[1]​ Los disturbios comenzaron en Madrid durante la inauguración del Círculo Monárquico de la calle de Alcalá y rápidamente se extendieron por otras ciudades del sur y el levante peninsular.

Por último se modificó la ley electoral de 1907 para que los sacerdotes pudieran presentarse como candidatos en las elecciones.

[25]​ Durante el acto, hicieron sonar la "Marcha Real" en un gramófono y algunos de los asistentes se asomaron al balcón para dar vivas al rey y a la monarquía y lanzaron pasquines del periódico clandestino El Murciélago en el que se llamaba a «hacer la vida imposible a esta caricatura de República».

Cuando varios transeúntes se acercaron para ayudarlo increpando al grupo monárquico también fueron golpeados.

Empezó con el intento de asalto a la sede del diario ABC en la calle Serrano que estaba custodiada por la policía.

Hubo un tiroteo que ocasionó dos muertos: el portero de una finca cercana y un niño.

También paraban a los taxis alegando que se había declarado la huelga del sector y les amenazaban con quemar sus vehículos si seguían trabajando.

Hacia la medianoche un exaltado disparó contra la multitud congregada en la Puerta del Sol hiriendo a una persona y luego fue linchado.

Si sale la Guardia Civil, yo dimito»» —sin embargo, Alcalá Zamora escribió en sus Memorias que Azaña «no se opuso ni por un instante a la declaración del estado de guerra»—.

[36]​ A otro ministro, según Maura, le hizo gracia que fuesen los jesuitas los primeros en pagar «tributo» al «pueblo soberano».

[33]​ Un testigo de los acontecimientos fue un muy joven Julio Caro Baroja, quien relató más tarde lo que vio:[38]​

(...) Por tener mi domicilio cerca, vi arder el convento de los carmelitas.

Recuerdo cómo dos o tres hombres sacaron a un fraile viejo, alto, de buen aspecto, custodiado, para que nadie se metiera con él, mientras que otro reprendía a un compañero, que -al parecer- quería llevarse un tomo o unas láminas del pobre repertorio enciclopédico: "Camarada, no hemos venido aquí para robar", etc.

[39]​ Pero mientras Madrid recuperaba la calma, la quema de conventos y de otros edificios religiosos se extendía a otras poblaciones del este y el sur peninsular (los sucesos más graves se produjeron en Málaga).

Por el contrario, allí donde los gobernadores civiles y los alcaldes actuaron con contundencia no hubo incendios.

Los incidentes se prolongaron durante la madrugada y todo el día 12 de mayo.

Un periodista subido en su coche por la carretera de Colmenar, describió la ciudad:[45]​ El día 12, a las doce y media, se declaró el estado de guerra que no contuvo ni la violencia incendiaria ni los saqueos.

Gómez Caminero envió un telegrama a Azaña con el siguiente contenido:[47]​[48]​ Dicho gobernador militar fue destituido el día 14 de mayo,[45]​ para al poco tiempo ser ascendido a general de División.

Málaga fue la ciudad española más afectada durante estos trágicos sucesos, y buena parte de su patrimonio religioso, artístico, cultural e histórico fue destruido para siempre.

Hubo 150 heridos trasladados a los hospitales, por enfrentamientos contra las fuerzas del orden o siniestros durante la realización de saqueos como caídas y aplastamientos.

La visión diaria de los edificios calcinados duró años y, en algunos casos, décadas.

También estallará un artefacto en el convento de las Carmelitas y se intenta agredir a varios sacerdotes en la Gran Vía.

Gracias a la intervención del alcalde Lorenzo Carbonell se logró evitar la quema de Santa Faz.

[63]​ Algo parecido piensa Pilar Mera Costas, quien tras preguntarse «¿por qué el Consejo de Ministros esperó y no pudo controlar la situación hasta dos días después?» responde lo siguiente:[64]​

Sin embargo, el Papa Pío XI el 17 de mayo se referiría a la «gravísima» responsabilidad de los que no habían «impedido oportunamente» que los sucesos se produjeran.

[60]​ La izquierda republicana y los socialistas hablaron de la existencia de una conspiración monárquica y clerical, e interpretaron los hechos como un «aviso para el Gobierno Provisional» sobre la política moderada que había llevado hasta esos momentos.

[62]​ Las logias masónicas también expresaron al gobierno su descontento por su contemporización con los elementos conservadores, clericales y monárquicos.

[66]​ El gobierno llegó a acordar incluso la expulsión de los jesuitas, aunque finalmente no se consumó.

[3]​ Dos meses después, y en pleno debate en las Cortes Constituyentes recién abiertas sobre la nueva Constitución en el que la “cuestión religiosa” estaba siendo la más polémica, se producía un nuevo incidente que enturbió aún más las relaciones de la República y la Iglesia católica y en el que el Cardenal Segura volvía a ser protagonista.

El día 17 de agosto entre la documentación incautada al vicario de Vitoria, Justo Echeguren, que había sido detenido tres días antes en la frontera hispano francesa por la policía, se encontraron unas instrucciones del Cardenal Segura a todas las diócesis en las que se facultaba a los obispos a vender bienes eclesiásticos en caso de necesidad.