Rafael Acosta Arévalo

Era el hermano mayor de los cuatro hijos del topógrafo Rafael Adrián Acosta López.

Acosta Arévalo presentaba muchas excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, inflamación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas y lesiones en el torso.

[16]​ El juez ordenó que el capitán fuera trasladado al Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salias Sanoja, "Hospitalito", ubicado en Fuerte Tiuna,[17]​[18]​[19]​ al observar su crítico estado físico y su audiencia de presentación fue pospuesta.

El diputado Diosdado Cabello desestimó la posibilidad de una investigación independiente, expresando «confiamos en nuestra justicia» llamando al Ministerio Público a comenzar una investigación y mencionando que «quien tenga la responsabilidad en el caso debe de asumirla».

[21]​ Según la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, «el Capitán Acosta Arévalo, muere siendo inocente, pues nunca desde su detención fue formalmente imputado por el estado venezolano, quien violando las garantías constitucionales más elementales del debido proceso».

[22]​[23]​ La fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz, emitió un comunicado en el que señala que designó a un equipo multidisciplinario para el esclarecimiento de la muerte, para determinar la responsabilidad de los autores e imponer las sanciones correspondientes.

[38]​ Alemania declaró que la muerte de Acosta Arévalo "es un obstáculo para una salida negociada en Venezuela".

[36]​ Francia condenó la muerte del militar y reclamó «una investigación independiente» para aclarar las circunstancias en que se produjo.

Juan Guaidó definió el hecho como «abominable» y declaró que se estableció contacto inmediato con la familia y la comisión de las Naciones Unidas, que dio instrucciones tanto a los embajadores designados como a representantes en el exterior para que realizaran la denuncia ante gobiernos extranjeros y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y que continuaría recabándose información sobre la muerte de Acosta Arévalo.

[11]​ La diputada Delsa Solórzano envió un comunicado dirigido a Michelle Bachelet exigiéndole cumplir con el protocolo de Minnesota, un procedimiento modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar crímenes de lesa humanidad, en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales, y que está orientado a evitar que los funcionarios del Estado sospechoso de haber cometido los crímenes puedan actuar o influir en la investigación.

[46]​ La Organización no gubernamental para la protección y promoción de los Derechos Humanos (COFAVIC) emitió un comunicado manifestando su profunda preocupación por la muerte del militar, sosteniendo que «La tortura está diseñada con el propósito deliberado de atemorizar».

No obstante, el funcionario mencionó que «toda la FANB lamenta los acontecimientos relacionados con la pérdida del oficial retirado».