[4][5] Este comportamiento se ha intensificado desde inicios del mandato de Nicolás Maduro en el año 2013.
Igualmente denuncia el escrito que las personas detenidas con frecuencia eran sometidas a torturas y tratos crueles.
[2] Posteriormente en marzo de 2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expuso su informe oral en donde denunciaba los actos delictivos cometidos por los colectivos armados pro-gubernamentales, destacando también las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el FAES y la negativa expresa del Ministerio Público a iniciar investigaciones sobre estos hechos.
[1] Inclusive la oposición ha denunciado que Iris Varela, ministra del Servicio Penitenciario, ha liberado reos en diversas ocasiones para arremeter contra los participantes de las distintas marchas opositoras.
[19] Incluso el propio Nicolás Maduro en 2018 amenazó con aplicar ejecuciones extrajudiciales a cualquier opositor que considerara "terrorista", esto en alusión al asesinato del exfuncionario Óscar Alberto Pérez en manos de efectivos de seguridad del Estado.
[22] Los principales instrumentos internacionales en materia de tortura, suscritos y ratificados por el Estado venezolano.
La oposición venezolana los ha calificado como "círculos del terror" debido a su papel como brazo represor del gobierno de Chávez, durante los años 2002, 2003 y 2004 fueron cientos los ataques contra políticos, periodistas y la sociedad civil opositora a Chavez.
[27] En 2003, una ciudadana y tres militares vinculados a los soldados sublevados en la Plaza Altamira durante el paro general de 2002 fueron asesinados.
El líder del grupo, el general Enrique Medina Gómez, declaró que varios testigos vieron cómo los militares, junto a dos mujeres que les acompañaban, fueron detenidos y obligados a abordar dos camionetas por hombres vestidos de negro y con las caras cubiertas con pasamontañas.
[29] También se señaló que muchos de los manifestantes detenidos parecían no haber sido "llevados ante un juez dentro del plazo legal".
Según Naciones Unidas, hubo 31.096 denuncias por violaciones de derechos humanos recibidas entre los años 2011 y 2014.
Un hombre dijo que un soldado le «disparó con una escopeta a quemarropa» mientras estaba en el vehículo.
[42] El Nuevo Herald afirmó que los estudiantes manifestantes habían sido torturados por fuerzas del gobierno para obligarlos a admitir su participación en un plan conjunto con individuos extranjeros para derrocar al gobierno venezolano.
[43] Adicional a las torturas, estudiantes han denunciado que han sido víctimas de abuso sexual por parte de la Guardia Nacional Bolivariana; Foro Penal denunció que en Carabobo habrían sido torturados durante cinco horas, arrodillados mientras se encontraban recluidos por las autoridades, el representante relata que todos los estudiantes fueron sodomizados con un fusil automático.
[47] Adicionalmente, destaca el caso de Juan Manuel Carrasco, golpeado y violado sexualmente por funcionarios de la GNB, quien según pruebas forenses realizadas posteriores al hecho corroboran la violación, desmintiendo a la fiscal general.
El presidente Maduro y otros funcionarios gubernamentales aceptaron que han ocurrido abusos a los derechos humanos, pero dijo que se trataba de casos aislados y no de un patrón sistemático.
[56][57] El 20 de abril Lorent intentó suicidarse en su celda, hecho que fue evitado por los funcionarios del SEBIN.
Su abogado denunció que para entonces no había recibido respuesta por parte del Ministerio Público sobre la solicitud de realizarle evaluaciones psiquiátricas a Lorent Saleh y a Gabriel Valles Sguerzi.
Con anterioridad al 2017 ya existían denuncias sobre actos de esta naturaleza altamente reprochables.
[69] Al menos 11 presos políticos han fallecido bajo la custodia del régimen de Maduro desde 2015.