresto domiciliario en 2011 debido a su salud tras la falta de tratamiento médico y una operación de emergencia debido a abuso físico. En 2013, Afiuni obtuvo la libertad condicional. [145] El caso de Afiuni es un símbolo de la "falta de independencia judicial en el país". [ cita requerida ]
Richard Blanco, funcionario del gobierno local de Caracas, fue detenido en Caracas en agosto de 2009, acusado de incitar a la violencia y herir a un agente de policía durante una manifestación. Amnistía Internacional afirmó que "su detención parece tener motivaciones políticas" y que las pruebas en vídeo presentadas para respaldar los cargos no mostraban ninguna prueba de violencia o incitación por parte de Blanco. Amnistía pidió su liberación. [146] [147] Fue puesto en libertad bajo fianza en abril de 2010. [148]
Los grupos de derechos humanos consideran a López como "el preso político más destacado de América Latina". [149] El 18 de febrero, Leopoldo López se entregó a la Guardia Nacional de Venezuela después de liderar las protestas en el país. [150] López se entregó entre miles de seguidores que lo vitoreaban y que, como él, vestían de blanco como símbolo de la no violencia. Pronunció un breve discurso en el que dijo que esperaba que su arresto despertara a Venezuela ante la corrupción y el desastre económico causados por el régimen socialista. La única alternativa a aceptar el arresto, dijo mientras estaba de pie sobre una estatua de José Martí, era "salir del país, ¡y nunca me iré de Venezuela!". [151] Horas después del arresto, el presidente Maduro se dirigió a una multitud de seguidores que lo vitoreaban vestidos de rojo y dijo que no toleraría una "guerra psicológica" por parte de sus oponentes y que López debía rendir cuentas por sus "actos de traición". [152]
A López se le negó la libertad bajo fianza y se encuentra detenido en la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas. [153] [154] En un comunicado de prensa de julio de 2014, la esposa de López afirmó que se le habían revocado sus derechos de visita y que ahora estaba sujeto a torturas psicológicas , incluido el aislamiento. [155] El abogado chileno y secretario de una misión de la Internacional Socialista , José Antonio Viera-Gallo, afirmó que en el caso de López, la Internacional Socialista "confirmó violaciones de los derechos humanos contra un líder político" y dio ejemplos de autoridades que hicieron sonar sirenas fuertes para impedir la comunicación cuando López y otros intentaron comunicarse con sus familias. [156]
El 23 de septiembre de 2014, en la reunión de la Iniciativa Global Clinton de 2014, el presidente Barack Obama pidió la liberación de López diciendo: "Nos solidarizamos con quienes están detenidos en este mismo momento". [157] El 8 de octubre de 2014, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria dictaminó que López fue detenido arbitrariamente y que el gobierno venezolano "violó varios de sus derechos civiles, políticos y constitucionales" al tiempo que exigía su liberación inmediata. [158] Semanas después, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos , Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió la liberación inmediata de López. [159] El gobierno venezolano condenó las declaraciones de los Estados Unidos y las Naciones Unidas, exigiéndoles que no interfirieran en los asuntos venezolanos. [160]
Cuando en septiembre de 2015 López fue sentenciado a 13 años y nueve meses de prisión, Erika Guevara Rosas , directora para las Américas de Amnistía Internacional, denunció que “los cargos contra Leopoldo López nunca fueron fundamentados adecuadamente y la sentencia de prisión en su contra tiene una motivación claramente política. Su único ‘delito’ fue ser líder de un partido de oposición en Venezuela… Con esta decisión, Venezuela está optando por ignorar principios básicos de derechos humanos y dando luz verde a más abusos”. [161]
El 19 de febrero de 2015, Antonio Ledezma fue detenido sin orden judicial por el Servicio Bolivariano de Inteligencia en su oficina de la Torre EXA en Caracas . En el operativo, las fuerzas de seguridad realizaron disparos de advertencia al aire para dispersar a una multitud que se estaba formando. Luego fue trasladado a la sede del SEBIN en la Plaza Venezuela. Su abogado declaró que se desconocían los cargos por su detención. [162] [163] [164] [165] [166] El New York Times afirmó que Ledezma fue arrestado por el Gobierno venezolano tras las acusaciones realizadas por el presidente Nicolás Maduro sobre un "complot estadounidense para derrocar al gobierno" que presentó una semana antes del arresto de Ledezma. [167] Ledezma se burló de las acusaciones afirmando que el gobierno venezolano se estaba desestabilizando a través de la corrupción. [168] Estados Unidos negó las acusaciones del presidente Maduro y afirmó que "los problemas de Venezuela no se pueden resolver criminalizando la disidencia". [167]
