Crisis de los controladores aéreos en España en 2010

Se retomaron las negociaciones entre la operadora aeroportuaria Aena y los controladores, nombrando las partes un arbitraje obligatorio en caso de no llegar a acuerdo.La normativa aprobada durante la crisis y en los meses previos estableció las bases para la posterior privatización de Aena.[13]​[14]​ Éstos lo rechazaron afirmando que la principal causa de la deuda eran las «inversiones en infraestructuras, algunas faraónicas y otras insostenibles por su inviabilidad económica (nuevos aeropuertos o ampliaciones).El convenio incrementó en un 32,4 % el salario de los controladores y estableció la jornada laboral máxima de un controlador que trabajaba a turnos en 1200 horas anuales, pero debía descansar por ley el 33 % del tiempo en los turnos diurnos y el 50 % en los nocturnos.[30]​ Tres días después el Gobierno publicó el decreto 1/2010 que modificaba unilateralmente las condiciones laborales de los controladores.Entre otras cosas, ampliaba la jornada anual en un 45 % (de 1200 horas pasaba a 1750) y reducía los descansos.[31]​ Usca reaccionó afirmando que el decreto vulneraba el derecho a la negociación colectiva recogido en la Constitución y en el Tratado de Lisboa.[34]​[35]​ El sindicato de pilotos SEPLA expresó su preocupación por el procedimiento utilizado y las repercusiones que pudiera tener en la seguridad.Sin embargo en el trámite parlamentario de convalidación del decreto sólo IU votó en contra.[40]​ A partir de ese momento, las diferencias entre controladores y administración o Aena fueron constantes en 2010.Sin embargo no llegó a convocarse ya que se desbloquearon las negociaciones y en agosto se llegó a un acuerdo con Aena sobre la jornada y la masa salarial que supondría un recorte del 40 % en el salario.En el mismo mes, los ministerios de Fomento y Defensa acordaron un protocolo para «garantizar el máximo nivel posible de seguridad, eficacia y continuidad en la prestación del servicio de tránsito aéreo», por lo que Fomento se comprometía a capacitar a los controladores militares para que, llegado el caso, pudieran hacerse cargo del tráfico aéreo civil, no tanto suplirlos, como identificar los puestos críticos para poder atender las necesidades más urgentes.[51]​ Los controladores aéreos contestaron que la entidad pública computaba de forma singular el absentismo, considerando como tal «cualquier ausencia del trabajo».[6]​ Los controladores sostienen que todos los trabajadores excepto dos habían acudido al trabajo en el cambio de turno y ninguno abandonó su puesto después, extremo que responsables de Aena confirmaron posteriormente en sede judicial.[65]​ El controlador estudioso del conflicto, Antonio E. Berrocal, ha afirmado que en realidad esta militarización de los aeropuertos ya estaba acordada desde mucho antes.El Real Decreto delegaba la autoridad gubernativa en los siguientes términos:[77]​ Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, los controladores empezaron a recibir en sus domicilios un burofax oficial y un correo electrónico del ministerio de Fomento en el que se señalaba:[73]​ La legalidad de la declaración del estado de alarma, en cuanto a si los hechos la justificaban, resultó polémica en el ámbito académico, con destacados juristas tanto a favor como en contra.En total el día 4 se consiguió operar con 412 vuelos de los 4300 que estaban previstos, algo menos del 10 %.Los controladores sostenían que la plantilla, a la que se le habían aumentado las horas (al convertir las extraordinarias voluntarias en horas ordinarias obligatorias) y rebajado el sueldo (de unos 350 000 euros, según Aena,[90]​[91]​ a 200 000 brutos, 140 000 según Usca[92]​) no podía garantizar el trabajo.[102]​ Aena emprendió acciones contra los controladores que se negaron a trabajar basadas en su propio conocimiento o en las denuncias de particulares.[107]​[108]​ Conde Pumpido afirmó sobre la gravedad de los hechos:[109]​[110]​ Los fiscales habían analizado además otras posibilidades que ofrecía la legislación.Previamente la Fiscalía había citado a 26 controladores que habían ejercido su derecho a no declarar, argumentando que se les debía interrogar en el marco de la jurisdicción militar al estar bajo estado de alarma.La propia fiscalía había solicitado el sobreseimiento al no apreciar que se cumplieran los requisitos para formular acusación.Finalmente, en 2022, la Audiencia Provincial de Madrid la revocó, absolviendo así a todos los encausados al encontrar que el proceso en primera instancia se había sustentado en una prueba exigua y había desatendido los testimonios propuestos por los acusados.Este proceso judicial es, por tanto, el único de los 22 que no ha terminado con la exoneración a los controladores.Se eligió a Manuel Pimentel, que fue ministro de Trabajo en el primer Gobierno de José María Aznar, separado desde su dimisión en 2000 del Partido Popular, que era ingeniero agrónomo, licenciado en Derecho, escritor y editor.En ese sentido indicó que había tratado de conjugar jornada, salario y productividad para acercar el resultado a la media europea.[136]​ Estos señalaron días después su satisfacción con el laudo, agradeciendo la labor del árbitro y considerando que se sentaban las bases para un futuro convenio.[137]​ El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló el 6 de diciembre que si las medidas adoptadas «han dado los resultados deseados, que eran restituir la normalidad en una grave crisis del sistema aeroportuario en menos de 24 horas» era porque habían sido las adecuadas.[103]​ El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló que sucesos como estos no se volverían a repetir en el futuro,[103]​ y dirigentes del Partido Socialista Obrero Español acusaron al Partido Popular de haber estado en connivencia con los controladores dadas las reuniones que mantuvieron con ellos en fechas próximas al conflicto.Durán i Lleida abogó que la solución al conflicto pasa por una reestructuración del sistema aeroportuario español:[143]​[139]​ El portavoz de Partido Nacionalista Vasco, Josu Erkoreka, también dio su apoyo a la declaración del estado de alarma.