Ocupa este inmueble desde 1846,[7] aunque numerosos servicios del ramo están sitos en otras ubicaciones de la capital española.[8] Sin embargo, las deficiencias del sistema tributario castellano así como los conflictos con las grandes ciudades con derecho a voto en Cortes hicieron que se creara por el rey Carlos I el Consejo de Hacienda entre 1523 y 1525, como un supremo órgano encargado de corregir estos problemas y dirimir disputas hacendísticas.Este Consejo, altamente ineficiente en sus inicios, acabará asumiendo el control de la política económica y financiera a partir de 1593, cuando unas nuevas Ordenanzas le dieron jurisdicción propia e integraron a los Contadores mayores en su seno.En la Corona de Aragón y sus reinos, además de diferentes impuestos, también existían instituciones hacendísticas propias, tales como las Diputaciones Generales, los Bayles generales y el Maestre racional.Además, cabe destacar que los reinos aragoneses rara vez tenían instituciones comunes, y no será hasta los Reyes Católicos que aparecen algunas, En cuanto al Reino de Navarra y las tres provincias vascas (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), unos y otros tenían de igual forma instituciones propias (como la Diputación del Reino de Navarra o las Juntas Generales) que, a diferencia de las aragonesas, se conservaron más allá del siglo XVIII por su lealtad al nuevo monarca durante la guerra de sucesión.[10] Esta división pervivió hasta los últimos momentos de la guerra, cuando el rey especializó aun más el gobierno y creó los cinco ministerios originales de España: Estado, Justicia, Guerra, Marina e Indias y Hacienda.Aunque el proyecto fracasó, se asentó todo un programa a seguir por los posteriores titulares de la cartera.[19] A pesar de la intención, esta reforma no pudo solucionar los problemas que intentaba remediar.[20] Los asuntos de la fiscalidad americana son incorporados a la de Hacienda y existe desde ese momento y hasta 1836, salvo en períodos concretos, dos áreas hacendísticas dentro del mismo Departamento: España e Indias.[21] En 1793 comenzó para España un periodo de conflictividad bélica que no se verá frenado hasta 1845.También hacía propuestas sobre como repartir los recursos entre las diferentes administraciones y una reorganización de los servicios centrales del Ministerio de Hacienda, que los dividía en direcciones generales, algo novedoso en la Administración española.La reforma tributaria supuso el final del complejo sistema tributario del Antiguo Régimen mediante una fuerte simplificación que por vez primera daba importancia a los impuestos directos y reducía los indirectos.Las reformas orgánicas y burocráticas de Bravo Murillo perduraron prácticamente en lo que restaba del siglo XIX.Sin embargo, su labor no fue tan exitosa en lo organizativo a nivel provincial —entre 1849 y 1881 se privó a la Hacienda provincial de una necesaria autonomía organizativa—, ni en lo estrictamente hacendístico.El desarrollo del país y la necesidad de sacarlo definitivamente de las crisis financieras que se sucedieron durante el siglo XIX dieron lugar a nuevas reformas económicas y tributarias protagonizadas por los ministros Laureano Figuerola (1869), Navarro Reverter (1895) y Raimundo Fernández Villaverde (1902-1903).Entre 1873 y 1878 se institucionalizó la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).Su labor más urgente fue reducir esa deuda y reformar el cuadro de los ingresos.Para dominar la deuda pública tomó medidas que demoraban el pago y reducían los intereses.[28] Asimismo, durante este periodo, en 1924, se crea el Tribunal Económico-Administrativo Central.En 1957, ante la necesidad de terminar con la autarquía económica y dejar atrás una organización burocrática ya obsoleta muy influida por la guerra, se producen importantes cambios en el Ministerio.[30] 1957 es también el año de una nueva reforma tributaria que abre el camino para elevar la renta nacional y sacar al país definitivamente de la situación económica que siguió a la Guerra Civil.Se sistematizaron nuevos impuestos (sobre la renta y sobre el tráfico de empresas).El plan de austeridad económica de 1967 dio lugar a nuevas reformas, simplificándose la estructura del Ministerio al suprimirse la Subsecretaría del Tesoro y Gastos Públicos.[52] A finales de 2023, el Departamento volvió a ceder las competencias sobre función pública, esta vez en favor del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.Su misión principal es la de acercar al ciudadano los servicios económicos y hacendísticos del Estado.Entre las empresas que forman este grupo, están Loterías y Apuestas del Estado, Paradores de Turismo o Cesce.Estuvieron allí hasta aproximadamente 1764, año en el que se inaugura el nuevo Palacio Real de Madrid y se instalan allí los órganos administrativos de gobierno.Así lo hizo, y para ello demolió y levantó en el lugar que ocupaba el palacio del Marqués de Torrecilla un nuevo edificio que integró a esta.Este edificio posee hoy una puerta barroca que es la original del desaparecido palacio, atribuida a Pedro de Ribera.En particular, los organismos del Ministerio, así como las empresas públicas, tiene, por lo general, sus propias sedes.
Durante el mandato del
marqués de la Ensenada
se intentó reformar la Hacienda e imponer un sistema de contribución única, para lo que se hizo el
Catastro
al que da nombre, pero no prosperó ante el rechazo de la clase privilegiada.