Los grupos de derechos humanos condenaron rápidamente el arresto de Ledezma y The New York Times señaló la similitud del caso con el arresto de Leopoldo López . [167] Amnistía Internacional condenó el arresto de Ledezma y lo calificó de motivado políticamente , señalando los casos similares de arrestos realizados por el gobierno venezolano en lo que Amnistía Internacional describió como "silenciar las voces disidentes". [169] Human Rights Watch exigió su liberación con el director de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmando que sin pruebas, Ledezma "enfrenta otro caso de detención arbitraria de opositores en un país donde no hay independencia judicial". [167] [170]
El 7 de agosto de 2018, el diputado de la Asamblea Nacional Juan Requesens fue sacado de su apartamento en Caracas por el SEBIN junto con su hermana, quien fue liberada, supuestamente en relación con el ataque con drones en Caracas ocurrido unos días antes, aunque muchas fuentes se refieren a su arresto y detención inconstitucionales como "políticos" y "arbitrarios", y afirman que el gobierno utilizó el ataque con drones como excusa para penalizar a la oposición. Fue detenido contrariamente a su inmunidad política y sin pruebas ni juicio. [ cita requerida ]
En la madrugada del 21 de marzo de 2019, funcionarios del SEBIN irrumpieron primero en la casa de Roberto Marrero , jefe de gabinete de Juan Guaidó , [171] vecino, el diputado a la Asamblea Nacional Sergio Vergara . [172] Vergara informó que los agentes tenían el rostro cubierto; lo retuvieron durante varias horas aunque les informó que tenía inmunidad parlamentaria. [173] Vergara dijo que escuchó a los funcionarios irrumpir en el apartamento de Marrero al lado. Después de unas tres horas entre ambos apartamentos, [172] los funcionarios se llevaron a Marrero y al chofer de Vergara, Luis Alberto Páez Salazar. [174] Vergara dice que mientras se lo llevaban, Marrero le gritó que los funcionarios habían colocado una granada y dos fusiles. [172] [175] El abogado de Marrero lo calificó como una "operación puramente política". [125]
Venezuela es signataria (diciembre de 2000) del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños . [14] [176] A partir de 2016, el Departamento de Estado de los EE. UU. consideró a Venezuela un país de nivel 3 en la clasificación de ubicación de nivel de trata de personas, lo que significa que es un país cuyo gobierno "no cumple plenamente los estándares mínimos" para detener la trata de personas "y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo". [177] Venezuela es considerada una fuente y destino tanto de trata sexual como de trabajo forzado. El gobierno no cumple con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas. [178] [179]
La agricultura venezolana actual se caracteriza por la ineficiencia y la baja inversión, ya que el 70 por ciento de las tierras agrícolas son propiedad del 3 por ciento de los propietarios agrícolas (uno de los niveles más altos de concentración de tierras en América Latina). Según la Ley de Reforma Agraria y Agraria de 2001 (véase Misión Zamora ), las tierras públicas y privadas consideradas ilegales o improductivas deben ser redistribuidas. [14] Entre 1999 y 2006, 130 trabajadores sin tierra fueron asesinados por sicarios pagados por opositores a la reforma. [180]
En 1996, Human Rights Watch concluyó que "las cárceles venezolanas son catastróficas, unas de las peores del hemisferio americano, violando las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de derechos humanos". [181] Los problemas claves incluían la violencia (en 1994 hubo casi 500 muertes, incluidas alrededor de 100 en un solo motín [182] ), la corrupción y el hacinamiento, que en el informe de 1996 del Departamento de Estado de los EE.UU. se describía como "un hacinamiento tan severo que constituye un trato inhumano y degradante". [181]
"El sistema penitenciario de Venezuela, considerado uno de los más violentos de América Latina, cuenta con 29 cárceles y 16 penitenciarías que albergan a unos 20.000 reclusos".[2] Archivado el 2 de marzo de 2012 en Wayback Machine.
