Tuvieron como finalidad jurar a Isabel de Castilla princesa heredera del trono, consensuar las reformas necesarias para poner orden en el reino y, como era habitual, otorgar un servicio fiscal al monarca.No todas las ciudades con voto en Cortes estuvieron presentes en estas reuniones, y otras retardaron notablemente el envío de sus representantes.[1] En la circular enviada a las ciudades, el monarca manifestó dos razones para efectuar dicha convocatoria.Al día siguiente, comunicaron a la ciudad que su petición a Enrique IV referente a poder acuñar moneda menuda en ella por los problemas que atravesaba no podía ser válida hasta consensuar primeramente entre todos los procuradores una reforma monetaria general, sobre la que luego se podrían fijar las excepciones y los casos especiales.En otra carta dirigida a los procuradores reunidos en Ocaña anunció, por fin, el envío de sus representantes.Al igual que ocurrió con Cuenca, los procuradores reunidos en Ocaña junto a Enrique IV rogaron a León que envíase sus procuradores, aunque en realidad en términos más duros, pues afirmaron que de persistir en su negativa iniciarían los debates y tomarían los acuerdos necesarios como si las Cortes estuviesen completas.La misma actitud sostuvo la ciudad de Guadalajara, que defendía la causa de Juana la Beltraneja, la cual precisamente se disputaba la sucesión con la que iba a ser jurada princesa heredera en estas Cortes: Isabel.El 15 de marzo de 1469 los procuradores reunidos en Ocaña elevaron al rey una petición que pedía, con base en un juramento hecho por Juan II en 1442 y también suscrito por él mismo, que no se enajenasen del patrimonio real ninguna renta, tierra, ni vasallos, pues se hallaba prácticamente esquilmado en su totalidad.Dos días después, el 21 de marzo, los procuradores se reunieron con la princesa Isabel en las casas del licenciado de la Cadena, en Ocaña, donde la futura heredera del trono dio lectura del documento y, en lo que vino a ser un acto simbólico, afirmó que ella haría todo lo posible para que su hermano Enrique IV cumpliese la petición.[1] Las primeras peticiones vienen en sintonía con el documento presentado al monarca en marzo.Además, hacen un llamado a la rebelión antiseñorial cuando le piden al rey que autorice a las villas y ciudades concedidas a la nobleza en los últimos años a armarse y sublevarse contra sus señores:[2] El monarca respondió que, si bien reconocía la validez de estas peticiones, se veía impotente para cumplirlas, y que su aplicación acarrearía peores daños al reino de los ya vividos en la guerra civil.Se enumeran, entre otras, las quitaciones fijas asentadas en los libros reales y los juros vitalicios o por heredad, todas las cuales, según los procuradores, significaban un gasto enorme para el Estado y debían ser suprimidas o recortadas sin excepción alguna.Los procuradores expusieron el tema monetario como de máxima urgencia, pues consideraron que perjudicaba no solo a los pobres y mendigos sino también a otras capas sociales más beneficiadas; era, en fin, la raíz del desorden económico en que estaba sumido el reino.[1] La recaudación de estos seis cuentos se dividió en dos años, con tres cuentos a recoger por cada uno, y en dos monedas y pedido, al igual que la de la totalidad del servicio.Otras medidas propuestas contemplaron: El cumplimiento de todas estas disposiciones correría a cuenta de unos procuradores que residirían en la Corte, y que terminaron constituyendo la diputación permanente.Como era habitual en toda reunión de Cortes, los procuradores recibieron dádivas y honorarios por parte del monarca.A continuación se presenta la lista de dichos procuradores:[1] Por Burgos: Por León: Por Zamora: Por Toro: Por Salamanca: Por Segovia: Por Ávila: Por Soria: Por Valladolid: Por Cuenca: Por Madrid:
