La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), es una organización venezolana de contrainteligencia militar, con sede principal en Petare, estado Miranda, Venezuela; cuya función es impedir la inteligencia o espionaje enemigo interno y externo realizado por militares y civiles contra el comandante en Jefe y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para que así, se garantice la seguridad y la defensa de la nación.
Ha sido señalado como un órgano de tortura, persecución y represión del gobierno venezolano hacia la disidencia por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
La organización con estos nombres su función consistía en operaciones de inteligencia militar relativa a naciones extranjeras.
La sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) está ubicada en Petare, Municipio Sucre, Parroquia Leoncio Martínez, Urbanización Boleíta Norte, Calle Vargas, Quinta Crespo Edificio DGCIM.
Recibe órdenes directas del director general de la DGCIM, Iván Rafael Hernández Dala.
Se supo que el administrador responsable fue identificado como Alejandro Enrique Granko Arteaga como el torturador alias Barba, al director general de Asuntos Especiales de la DGCIM Gustavo Enrique González.
Está sede fue tomada en armas por estos funcionarios sin ser consultada la población que se encuentra alrededor de la misma ocasionando presión y temor con su presencia En esta base se han planificado diversos informes negativos transcritos por el ciudadano Carlos Figueiras Rúa exfiscal del Ministerio Público y Abogado de la base con la finalidad de desestabilizar la región Venezolana con expedientes Forjados en contra de diversas instituciones debido a que no dejan la continuidad operativa de otros funcionarios para trabajar dentro de la región ya que descubrirían irregularidades dentro de su operatividad, es de notar que estas personas eran brazos ejecutores del Comisario(R) José Jonathan Pérez Noguera Alias JJ el cual fue juzgado por diversos delitos en contra el estado y luego fue puesto en libertad, demostrando así la corrupción que manejan estas personas.
Durante su detención, Marulanda ha sido torturado por parte de funcionarios hasta llegar a quedar sordo del oído derecho tras un golpe que le dieron y de perder la sensibilidad en sus manos.
[17] El juez ordenó que el capitán fuera trasladado al Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salias Sanoja, "Hospitalito", ubicado en Fuerte Tiuna,[18][19][20] al observar su crítico estado físico y su audiencia de presentación fue pospuesta.
[31] "Es una operación no formal que supone una escalada represiva en Venezuela”, la define Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal.
Esta operación se caracteriza por arrestos masivos de manifestantes y opositores políticos.
Además, ha generado una ola de protestas tanto dentro como fuera del país, con llamados internacionales a la restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
La situación ha exacerbado la crisis política y social en el país, generando una atmósfera de miedo e incertidumbre.
La denuncia, respaldada por expertos en derecho penal, internacional y derechos humanos, destaca graves violaciones contra la población civil, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, violaciones, ejecuciones sumarias y persecución política sistemática, especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
[34] El gobierno desató una ola de represión sin precedentes contra la oposición y los manifestantes civiles.