El 20 de agosto de 2012, prisioneros armados en el complejo penitenciario Yare I, una prisión venezolana superpoblada, se amotinaron durante el fin de semana, lo que resultó en la muerte de 25 personas. 29 reclusos y 14 visitantes resultaron heridos en el motín, y un visitante murió. [183]
En 1992/3 hubo 187 ejecuciones extrajudiciales . [184]
En 2009, el Fiscal General anunció la creación de un equipo de investigación para examinar 6.000 informes de ejecuciones extrajudiciales entre 2000 y 2007. [185]
Amnistía Internacional estimó que entre 2015 y 2017 hubo más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. [186]
Un informe elaborado por Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights documenta que los 200 casos de desapariciones forzadas en 2018 aumentaron a 524 en 2019, atribuidos al aumento de las protestas. El análisis concluyó que la desaparición promedio duró poco más de cinco días, lo que sugiere que el gobierno trató de evitar el escrutinio que podría acompañar a las detenciones a gran escala y de largo plazo. [187] [188]
El 16 de septiembre de 2021, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela publicó su segundo informe sobre la situación del país, en el que se concluye que la independencia del sistema de justicia venezolano bajo el gobierno de Nicolás Maduro se ha visto profundamente erosionada, hasta el punto de desempeñar un papel importante en la represión estatal y la perpetuación de la impunidad estatal por violaciones de derechos humanos. El documento identifica frecuentes violaciones del debido proceso , incluido el uso de la prisión preventiva como una medida rutinaria (en lugar de una medida excepcional) y jueces que sostienen detenciones o cargos basados en pruebas manipuladas o fabricadas, pruebas obtenidas por medios ilegales y pruebas obtenidas mediante coerción o tortura; en algunos de los casos revisados, los jueces tampoco protegieron a las víctimas de tortura, devolviéndolas a los centros de detención donde se denunciaba la tortura, "a pesar de haber escuchado a las víctimas, a veces con lesiones visibles compatibles con la tortura, presentar la denuncia ante el tribunal". El informe también concluyó que los fiscales y miembros de la judicatura en todos los niveles presenciaron o experimentaron interferencia externa en la toma de decisiones, y que varios informaron haber recibido instrucciones de la jerarquía judicial o de la fiscalía o de funcionarios políticos sobre cómo decidir los casos. [189] [190] [191]
Los pueblos indígenas de Venezuela representan alrededor del 1,5% de la población a nivel nacional, aunque la proporción es de casi el 50% en el estado de Amazonas . [192] Antes de la creación de la constitución de 1999, los derechos legales de los pueblos indígenas estaban cada vez más rezagados con respecto a otros países latinoamericanos, que consagraban progresivamente un conjunto común de derechos colectivos indígenas en sus constituciones nacionales. [193] A principios del siglo XIX, el gobierno venezolano hizo poco por los pueblos indígenas; más aún, fueron empujados desde el centro agrícola hacia la periferia. En 1913, durante el auge del caucho y la dictadura de Juan Vicente Gómez , el coronel Tomás Funes tomó el control de San Fernando de Atabapo en Amazonas , donde fueron asesinados 100 colonos. En los siguientes nueve años, Funes destruyó docenas de aldeas Ye'kuana y mató a varios miles de Ye'kuana. [193] En 1961 se promulgó una nueva constitución, pero en lugar de mejorar los derechos de los pueblos indígenas, esta constitución fue un paso atrás con respecto a la constitución anterior de 1947. [193] [ aclaración necesaria ]
