Persecución religiosa durante la guerra civil española
En líneas generales, se considera que las autoridades de la República o sus delegados no tuvieron un papel significativo en la violencia anticlerical desatada, sino que el acoso y los crímenes contra miembros del clero católico habrían sido consecuencia del vacío del poder estatal (anomia) y su fragmentación derivados de la situación revolucionaria que se desencadenó tras el golpe de Estado y continuó durante el inicio de la guerra.
En un estudio publicado en 2001, el investigador y sacerdote Ángel David Martín Rubio rebajó la cifra total de miembros del clero asesinados durante este periodo en la zona republicana a 6733.
[11] Sin embargo, a medida que se fueron conociendo los planes de actuación del nuevo Gobierno, en el mes de mayo de 1931, la prensa madrileña reflejó la división de opiniones en el seno de los sectores católicos, divididos entre los que desde las posiciones más "integristas" o "rupturistas", encabezada entre otros por el cardenal primado Segura[12] mantenían la identificación del catolicismo con la monarquía, y los que aceptaban la República[10] según la posición llamada "vaticana", que aunque conservadora, abogaba por posturas legalista y conciliadoras.
Los destrozos se extendieron a otras ciudades en la jornada del 11 de mayo, como Málaga, donde ardió el palacio episcopal, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Murcia o Valencia, provocando el pánico entre frailes y monjas.
La Constitución estipulaba, en su artículo 26, párrafo 3, la separación entre Iglesia y Estado y el sometimiento de las órdenes religiosas "que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado" (en referencia a su obediencia a la Santa Sede), a un Estatuto especial por el que se les prohibía la enseñanza.
[26] La mayoría de las víctimas asesinadas formaban parte del clero masculino y fueron ejecutados por fusilamiento en los llamados «paseos», nombre eufemístico con el que se conoció al procedimiento y aplicación arbitraria del asesinato político, sin ningún tipo de juicio o tribunal previo.
Pero las medidas llegaron demasiado tarde y así, el mismo vicario de Barcelona se negó a exponer el culto público, como tampoco aceptó el retorno del arzobispo de Tarragona Francisco Vidal y Barraquer, quien había sido salvado por la Generalidad de las milicias anarquistas y se había negado a firmar la Carta colectiva de los obispos españoles, ni la Santa Sede el envío de un legado a la Cataluña republicana.
Según Paul Preston, los 13 curas nacionalistas vascos asesinados en Guipúzcoa —uno de ellos el padre Celestino Onaindía Zuloaga, asesinado por ser hermano del canónigo Alberto Onaindía, amigo del presidente vasco José Antonio Aguirre— lo fueron a instancias de los carlistas.
En la carta añadió una lista de 189 curas a los que clasificaba entre «exaltados, nacionalistas y simpatizantes».
[46] Sin embargo, la opinión pública no supo del posicionamiento de Gomá y el 22 de diciembre, el lehendakari José Antonio Aguirre en una alocución para Radio Bilbao denunció además del asesinato, la persecución y destierro de sacerdotes por "ser amantes del pueblo vasco", intervención que fue replicada desde Pamplona el 13 de enero de 1937 por el cardenal en su Carta abierta al Sr. Aguirre negando los motivos expuestos por Aguirre, y explicando que dichos religiosos fueron fusilados "por haberse apeado del plano de santidad en el que tenían que haber permanecido".
Suscrita por 43 obispos y 5 vicarios capitulares, no contó sin embargo con la firma ni del arzobispo de Tarragona, Vidal y Barraquer ni del obispo de Vitoria Mateo Múgica, quien en septiembre de 1937, en carta a la Santa Sede, expuso sus razones para no rubricarla dado que, afirmaba,
No obstante, existe una versión compatible con la anterior , mediante testimonio oral recogido en la localidad.
Por su parte el párroco de Calamocha Francisco Jaime-Cantín, por intentar averiguar por qué habían fusilado a su hermano, aunque se trató más bien de una rencilla personal.
Se abrió una investigación pero quedó exonerado porque alegó que se había resistido a la detención —había sido acusado con pruebas falsas de participar en una conjura para asesinar a derechistas—.
