Así, el objetivo no es solo contribuir a disminuir la incidencia del CO2 en el cambio climático, sino también en reducir la dependencia de muchos países de los combustibles fósiles y progresar hacia una economía ecológicamente sostenible.
En 2009, países como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, o la provincia canadiense de Columbia Británica ya aplican algún tipo de impuesto sobre el carbono, a veces parcial, y otros como Francia, han anunciado que lo implantará en 2010.
[4] La introducción del impuesto se destina a promover actividades, servicios o productos menos devoradores de energía y a fomentar el ahorro energético allí donde el consumo de energía es alto (como en zonas urbanas, donde se consume gran cantidad de energía en hogares, industrias, transportes, etc).
[5] El impuesto sobre el carbono no tiene como principal objetivo proporcionar recursos para el presupuesto general, sino cubrir los gastos efectuados por los perjuicios del CO2 (en tanto que principal gas de efecto invernadero emitido por los seres humanos) y alentarlos a reducir su producción.
[7] Por tanto, es posible gravar el consumo de esta energía, teniendo en cuenta que cuando no es quemada, sino transformada (como en los plásticos), también emitirá dióxido de carbono al ser incinerados como desperdicios.
Al aplicar el mismo tipo impositivo a todas las formas de combustión no se promueven los procesos más eficientes, lo que es contraproducente.
El impuesto sobre el carbono se está aplicando en cantidades diferentes dependiendo del país.
Así, frente a países competidores que no aplican el impuesto, se reduce la competitividad de las empresas que emiten gran cantidad de CO2 y, si el montante del impuesto se redistribuye, la competitividad de las que emitan poco CO2 será mayor.
Es de esperar que los productos alternativos representen unos recursos fiscales importantes, pero el temor a que este no sea el caso es suficiente para alimentar la resistencia a la introducción de este impuesto.
La productividad, en el cuadro de una economía ecológica, debe tener en cuenta la energía y las materias primas, cuyo costo aumenta.
[12] Los incentivos, subsidios, incentivos para los consumidores y las empresas para que tengan un comportamiento correcto en áreas específicas, pueden conducir a transferencias y que lo que se ahorra por un lado sea transferido a otro lugar, por ejemplo: Generalmente, solo un aumento de precios superior al del nivel de vida incentiva a reducir las emisiones, la mera reducción de las emisiones por unidad de producción como es el caso, se traducen en un mayor aumento en el número de unidades consumidas y en el consumo general.
Así, en Europa en 2006, la gasolina súper sin plomo se gravaba en promedio con 240 € por tonelada de CO2, el gasóleo con 160 €, el fuel para calefacción 74 € y 1 € solo para el carbón.
[13] En 2006, según ADEME, el impuesto implícito promedio por tonelada de CO 2 emitida varía entre 15 € para Estonia hasta 106 € en Suecia y 64 € en Francia.
Sin embargo, estas bajadas podrían, al menos parcialmente, ser atribuidas a la subida de los precios del petróleo y a la revalorización del dólar entre 1999 y 2001.
Los ingresos del impuesto han sido utilizados para subsidios a las industrias para que invierten en las tecnologías ecológicas.
Esta evolución ha sido favorecida por la intervención financiera masiva del gobierno para promover energías renovables, permitiendo una transición rápida de las industrias del carbón hacia las energías verdes.
[19] Es una tasa ecológica que se suma a los impuestos normales sobre la energía.
[20] El impuesto sobre el carbono, también conocido en Francia como contribución a la climo-energía, aparece en los compromisos asumidos en sus Encuentros sobre el medio ambiente.
[21] La contribución climo-energética está cercano, en Francia, del impuesto general sobre las actividades contaminantes.
Los hogares no están involucrados (pero se vieron afectados por el aumento de los impuestos especiales a los hidrocarburos, del 5 a 6% por año entre 1993 y 2000), ni las energías renovables y la cogeneración .
Es un impuesto según la cantidad de combustible consumido (petróleo, gas natural y carbón).
A las industrias les fueron concedidas fuertes exenciones (pagar solo el 25% de tasa en 1991 y el 50% actualmente).
Todos los impuestos sobre el medio ambiente de Suecia en 2005 representaron el 2,9% del PIB.
[25] También la tasa permitió al país reducir sus emisiones de CO₂ en un 9% desde hace la creación del impuesto.
[27] El impuesto se aplica a los combustibles fósiles utilizados con fines energéticos, como el carbón para calefacción o el gas natural.
Combustibles como la gasolina y el diésel no se ven afectados por el impuesto.