En 1999 se redactó una nueva constitución, la Constitución venezolana de 1999. En esta constitución, Chávez se propuso mejorar los derechos humanos, principalmente los de las mujeres y los pueblos indígenas. La constitución establecía que tres escaños debían reservarse para delegados indígenas en la asamblea constituyente de 131 miembros [194] y dos delegados indígenas adicionales obtuvieron escaños sin reserva en las elecciones a la asamblea. [195] En última instancia, el proceso constitucional produjo lo que se denominó "el régimen de derechos indígenas más progresista de la región". [196] Las innovaciones incluyeron la garantía de representación política en todos los niveles de gobierno del artículo 125 y la prohibición del artículo 124 del "registro de patentes relacionadas con recursos genéticos indígenas o propiedad intelectual asociada con el conocimiento indígena". [196] La nueva constitución siguió el ejemplo de Colombia al reservar escaños parlamentarios para delegados indígenas (tres en la Asamblea Nacional de Venezuela ); y fue la primera constitución latinoamericana en reservar escaños indígenas en asambleas estatales y consejos municipales en distritos con poblaciones indígenas. [197]
Durante la presidencia de Nicolás Maduro (sucesor de Chávez) y tras la creación del Arco Minero del Orinoco , el desarrollo de una zona rica en recursos minerales, varias instituciones venezolanas, entre ellas la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Sociedad Venezolana de Ecología y la Asamblea Nacional, manifestaron públicamente su preocupación por el incumplimiento de los estudios de impacto ambiental y sociocultural y la violación de los derechos a la consulta previa a las comunidades indígenas. [198] [199] [200] [201] [202]
Desde principios de 2018, el pueblo pemón , una comunidad indígena que habita en la meseta de la Gran Sabana , en el sur de Venezuela, comenzó a entrar en conflicto cada vez más con el gobierno de Maduro. El 8 de diciembre, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) mataron a una persona e hirieron a dos pemones de la comunidad arekuna luego de llegar al sector de Campo Carrao, en el Parque Nacional Canaima . [203]
El 22 de febrero de 2019, al inicio del envío de ayuda humanitaria a Venezuela de ese año , miembros de las fuerzas armadas leales a Maduro dispararon contra los habitantes de Kumarakapay con munición real, matando a dos e hiriendo a quince. [204] Según ellos, ochenta de sus vecinos tuvieron que huir a Brasil para escapar de la persecución, un 5% de los habitantes en una población de 1 500. [205] Al final del conflicto, más personas fueron asesinadas, con estimaciones variables. El exgobernador Andrés Velásquez declaró que catorce personas fueron asesinadas, [206] y el asambleísta nacional Romel Guzamana , un cacique de la comunidad pemón en Gran Sabana, afirmó que al menos 25 pemones fueron asesinados por tropas venezolanas. [207] La Asamblea Nacional agregó que 80 pemones habían desaparecido desde la masacre, además del número de muertos reclamado por Guzamana. [208] Desde entonces, los eventos se han llamado la "masacre de Kumarakapay". [207]
Salvador Franco , pemón detenido en diciembre de 2019 acusado de haber participado en un asalto a un cuartel en el estado Bolívar , falleció el 3 de enero de 2021 por falta de atención médica. El coordinador nacional indígena de la ONG Foro Penal declaró que Franco tenía COVID-19 y que desde hacía meses padecía enfermedades gastrointestinales relacionadas con la insalubridad de su centro penitenciario, informando que perdió mucho peso en sus últimos meses de vida. [209] [210] Había una orden judicial para su traslado a un centro de salud desde el 21 de noviembre de 2020, pero finalmente fue ignorada. [209] [210]
En septiembre de 2008, el gobierno venezolano expulsó del país al Director para las Américas de Human Rights Watch , José Miguel Vivanco [211] [212] titulado "Una década bajo Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el avance de los derechos humanos en Venezuela", [213] que analizaba violaciones sistemáticas a los derechos humanos, civiles y políticos.
