Caso SQM

[10]​ Hasta el año 2003, el financiamiento a partidos y campañas políticas en Chile se encontraba totalmente desregulado.[15]​ Ese mismo 2014 a SQM también le había tocado protagonizar uno de los mayores escándalos financieros del país: el denominado caso Cascadas.[18]​ En agosto de 2014, el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a siete personas ligadas al Grupo Penta —entre ellas sus principales socios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín— por fraude tributario ante el Ministerio Público.Según la denuncia inicial, el grupo habría defraudado al Fisco por una cifra que se calculaba entre los 260 y 660 millones de pesos.[19]​ El caso tomó ribetes políticos en octubre de ese año, cuando un exejecutivo de Penta, Hugo Bravo, declaró que el grupo había hecho donaciones irregulares a políticos del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) para financiar sus campañas electorales.Sin embargo, tres días después dicha solicitud fue acotada por el SII a tan solo julio de 2009, según se revelaría posteriormente, tras una «solicitud» al propio Jorratt hecha el mismo día 9 por el abogado y militante PPD Samuel Donoso —cercano al senador Guido Girardi y al ministro del Interior Rodrigo Peñailillo— quien se había presentado como asesor del ministro Peñailillo.[27]​ Al día siguiente, Ayala también le informó a Gajardo que lo apartaba de la indagatoria a Penta,[28]​ por lo que ese mismo día Gajardo y el fiscal Pablo Norambuena presentaron sus renuncias ante la fiscal nacional (s) Solange Huerta.No obstante, en los días siguientes el nuevo nombramiento generó numerosas críticas, ya que el fiscal Montes —quien se encontraba de vacaciones al momento del nombramiento y no pudo rebatir la asignación— era hijo del senador PS Carlos Montes.[34]​[35]​ No obstante, horas más tarde el directorio de la compañía salió a aclarar que la decisión judicial había sido tomada por Contesse como persona natural, y no a nombre del directorio.[34]​ El evidente quiebre que ya había al interior del directorio de SQM quedaría expuesto en la sesión del día siguiente: los directores Wolf von Appen, Juan Antonio Guzmán, Hernán Büchi y Patricio Contesse Fica (este último hijo del gerente general) —nombrados por Ponce Lerou — votaron a favor de pedir un informe independiente en relación con la solicitud de entregar la contabilidad solicitada por el fiscal nacional, decisión que cuestionaron dos de los tres directores que representaban a Potash Corporation (PCS) —Alejandro Montero y José María Eyzaguirre; el tercero era Wayne Brownlee—, quienes estaban por la postura de que SQM debía cooperar con la Fiscalía.Esa misma jornada, en paralelo, el Octavo Juzgado de Garantía desestimó la solicitud hecha por Patricio Contesse.[36]​ Tras el informe jurídico, elaborado por el abogado Gabriel Zaliasnik, el lunes 16 el directorio de SQM anunció que no iba entregar la información contable al Ministerio Público y que, en cambio, la hizo llegar al SII, con el fin de acogerse a la «autodenuncia» y así evitar la acción penal.[49]​ La presión inmediatamente surtió efecto: ese mismo día el SII confirmó que «pronto» estaría en condiciones de presentar acciones penales,[50]​ y dos días después, la mañana del viernes 20, hizo entrega de la información que le solicitaba el Ministerio Público.[54]​ En paralelo, durante esa jornada también se conoció que el caso ahora se extendía a RN: el exvicepresidente del partido y consejero regional en el Biobío, Claudio Eguiluz, aparecía con boletas emitidas a la compañía entre 2011 y 2014.[62]​ El remezón a toda la clase política, no obstante, llegó al día siguiente, cuando el SII interpuso una nueva denuncia en la Fiscalía: ahora ampliaba a 173 los nombres de personas y empresas con documentos tributarios supuestamente falsos —237 facturas y 609 boletas, que en total sumaban 4340 millones de pesos—, ligadas a políticos de la UDI, RN, PRI, DC y PPD.[63]​[64]​ La UDI era el partido con más nexos —59 personas—, mientras que RN sumaba 15, el PRI siete y el oficialismo once, incluidos funcionarios de gobierno.[65]​[66]​ Y si bien no era parte de la denuncia, también esa jornada el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami reconoció que su asesor y exsecretario general del Partido Progresista, Cristian Warner, había emitido una boleta a SQM.[83]​[84]​ El domingo 3 de mayo, sin que aún la opinión pública conociera los informes, el ministro Peñailillo se negó a enseñarlos en entrevista con Teletrece y aseguró que ya los había mostrado a El Mercurio la semana anterior.[7]​ Sin embargo, dos días después El Mercurio, en una inusual medida, desmintió al secretario de Estado, aclaró que nunca tuvo acceso a los documentos y lo acusó de confundir a la opinión pública.[88]​ La grave crisis que vivía la administración de Bachelet —que también se había visto duramente golpeada por el caso Caval, cuyo deficiente manejo político y comunicacional era endosado al ministro Peñailillo—[7]​[89]​ llegó a su punto cúlmine la noche del miércoles 6 de mayo, cuando la presidenta Michelle Bachelet, en entrevista con el animador Mario Kreutzberger (Don Francisco), anunció a todo el país que horas antes había solicitado la renuncia a todos sus ministros, un hecho sin precedentes en la historia moderna de Chile, y que se había dado un plazo de 72 horas para hacer los cambios.[95]​ Ese mismo 11, finalmente el SII presentó una querella en contra de Giorgio Martelli por delito tributario.[100]​ Algunas de las empresas que terminaron por acogerse a este procedimiento fueron Aguas Andinas, Alsacia, CorpBanca, Endesa, Inversiones Caburga (del grupo Said), Ripley y VTR, además de las pertenecientes al grupo Angelini.[101]​[102]​ En el caso del grupo Angelini, sus empresas Copec, Celulosa Arauco y Constitución, Corpesca, Cruz del Sur y Siemel rectificaron en total 2250 millones de pesos, por pagos a sociedades o personas ligadas a políticos como Alberto Espina (RN), Felipe Harboe (PPD), Gabriel Silber (DC), Pablo Longueira (UDI), Iván Moreira (UDI) el expresidente Eduardo Frei, el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y figuras del PRI.[106]​ Endesa, dirigida entonces por el PPD Jorge Rosenblut, también financió ilegalmente las campañas de Frei en 2009 y Bachelet en 2013.[107]​[102]​ La empresa Inversiones Caburga del grupo Said —dueño o con participación en otras compañías como Embotelladora Andina, Parque Arauco y BBVA Chile— rectificó en 2015 pagos por un total de $ 663 millones, asociados a nombres como Sebastián Piñera, Eduardo Frei, Laurence Golborne, el lobbista Enrique Correa, el entonces senador DC Andrés Zaldívar, el ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier y los entonces diputados Fuad Chahín (DC), Gonzalo Fuenzalida (RN) y José Manuel Edwards (ex RN).