Conflicto entre Argentina y Uruguay por plantas de celulosa

En 2013 el conflicto reapareció debido a la autorización del gobierno uruguayo para aumentar la producción.[14]​ Por su parte ENCE, española, decidió hacerlo en Conchillas, más al Sur y ya frente a la provincia de Buenos Aires, cuyos habitantes no se oponen.Asimismo, en ese lugar se ha construido el Puente Internacional Libertador San Martín, de gran importancia turística y comercial para ambos países.[37]​ Las posiciones políticas y los informes técnicos aportados por cada país diferían de tal modo que fue imposible llegar a un acuerdo.Dicho documento tuvo poco eco en los medios de difusión argentinos aunque fue publicado por la revista «Gestión Ambiental Empresaria» y pueden encontrarse algunas referencias al mismo en la red.El nuevo informe podría liberar los créditos solicitados por Botnia y ENCE al Banco Mundial para construir las plantas.La policía Uruguaya impidió que ingresaran a la planta de celulosa, aunque realizaron protestas en las inmediaciones.Al término de una reunión con el gobernador Busti, y en conferencia de prensa, Kirchner se manifestó "sorprendido" por las versiones periodísticas que la atribuyeron la frase "la planta está ahí y no hay nada que hacer".[60]​ El ingreso de los ambientalistas argentinos al territorio uruguayo si bien no fue impedido, tuvo que atravesar un fuerte operativo policial y control migratorio.[64]​ Los manifestantes realizaron protestas por agua, el 10 de noviembre, en embarcaciones, frente a la planta objeto del conflicto, sin que se registraran incidentes.[67]​ El 20 de enero se da a conocer un informe independiente elaborado por la Organización no gubernamental ambientalista Green Cross.Esto posibilitaría contar con una cantidad mayor de información para convalidar o no los resultados obtenidos".Dicha reunión fue considera "lastimosa" por los ambientalistas, por no haberse considerado el tema del bloqueo de la ruta y confirmaron que continuarán con "el plan de lucha" en tanto no se "erradique la pastera".Se acordó una serie de peticiones cuyo cumplimiento la Asamblea volvería a evaluar en 60 días.Uruguay sostiene que existieron constantes conversaciones e intercambios de información entre Argentina y Uruguay sobre este asunto, de las cuales dan cuenta incluso documentos del gobierno de Buenos Aires, que convalidaron lo actuado con Uruguay, mencionando, entre otros documentos, el mensaje a la Nación del gobierno argentino enviado al Parlamento en el año 2004 en el que se hace expresa referencia al tema.La cláusula operativa de fallo está integrada por tres párrafos, que se transcriben textualmente a continuación:[1]​ La Corte: El fallo fue dictado por un tribunal de 14 jueces integrado por doce miembros de la Corte Internacional de Justicia (Peter Tomka, Abdul G. Koroma, Awn Shawkat Al-Khasawneh, Bruno Simma, Ronny Abraham, Kenneth Keith, Bernardo Sepúlveda Amor, Mohamed Bennouna, Leonid Skotnikov, Antônio Augusto Cançado Trindade, Abdulqawi Yusuf y Christopher John Greenwood) y dos jueces ad hoc propuestos por las partes (Santiago Torres Bernárdez y Raúl Vinuesa).Peter Tomka, vicepresidente de la Corte Internacional, se desempeñó como presidente del tribunal.El Tribunal concluyó que Uruguay incumplío sus obligaciones de notificar, informar y negociar de buena fe con Argentina, a lo que se había comprometido en el Estatuto del Río Uruguay (arts.En el capítulo IV, dedicado a "Obligaciones sustantivas", la Corte analiza los diversos estudios científicos e informes técnicos relacionados con una eventual contaminación ambiental y afectación de las actividades de las poblaciones instaladas en el lado argentino del río.Consecuentemente, sobre la base de las evidencias presentadas, la Corte concluye que Uruguay no ha incumplido sus obligaciones bajo el art.[99]​ Ambos jueces, de manera conjunta, emitieron un voto en disidencia separado del resto del tribunal, sosteniendo que la Corte Internacional "ha perdido lo que bien puede llamarse una oportunidad de oro para demostrar a la comunidad internacional su habilidad y preparación para abordar disputas científicas complejas, utilizando los conocimientos más avanzados disponibles (state-of-the-art)".[99]​ Al-Khasawneh y Simma consideran que la Corte evaluó la evidencia científica aportada por las partes con una "meteodología defectuosa" (flawed methodologically).[99]​ En particular, los jueces disidentes explican en su voto, que la Corte debió haber utilizado la vía contemplada por el artículo 50 de su estatuto: “La Corte puede, en cualquier momento, recurrir a cualquier individuo, cuerpo, oficina, comisión, u otra organización que pudiera seleccionar, con el fin de dar respuesta a preguntas o dar una opinión experta".También ponen como ejemplo a otros organismos internacionales que suelen recurrir al consejo de expertos en casos científicos complejos, como el Tribunal Arbitral del Acero del Rhin y la Organización Mundial de Comercio.12 del Estatuto del Río Uruguay rechaza "la filosofía de fait accompli (hechos consumados)", un principio de primera importancia para abordar el hecho que el daño al medio ambiente es habitualmente irreversible.[99]​ En el Capítulo III de la disidencia, los jueces Al-Khasawneh y Simma discrepan con la insuficiente vinculación que la Corte hizo entre "obligaciones procesales" y "obligaciones sustantivas", sosteniendo que por el contrario, ambas están íntimamente relacionadas.[106]​ Relacionados con el conflicto se han producido diversos informes técnicos: Básicamente Uruguay sostiene que los informes realizados por las empresas y el realizado por el Banco Mundial han sido adecuadamente verificados por las autoridades, demuestran que las plantas no causarán contaminación alguna y son suficientes para construir, sin más trámites, las plantas en los sitios originalmente establecidos.[117]​ Sin embargo, las 48 horas de reflexión que se tomaron no fueron suficientes para resolver las diferencias.Debido a diferencias entre las delegaciones, Uruguay pidió una extensión del plazo para hacer su propuesta.No obstante, los asambleístas informaron que esperarían los resultados de las pruebas para determinar si retomaban las movilizaciones y el bloqueo del puente.