Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba finalizando, la dictadura que encabezaba el general Franco seguía gobernando en España.

Sin embargo, decidió no asumir el puesto no solo porque la dimisión del Presidente debía ser presentada formalmente ante las Cortes, sino porque la situación política en la zona que todavía controlaba el bando republicano era cada vez más confusa.

La reunión terminó con la tensa aprobación de un texto acordado según el cual la diputación se consideraba a sí misma plenamente legítima y afirmaba que no podía tener efecto la dimisión del Gobierno por no existir las instituciones ante las que debía ser presentada.

[10]​ Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial los exiliados españoles estuvieron más preocupados por su propia supervivencia que por plantear una oposición a Franco.

[14]​ Aunque quería ofrecer un frente republicano unido, la Junta no intentaba arrogarse la exclusividad de la legitimidad, como pretendían ciertos sectores.

[15]​ Por último, en 1944 se creó en el interior del país la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), que incluía también a la CNT.

[20]​ La derrota supuso una radicalización de los nacionalistas vascos y catalanes, que buscaron soluciones independentistas para sus respectivos territorios.

En la práctica, esto suponía vetar la entrada de España en las organizaciones internacionales que iban a gestionar la inminente paz.

[28]​ Por otro lado, Negrín había dicho a sus colegas españoles durante la Conferencia que tenía la intención de dimitir.

Inmediatamente, Martínez Barrio abrió un turno de consultas que comenzó por el propio dimisionario.

Negrín se postuló nuevamente para el cargo defendiendo que había que formar un gobierno de muy amplia base, «todos los partidos del régimen desde la más extrema derecha a la más extrema izquierda», pero matizó esta afirmación añadiendo «siempre que no hayan estado implicados en actos de rebelión, agresión ni hostilidad hacia la República y sus representaciones legítimas desde su advenimiento».

La CNT exigió cinco puestos en el gobierno, y a Giral le costó convencerla de conformarse con dos.

[34]​ Sin embargo, la aceptación de entrar en el Gobierno supuso una profunda y larga ruptura en la ya precaria unidad del sindicato.

Giral intentó varias veces sin éxito hacer cambiar de actitud a los comunistas.

[37]​ El sector negrinista continuó posteriormente con su política de activa oposición calificando su programa como «anodino, insustancial y aun contradictorio, por no decir inexistente».

El político bilbaíno defendía la necesidad de recurrir a un plebiscito desde 1938, tesis que había retomado en 1942 y 1944.

Su llegada a la península motivó que numerosas y significadas personalidades de España le dirigieran un «saluda».

El propio general Aranda, que mantenía contactos con este último sector, expresó su malestar.

Martín-Artajo consultó con sectores afines antes de aceptar el cargo, y les dijo que en pocos meses habría cambios importantes.

[48]​ El nuevo gobierno fue reconocido por varios países latinoamericanos —México, Guatemala, Panamá y Venezuela— así como por varios estados europeos que tenían ya o iban a tener en breve gobiernos comunistas, como Polonia, Rumanía, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia.

[58]​ Por otro lado, este intentó evitar que los nacionalistas continuaran con su tendencia centrífuga impulsando el estudio por las Cortes del Estatuto gallego.

[59]​ El presidente cubano Ramón Grau San Martín quiso poner en marcha una mediación que se asemejaba al proyecto de Prieto.

Su argumentación se centró en que el régimen de Franco representaba un peligro para la paz mundial.

Giral incluso repitió declaraciones anteriores del representante polaco en el sentido de que España estaba realizando experimentos atómicos.

Por cuestiones relativas a las atribuciones del Consejo, la Unión Soviética vetó cuatro veces las propuestas de los países anglosajones.

La Alianza respondió que veía positivamente esa opción y hasta los libertarios se mostraron dispuestos a participar en ella.

[40]​ Tras el fracaso del Consejo, la cuestión española debía ser debatida por la Asamblea General de la ONU.

También apuntaba la posibilidad de que el Consejo pudiera tomar nuevas medidas si no se restablecía la libertad en España en un plazo razonable.

La resolución supuso la retirada del embajador británico en Madrid, el último representante diplomático que quedaba en la capital española.

En referencia a la actitud de Prieto, condenó que ciertos partidos dijesen apoyar al Gobierno mientras sus dirigentes lo hostigaban.