El Estado requiere un software que cumpla determinados requisitos[1] y varios de los mismos llevan a utilizar exclusivamente software libre.
Como ejemplos se tiene a Alemania, Argentina, Brasil, Cuba, Chile, China, Ecuador, España, Francia, México, República Dominicana y Venezuela, entre otros.
Pendiente incorporar información de los artículos 157 y 158 de la ley 40/2015 de 1 de octubre.