El 17 de septiembre de 2020, las Naciones Unidas descubrieron que las autoridades venezolanas y grupos armados partidarios del gobierno cometieron violaciones de derechos humanos que constituyeron crímenes de lesa humanidad. [214]
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Venezuela ha negado el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2002, afirmando que apoyó el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez . [215]
Un informe de la OEA de 2010 también señaló preocupaciones "candentes" con la libertad de expresión, los abusos de los derechos humanos, el autoritarismo, la libertad de prensa, el control del poder judicial, las amenazas a la democracia, [216] la intimidación política y "la existencia de un patrón de impunidad en casos de violencia, que afecta particularmente a los trabajadores de los medios de comunicación, los defensores de los derechos humanos, los sindicalistas, los participantes en manifestaciones públicas, las personas detenidas, los campesinos (agricultores de pequeña escala y de subsistencia), los pueblos indígenas y las mujeres", [217] así como la erosión de la separación de poderes y "graves dolores de cabeza económicos, de infraestructura y sociales", y "problemas crónicos que incluyen apagones, aumento de la delincuencia y una percepción de falta de inversión en sectores cruciales". [218] [219] [220] [221] El informe analiza la disminución de los derechos de oposición al gobierno y "entra en gran detalle" sobre el control del poder judicial. En el informe se afirma que las elecciones son libres, pero que el Estado tiene un control cada vez mayor sobre los medios de comunicación y los recursos estatales utilizados durante las campañas electorales y que a los funcionarios electos de la oposición "se les ha impedido ejercer sus funciones posteriormente". [222] Sin embargo, el informe también reconoce "logros en lo que respecta a la erradicación del analfabetismo, la creación de una red de atención primaria de salud, la distribución de tierras y la reducción de la pobreza". [219]
Chávez rechazó el informe de la OEA de 2010, prometió retirarse de la CIDH y calificó el informe de “pura basura”. [223] Negó tener cualquier poder para influir en el poder judicial. [224] La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, argumentó que el informe distorsionaba y sacaba de contexto las estadísticas, diciendo que “las violaciones de los derechos humanos en Venezuela han disminuido”. [225]
En octubre de 2014, la CIDH solicitó autorización para evaluar la situación de los derechos humanos en Venezuela, pero le fue denegada. [215]
Durante la crisis presidencial venezolana , Juan Guaidó solicitó a la CIDH visitar el país, solicitud que le fue concedida. [ verificación fallida ] La administración de Maduro negó el acceso a la CIDH en enero de 2020. Se esperaba que la CIDH visitara el país en febrero de 2020. [226] La delegación fue detenida en el aeropuerto cuando intentaba tomar un avión para visitar Venezuela. [227] La delegación decidió en cambio viajar a Cúcuta , Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. [227]
El Parlamento Europeo aprobó en febrero de 2010 una resolución [228] en la que expresaba su “preocupación por el movimiento hacia el autoritarismo” de Chávez. [229]
“Superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos”.
“Las puertas del palacio de Miraflores están abiertas... para que podamos conversar sobre las diferencias que tenemos, el conflicto que se presentó y superarlo”,
—Maduro dijo el 23 de abril de 2024 en un acto celebrado en el palacio presidencial de Miraflores, junto a Karim Khan (el fiscal de la Corte Penal Internacional), quien investiga a Venezuela por posibles crímenes contra los derechos humanos. En el evento, Maduro dijo que estaba de acuerdo con permitir la reapertura de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). La Oficina de Derechos Humanos de la ONU fue expulsada de Venezuela en febrero después de que expresara su preocupación por la detención de Rocío San Miguel . [230] [231]
El 12 de noviembre de 2012, Venezuela fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2013-2015; la primera vez que Venezuela fue elegida para el Consejo. [232]
El 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó por primera vez una resolución sobre los abusos de los derechos humanos en Venezuela, con 23 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones. Once países de las Américas patrocinaron la resolución, entre ellos Canadá , México y Argentina . [233] [234]
Cuando la Asamblea General de la ONU votó para agregar a Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en octubre de 2019, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, escribió: "Personalmente, me siento agraviada de que 105 países hayan votado a favor de esta afrenta a la vida y la dignidad humanas. Esto proporciona una prueba irrefutable de que el Consejo de Derechos Humanos está roto y refuerza el motivo por el cual Estados Unidos se retiró". [235]
El 15 de febrero de 2024, el gobierno de Maduro cerró la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas después de que el Alto Comisionado Volker Türk condenara la detención de la activista Rocío San Miguel , exigiendo "su liberación inmediata y el respeto a su derecho a la defensa legal". El gobierno de Maduro expulsó a sus funcionarios, dándoles 72 horas para abandonar el país. [236]
Human Rights Watch and press freedom groups have criticized the investigation, saying it aims to harass Chavez's opponents.
