Según los seguidores del gobierno, este paro no fue una huelga, en su precisa y correcta concepción jurídica, sino una medida de protesta política.

Los sindicatos, a través de la CTV, apoyaron la convocatoria, pero no fueron convocantes.

Las leyes generaron un fuerte rechazo por parte del sector empresarial y la clase media.

Estos consideraron antidemocrática la actitud del gobierno de Chávez, y anticonstitucional dicho paquete legislativo.

Igualmente, varios aliados del presidente Chávez, como Luis Miquilena y algunos de sus seguidores, retiraron el apoyo al presidente Chávez y paulatinamente se pasaron a la oposición.

Chávez argumentaba además que quería revisar las cuentas de Pdvsa para entender el porqué de sus altos gastos, y entonces re-orientar a la petrolera para incrementar su labor social; los gerentes medios afirmaban que el gobierno intentaba politizar la empresa y acabar con la meritocracia, o ascenso por méritos, (lo cual efectivamente sucedió y sigue sucediendo)[cita requerida].

Se sucedieron manifestaciones que desembocaron en violentos enfrentamientos callejeros entre chavistas y antichavistas de manera casi diaria, en las principales ciudades del país, destacando Caracas.

Los comerciantes, empresarios, empleados y obreros recibían promesas de que el paro solo duraría unos días hasta lograr la renuncia de Chávez, pero dicha renuncia nunca llegó.Al principio, el paro plegó solo a las empresas de la patronal y los sindicatos afiliados a la CTV, pero pronto los directivos de PDVSA y los empleados a nivel gerencial decidieron apoyarlo.

Se transmitían cuñas de índole político que apoyaban la continuación o no del paro y la realización de protestas y marchas en distintos puntos del país, aupadas por la Coordinadora Democrática o por el Gobierno.

No quiero esa clase de vida para mis hijas".

Pronto otras embarcaciones —que transportaban el petróleo y sus derivados desde los pozos de extracción a las refinerías o desde estas hacia los puntos de distribución o hacia otros países— siguieron su ejemplo.

La población identificada con la oposición, además, bloqueaba los carriles vehiculares en la autopista Francisco Fajardo (Caracas) y en la plaza Altamira; también lo hacían en varias urbanizaciones de clase media de Caracas, Valencia y el país en general.

Los grandes centros comerciales estaban cerrados, las universidades suspendieron clases, los principales espectáculos locales —como el béisbol, el deporte más concurrido— estaban suspendidos, y las fiestas decembrinas eran inusuales en un país con gran tradición navideña, porque muchas personas no habían cobrado su bono navideño.

Equipos de televisión de los canales privados transmitían en directo reseñando todo lo que ocurría, manteniendo equipos las 24 horas durante casi todo el paro y los días que lo precedieron.

Durante toda la noche, los cuatro canales de televisión privados repitieron constantemente las imágenes en la plaza acusando al gobierno.

Debido a los incidentes en Plaza Altamira, las protestas opositoras se intensificaron pareciendo inminente la caída del gobierno.

En una sola noche se llegó a generar más de 20 atentados perpetrados por simpatizantes del gobierno contra diversos medios en todo el país.

Los medios de comunicación también tomaron medidas similares, despidiendo a muchos periodistas.

El 3 de febrero muchas empresas comenzaron a trabajar con las limitaciones mencionadas.

Además, tampoco aceptaban las condiciones del referendo revocatorio, que estaba en la Constitución, y pedían el referendo de opinión o consultivo, que aun cuando no era vinculante, requería menos firmas para convocarse y podía realizarse en un plazo mucho menor.

Los primeros suspendiendo toda su programación de entretenimiento y sus anuncios comerciales para dar paso a programación política e informativa durante 18 ó 20 horas al día, y también transmitir anuncios contra Chávez e invitando a marchas.

Esta actitud de los medios fue criticada por algunos opositores a Chávez, como el historiador Jorge Olavarría.

Sectores leales al gobierno y a su proyecto socialista insisten en que el paro además era un lock out, ya que en muchas empresas, fábricas y locales comerciales los trabajadores querían continuar sus labores, pero los patrones tomaron la decisión de pararse.

Entre estos, se destacaron aquellos sindicatos, que formaban parte de la CTV, cuyo líder Carlos Ortega Carvajal, lideraba el llamado Paro Cívico Nacional.

Los dueños de grandes centros comerciales como el Centro Sambil, el más grande de Venezuela, impidieron que los pequeños comerciantes abrieran sus negocios y tiendas.

Los distribuidores de mercancía también se sumaron al paro e impidieron que la misma llegara a los comerciantes.

Sin embargo, estas ganancias también son criticadas por la oposición, quienes afirman que el país no ha mejorado a pesar de las enormes entradas monetarias.

PDVSA comenzó paradójicamente a acumular deuda y tanto su producción como su estado financiero real se desconocen pues el gobierno se niega a hacer públicas las cifras contables e impide cualquier intento de auditoría independiente convirtiéndola en una verdadera caja negra, término con el que Chávez insistía en calificar a la estatal petrolera que antes del paro se encontraba entre las empresas líderes en el sector petroleoquímico mundial.

Gouveia aparenta tener problemas o desórdenes psicológicos, y hasta ahora no se han concretado evidencias que lo relacionen con el chavismo o la oposición, si bien políticos de ambos bandos han lanzado acusaciones sin pruebas afirmando que fue pagado por uno u otro sector político.

Además, la patronal empresarial y los partidos tradicionales eran víctimas de un fuerte rechazo por parte de las clases populares y no lograron conectarse con el mismo para ganar su apoyo.