Corrupción en Chile

[3]​ Algunos intelectuales, como Francisco Antonio Encina, dicen que desde su independencia Chile fue un ejemplo de probidad y honradez.

[4]​ Según Vial, durante los gobiernos radicales varios miembros de ese partido aprovecharon su situación política para enriquecerse.

[6]​ En las regiones rurales los votantes eran manipulados de forma directa por los grandes terratenientes y empresarios regionales.

Su raigambre llegó a ser tal que los votantes reclamaban cuando los candidatos no cohechaban y se ahorraban el gasto.

Varios parlamentarios, aprovechando su poder e influencia, actuaban como abogados representando a grandes empresas en juicios en contra de los intereses del Fisco.

Existen varios casos semejantes al de Manuel Montt (1851-1861) o Aníbal Pinto (1876-1881), quienes continuaron ejerciendo sus profesiones originales (abogacía y docencia, respectivamente).

Si era necesaria una reducción, lo correcto era eliminar a los funcionarios más ineficientes en primer lugar, pero la eficiencia no tuvo ninguna injerencia en la decisión de despido».

[23]​ Por esta época se produjeron coimas a los jueces para que éstos cambiaran sus veredictos o bien actuaran por omisión en algunos casos.

Si los nuevos presidentes en democracia quieren designar a alguien para un cargo actualmente ocupado, la ley dice además que debe crearse un cargo paralelo y del mismo tipo, para que el funcionario designado por Pinochet siga obteniendo el mismo sueldo.

Esto significaba para el Estado prácticamente duplicar su máquina funcionaria, o bien realizar gastos millonarios en indemnizaciones.

[23]​ Las enormes diferencias salariales en los cargos públicos, que aún subsisten en la actualidad, se comenzaron a gestar en esta época.

[21]​ En cuando al poder judicial, en 1977 se aumentaron sus remuneraciones en un 76 %, y a los más altos magistrados hasta en un 86.3%, quedando las de los subalternos en un 48,9%.

[26]​ El Presidente de la República en dicha ocasión solicitó que los dineros fuesen regresados al Estado, petición que solo fue acogida por unos pocos, amparándose los demás en los reglamentos ya existentes, creados en este periodo y no regulados más tarde.

[30]​[36]​ Durante el gobierno siguiente de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), la causa debía ser revisada por la Corte Suprema.

El presidente Frei, entonces, ordenó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que cerrara el caso definitivamente, aduciendo a la razón de Estado[30]​[35]​ y quedando Pinochet Hiriart impune, así como otros dos civiles y dos miembros del Ejército, que también habrían sido imputados.

[41]​ Al poco tiempo, el propio Carlos Cerda decretó la libertad provisional de todos los procesados, incluyendo a Oscar Aitken.

Esto le valió una querella en su contra por injurias y desacato, aunque finalmente se comprobó la existencia del ilícito.

La mercancía encontrada en Budapest fue regresada a Chile, y allí se estimó que su costo estaría avalado en realidad en 3 millones de dólares.

[70]​ Este Grupo Penta ayudó a financiar las campañas políticas de diversos políticos, tales como el economista Andrés Velasco o los miembros de la UDI, Ena von Baer, Iván Moreira, Laurence Golborne y Pablo Zalaquett[71]​ y Ernesto Silva Méndez.

[76]​ El fallo de la magistrada contenía 1032 páginas distribuidas en casi 50 tomos,[75]​ y consideraba a otras 17 personas que fueron absueltas.

[86]​ Los diputados Soto y González suspendieron durante 2007 su militancia al PPD mientras se llevaron a cabo parte de las investigaciones.

[91]​ La empresa Corpesca ha sido investigada durante años por financiamiento indebido a varios parlamentarios, mediante boletas ideológicamente falsas gestionadas por su gerente general Francisco Mujica, entre 2009 y 2013, para que los intereses de la empresa se reflejaran en la Ley de Pesca que se tramitaba en el Congreso.

[141]​ En junio de 2009 la fiscalía decide formalizar por este delito a Nogueira,[142]​ quien más tarde logró evitar el juicio restituyendo al Estado los 30 millones de pesos, y comprometiéndose a firmar ante el Ministerio Público durante 18 meses.

[149]​ El sucesor de Tombolini en la subsecretaria ministerial fue Guillermo Díaz Silva (DC), quien sería más tarde procesado por fraude al fisco en las aristas del caso MOP-GATE.

Años más tarde, en 2008, y pese a la condena anteriormente expuesta por el Caso Coimas, Rebolledo retoma la actividad política, siendo elegido con una alta votación como miembro de la dirección nacional del PPD.

Asimismo, añadió que las mayores presiones para su rápida aprobación habían sido lideradas por el Presidente Sebastián Piñera.

[173]​ La situación fue reconocida por el presidente de la época, Iñigo Díaz, diciendo que «es la realidad del sistema educacional chileno».

[197]​ Entre otros, puede mencionarse también la alta complejidad técnica y judicial en cada caso, que debe ser investigado por personas especializadas en el tema en cuestión, lo cual implica que algunos casos tarden varios años en cerrarse, siendo olvidados por la opinión pública, y disminuyéndose así la gravedad inicial de los hechos.

[3]​ Por otra parte, en un Estado de Derecho, como lo es Chile, solo puede concebirse como delito a aquel que está especificado explícitamente en las leyes, no tomándose en cuenta ninguna consideración relacionada con la ética (por el principio nullum crimen, nulla poena sine praevia lege).

Adicionalmente, en Chile existe lo que se llama «jurisprudencia voluble», que permite a los jueces dictar sentencias de manera distinta independientemente de la similitud entre los distintos casos,[n 1]​ lo cual puede llevar a fallos contradictorios y generar confusión en la opinión pública no entendida en el sistema jurídico.