In Venezuela, President Hugo Chávez's government is moving against this TV station, which has press freedom groups raising questions about the future of democracy in a highly polarized country.
Press freedom groups condemn Venezuela's recent shutdown of radio stations as part of a broader strategy by President Hugo Chávez to progressively clamp down on the private news media and they want to put a stop to it. ... Newspaper executives who lead the Miami-based Inter American Press Association say Venezuela will be at the top of their list as they gather in Caracas for an emergency forum Friday to discuss freedom of expression in the Americas.
Estados Unidos pidió el viernes a los gobiernos de Venezuela y otros países latinoamericanos que dejen de intimidar a los medios de comunicación y tomen medidas para defender la libertad de prensa. ... El martes, el Instituto Internacional de Prensa, un grupo de defensa de los medios de comunicación, denunció el deterioro de la libertad de prensa en Venezuela y, en particular, el acoso del gobierno de Chávez a Globovisión.
Organizaciones de libertad de prensa y líderes católicos romanos condenaron la eliminación de RCTV del cable, calificándola como parte de un esfuerzo más amplio para silenciar a los críticos del gobierno. ... Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, dijo que la medida del gobierno es "una reacción alérgica a las voces disidentes dentro de los principales medios de difusión del país". ... El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., PJ Crowley, se hizo eco de comentarios anteriores de la Embajada de EE. UU. de que Washington está preocupado.[ enlace muerto ]
El ritmo de las detenciones por motivos políticos en la Venezuela de Nicolás Maduro ha alcanzado un punto álgido, dicen los defensores, lo que pone a 2019 en camino de registrar el mayor número de presos políticos en dos décadas y señala una creciente represión en el país rico en petróleo. En marzo, las fuerzas de inteligencia venezolanas allanaron la casa del jefe de gabinete de Guaidó, Roberto Marrero, quien fue detenido y acusado de cuatro cargos de conspiración y posesión ilegal de armas en una operación "puramente política", dijo el abogado Joel García. El cliente de García, Marrero, aún no ha tenido una audiencia; a menudo se demoran meses y se llevan a cabo a puerta cerrada.
{{cite web}}: La cita utiliza un título genérico ( ayuda ){{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)... issued a scathing report that accuses Venezuela's government of human-rights abuses, political repression, and eroding the separation of powers among government branches in the oil-rich country. In its sternly worded conclusion, it blames the government of President Hugo Chávez—already reeling from a recession and energy shortages that have undermined his popularity in recent months—for "aspects that contribute to the weakening of the rule of law and democracy." ... The problems include the firing of judges critical of Mr. Chávez, the shuttering of critical media outlets, and the exertion of pressure on public employees, including those of state oil giant Petróleos de Venezuela SA, to support the government at the ballot box. ... Mr. Chávez has been struggling to maintain his popularity at home amid severe economic, infrastructure, and social headaches. In addition to the downturn and ballooning inflation, the government faces mounting criticism and public protests over chronic problems including power blackouts, soaring crime, and a perceived lack of investment in crucial sectors, including roads and the all-important oil industry.
The members expressed concern about the movement toward authoritarianism by Venezuelan President Hugo Chávez's government, the European Union said Thursday in a release. In January 2010, six cable and satellite television channels were ordered off the air after they were criticized for failing to broadcast Chavez's speech on the 52nd anniversary of the overthrow of Perez Jimenez.