Servicio de Impuestos Internos
El Servicio de Impuestos Internos (conocido también por su sigla SII) es el servicio público que tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos de Chile (es decir, quedan excluidos los impuestos externos, como por ejemplo típicamente los aranceles) fiscales, o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado a un organismo distinto.
Dicha ley estableció el impuesto a la producción de alcoholes y la institución para su recolección y fiscalización: la Administración de los Impuestos sobre Alcoholes, con el ingeniero Julio Cousin Daumiere como su primer director.
[3] Posteriormente se fueron agregando nuevos impuestos (al tabaco y las barajas) y otros tributos lo cual hizo que se amplíen sus atribuciones, por lo que cambia de nombre a Dirección General de Impuestos (1912-1916) y luego a Dirección General de Impuestos Internos (1916).
Es decir, el Servicio actuaría como juez y parte, ya que primero aplicaba el impuesto contra el contribuyente (parte) y después resolvía las reclamaciones que el contribuyente hacía (juez).
La respuesta a esta crítica se dio por la Ley 20322, que creó los Tribunales Tributarios y Aduaneros.
[cita requerida] En 2014 la Fiscalía presentó acusación contra contadores y funcionarios del SII por fraude, dónde se investigó a ocho personas imputadas por el desfalco afectó al Servicio de Impuestos Internos —cuyo monto superaba los $ 2700 millones—, a quienes se les atribuyó su responsabilidad en los delitos de soborno y fraude tributario por supuestamente contactar a contribuyentes y realizar operaciones que simulaban pérdidas tributarias para obtener devoluciones de manera ilícita.
[cita requerida] En 2015 el entonces director del SII Michel Jorratt, nombrado por Michelle Bachelet, fue increpado por demoras injustificadas en la presentación de querellas penales en contra de los políticos involucrados en el caso SQM.
El monto fue cuestionado por los gremios de fiscalizadores del SII, quienes la estimaron en apenas US$ 162 millones.
Esta instancia buscará dilucidar lo que estos organismos hicieron o dejaron de hacer en relación con las empresas como Bancard Inversiones Ltda.
Esta comisión se solicitó luego que una investigación periodística publicada por El Desconcierto informara una transferencia realizada en 2015 por Bancard Inversiones Limitada por 96 millones de dólares a una empresa relacionada con sede en las Islas Vírgenes Británicas, territorio incluido en la lista de países consideraros como paraísos fiscales.