[58] La represión alcanzó a los miembros de otras confesiones religiosas minoritarias.
La IERE denunció los obstáculos para su culto y agresiones durante una parte del franquismo.
[61] Otras fuentes promovidas por la Iglesia, entre ellas el estudio de Vicente Cárcel Ortí para la preparación del "catálogo de los mártires cristianos del siglo XX", solicitado por el papa Juan Pablo II en el marco del Gran Jubileo del Año 2000 amplían la estimación con 3000 seglares, en su mayoría pertenecientes a la Acción Católica, con lo cual estiman en torno a 10000 el número de víctimas pertenecientes a organizaciones eclesiásticas.
[62] Los obispos asesinados fueron: La magnitud e intensidad de la tragedia, para la cual hay un consenso general entre los especialistas e historiadores, es destacada por Antonio Montero Moreno, autor del estudio de los años sesenta, en su concentración en el tiempo:[63] Por su parte, el historiador británico e hispanista Hugh Thomas, contextualiza la persecución religiosa a los comportamientos criminales en ambos bandos y destaca su extremismo, comparable según él, a otros periodos sangrientos de la historia europea: El también hispanista e historiador conservador estadounidense Stanley G. Payne enlaza la magnitud del caso con otros periodos revolucionarios:[64] Simultáneamente a los casos de violencia contra las personas, resultó afectada una gran parte de las propiedades y bienes eclesiásticos así como del patrimonio cultural asociado a las obras de arte en ornamentación, retablos, imágenes y lienzos, hechos que los autores católicos denominan "el martirio de las cosas".
Desde los primeros días del conflicto, diversas unidades combatientes del bando sublevado adoptaron la simbología católica en sus distintivos e integraron a numerosos religiosos en labores de asistencia religiosa pero también de adoctrinamiento.
Aunque como recordaba en 1993 Gabriele Ranzato[68] no existen prácticamente casos documentados y contrastados de participación directa de religiosos en la violencia, salvo en circunstancias no muy claras, algunos casos adquirieron popularidad como el ejemplo citado en las memorias del general sublevado Queipo de Llano recopiladas por Antonio Bahamonde,[69] sobre los "curas guerreros", que el autor denomina los "anti-mártires", como el llamado el "cura-legionario" de Zafra.
Esta situación se hizo más patente tras la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, y ha sido denominada por muchos autores como "nacionalcatolicismo"; entre otras características, se multiplicaron los actos religiosos y ceremonias fúnebres en memoria de las víctimas.
La investigación se llevó a cabo de manera sistemática y detallada en toda España bajo la responsabilidad del fiscal jefe de la Causa General, figura establecida en 1943, y duró prácticamente hasta 1960.
La enorme documentación acumulada fue dividida en once piezas o capítulos, uno de ellos abierto expresamente bajo el epígrafe Persecución religiosa: Sacerdotes y religiosos asesinados y conventos destruidos o profanados.
Sin embargo, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, las discrepancias entre la Santa Sede, que se había manifestado tímidamente en contra del fascismo y del nacionalsocialismo, y el régimen franquista, interrumpieron los procesos tempranos emprendidos de beatificación al pretender este último, desde un interés político, que se realizaran de manera masiva.
[71] Según el Código de Derecho Canónico vigente entonces, estos procesos no podían llevarse a cabo antes de cincuenta años tras el fallecimiento del futuro beato.
Hasta el 2007 se han realizado diez ceremonias de beatificación, que incluyen a 471 mártires, de los que 4 son obispos, 43 sacerdotes seculares, 379 religiosos, y 45 laicos.
La argumentación usada por la Santa Sede para abordar la beatificación únicamente de personas asesinadas en la zona republicana es que la Iglesia no procede a la beatificación de ninguna persona si en su asesinato se mezclan, aparte de lo que consideran motivos exclusivamente religiosos, motivaciones políticas, o existen serias dudas sobre si en la muerte pesaron más otras causas que las estrictamente religiosas.
De esta forma, los sacerdotes vasconavarros, asesinados por "separatistas", no podrían ser considerados mártires.
