Antonio Domingo Bussi

[4]​ Fue condenado a cadena perpetua por graves delitos de lesa humanidad[3]​ y murió en 2011.

En 1951 obtuvo el grado de teniente, y fue destinado como instructor al Liceo Militar General San Martín.

En el ínterin había contraído matrimonio con Josefina Beatriz Bigoglio, de Monte Caseros, que le daría cuatro hijos.

En esa condición fue enviado a recibir instrucción en el Command and General Staff College de Fort Leavenworth (Kansas, Estados Unidos).

A su regreso, retornó al Estado Mayor General, donde ocupó la secretaría primero y la jefatura de finanzas más tarde.

Bussi trasladó el centro clandestino de detención que su predecesor Vilas había instalado en Famaillá al Ingenio Nueva Baviera, y ordenó la descentralización de las torturas, estableciendo varios puntos a ese efecto; la maniobra fue realizada para evadir las inspecciones de los organismos internacionales, a los que engañó ocultando o trasladando a los prisioneros ante sus visitas.

[11]​ Una testigo, durante el juicio realizado en España al excapitán Adolfo Scilingo, declaró: Como gobernador de Tucumán su gestión estuvo marcada por el autoritarismo y la represión como nunca antes experimentada en la provincia de Tucumán.

[14]​ Numerosos ciudadanos particulares sufrieron la incautación de sus bienes, siendo el caso más notorio, el desapoderamiento de los bienes de la familia Siderman, cuyos miembros fueron secuestrados y obligados a admitir negocios ilegales para que luego el estado provincial interviniera sus empresas y ocupara sus propiedades.

Otro asesinato con connotaciones políticas graves, fue el del dirigente radical Ángel Pisarello, secuestrado por un grupo de tareas en junio de 1976, desaparecido, y finalmente encontrado su cadáver en una zona montuosa en los límites entre Tucumán y Santiago del Estero.

La represión alcanzó a otros dirigentes políticos de origen peronista, siendo muchos de ellos desaparecidos o asesinados, tal como aconteció con el vicegobernador peronista, electo en 1973, Dardo Francisco Molina.

Estudiantes y docentes fueron desaparecidos en redadas nocturnas para luego ser llevados a los centros clandestinos de detención dispersos en el territorio provincial.

En esas elecciones, el naciente bussismo como fenómeno político obtuvo un número respetable de electores en el Colegio Electoral que debía elegir al sucesor del gobernador peronista Pedro Fernando Riera.

Su irrupción política y la división existente en el peronismo entre los «renovadores» y los «cirnigliaristas» —una división conyuntural del peronismo tucumano— impidieron que el radical Rubén Edgardo Chebaia fuera electo gobernador, a pesar de ser el candidato con mayor número de votos en toda la provincia.

Con un discurso centrado en la defensa de lo actuado por la dictadura militar y por Antonio Domingo Bussi durante la etapa del Proceso de Reorganización Nacional, el repudio a los partidos tradicionales —la partidocracia— y la lucha contra la corrupción del estado provincial.

El bussismo obtuvo varias intendencias, entre ellas las de San Miguel de Tucumán, diputados nacionales y legisladores provinciales, lo que le permitió crear redes clientelistas en todo el territorio provincial, conformando a Defensa Provincial-Bandera Blanca como un partido de alcance provincial.

Por ese motivo fue suspendido durante tres meses al frente del Poder Ejecutivo Provincial entre marzo y mayo de 1998, para ser sometido a juicio político, en el cual fue absuelto debido a la mayoría de su partido en la Legislatura provincial.

Para 1998 Walter Kleiman diputado provincial de Fuerza Republicana (el espacio bussista) admitió que Bussi tenía una cuenta en Suiza con un depósito cercano a los 100 000 dólares.

Sin embargo, la Cámara de diputados rechazó su diploma, por considerar que su «participación activa en crímenes de lesa humanidad»[18]​ y su peculado lo inhabilitaban moralmente para ejercer el cargo.

El juicio y las denuncias estuvieron a cargo del jueces federales Sergio Torres, Jorge Urso y Guillermo Montenegro, en la provincia de Buenos Aires durante su transcurso ya se rumoreaba sobre su salud.

[3]​ En los últimos años, Bussi sufrió varias recaídas en su frágil salud, lo cual le impidió presenciar algunas audiencias de los juicios en los cuales fue condenado a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Antonio Domingo Bussi asume la gobernación de la provincia de Tucumán, luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 bajo la mirada del general Luciano Benjamín Menéndez . Mes de marzo de 1976.
Antonio Bussi en 1987.