El Directorio Militar de Primo de Rivera o Directorio Militar de Primo de Rivera ( en español : Directorio Militar ) constituyó la primera etapa de la Dictadura de Primo de Rivera instaurada en España durante el reinado de Alfonso XIII tras el triunfo del golpe de Estado de Primo de Rivera del 13 al 15 de septiembre de 1923. Directorio Militar era el nombre que recibía la institución integrada exclusivamente por militares (ocho generales y un contralmirante) que, bajo la presidencia del general Miguel Primo de Rivera , debía asesorarle en las funciones de gobierno y en la promulgación de los decretos que tendrían fuerza de ley —las Cortes elegidas en abril de 1923 estaban clausuradas—. En diciembre de 1925 el Directorio Militar fue sustituido por un gobierno en el que había militares y civiles presidido también por Primo de Rivera, que sería conocido como Directorio Civil , que constituyó la segunda y última etapa de la Dictadura primorriverista, finalizando en enero de 1930.
El régimen del Directorio Militar, al igual que otros regímenes militares corporativistas establecidos en Europa del Este y del Sur en el período de entreguerras , se diferenciaba del fascismo —instaurado en Italia tras la marcha sobre Roma en octubre de 1922— en que se trataba de un sistema de partido único pero bajo la tutela del gobierno y que el aparato estatal seguía controlado por las antiguas clases dirigentes que solo permitían cambios limitados. Sin embargo, según el historiador Eduardo González Calleja , «la dictadura primorverista también tenía algunas similitudes con el fascismo», como el corporativismo . [1]
Durante esta primera etapa, la Dictadura logró dos grandes éxitos: la solución del problema de Marruecos (incluida la cuestión de las responsabilidades que quedaron archivadas) y el restablecimiento del orden público en Cataluña (dos cuestiones en las que la «vieja política» de los partidos de entonces había sido derrotada). Una vez solucionados estos dos problemas, la «dictadura con rey», como la ha denominado el historiador Santos Juliá , se planteó su continuidad con la fundación de un nuevo régimen político, de tipo autoritario, basado en un «partido único» —la Unión Patriótica— al estilo de la Italia fascista . [2]
Desde el desastre del 98 se produjo una creciente intromisión del Ejército en los asuntos políticos de España. Dos momentos clave de esta actitud pretoriana del Ejército fueron la crisis del Cu-Cut! de 1905 —el asalto por parte de oficiales de la guarnición de Barcelona a la redacción y los talleres de esta publicación satírica nacionalista en respuesta a una caricatura sobre el Ejército— que desembocó en la Ley de Fueros de 1906, y la crisis española de 1917 , en la que cobraron especial protagonismo las autoproclamadas Juntas de Defensa , integradas exclusivamente por militares. La culminación de este proceso fue el golpe de Estado de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923, que fue, según el historiador Eduardo González Calleja , «la primera intervención corporativa de las Fuerzas Armadas» que, a diferencia de la proclama del siglo XIX, creó «el primer auténtico régimen pretoriano de nuestra historia —el Directorio Militar— , trasladando los valores y actitudes del Ejército al conjunto de la vida pública». [3]
Cuando Primo de Rivera y el rey Alfonso XIII se reunieron el 15 de septiembre de 1923 en el Palacio de Oriente , acordaron una fórmula que guardaba apariencia de legalidad constitucional. Primo de Rivera sería nombrado «Jefe del Gobierno» y «ministro único», asistido por un Directorio Militar, formado por ocho generales de brigada , uno en representación de cada región militar , y un contraalmirante , Antonio Magaz y Pers, marqués de Magaz, en representación de la Armada . [4]
La Gaceta de Madrid del día siguiente publicó el Real Decreto, firmado por el Rey y refrendado por el ministro de Gracia y Justicia Antonio López Muñoz , de nuevo para guardar la apariencia de legalidad, que decía: «Nombro al frente del Gobierno al Teniente General Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella». [5] En el mismo número de la Gaceta de Madrid del 16 de septiembre aparecía el primer real decreto que Primo de Rivera había presentado al Rey para su firma, creando un Directorio Militar presidido por él y que tendría «todas las facultades, iniciativas y responsabilidades inherentes a un Gobierno en su conjunto, pero con una sola firma» y que se proponía «constituir un breve paréntesis en la marcha constitucional de España». En su Exposición , publicada en la prensa bajo el titular Un decreto histórico, se declaraba: [6]
Señor: Designado por Vuestra Majestad para formar Gobierno en tiempos difíciles para el país, que he contribuido a provocar, inspirado por los más altos sentimientos patrióticos, sería una deserción cobarde vacilar en aceptar el cargo que conlleva tantas responsabilidades y obliga a tanto trabajo fatigoso e incesante. Pero Vuestra Majestad sabe bien que ni yo, ni el pueblo que conmigo ha propagado y proclamado el nuevo régimen, nos creemos capacitados para el desempeño concreto de los cargos ministeriales, y que era y es nuestro propósito constituir un breve paréntesis en el progreso constitucional de España, para establecerlo tan pronto como el país nos ofrezca hombres no contagiados de los vicios que imputamos a las organizaciones políticas, para que los podamos ofrecer a Vuestra Majestad para que se restablezca pronto la normalidad. Por esta razón me permito ofrecer a Vuestra Majestad la formación de un Directorio Militar, presidido por mí, que, sin asignación de cargos ni categorías de ministros, tendrá todas las facultades, iniciativas y responsabilidades inherentes a un Gobierno en conjunto, pero con una sola firma, que someteré a Vuestra Majestad; por eso debo ser yo el único que, ante Vuestra Majestad y el notario mayor del Reino, y con toda la unción y patriotismo que el acto solemne requiere, se arrodille ante los Santos Evangelios, jurando fidelidad a la Patria y al Rey y al propósito de restablecer el imperio de la Constitución tan pronto como Vuestra Majestad acepte el Gobierno que os propongo. Bajo este aspecto, Señores, el país nos ha recibido con clamorosa acogida y confortable esperanza; y creemos que es un deber elemental modificar la esencia de nuestra acción, que no puede tener otra justificación ante la Historia y la Patria que el desinterés y el patriotismo. Madrid, 15 de septiembre de 1923.
— Exposición, Sr.: ALRP del VM Miguel Primo de Rivera.
El artículo 1 del Real Decreto confería a Primo de Rivera el cargo de «Presidente del Directorio Militar encargado del Gobierno del Estado, con facultades para proponerme cuantos decretos convengan a la salud pública, que tendrán fuerza de ley». El artículo 2 establecía que el Directorio estaría formado por su presidente y ocho generales de brigada, uno por cada región militar, más un contraalmirante de Marina. El artículo 3 establecía que el Presidente del Directorio sería quien firmaría los decretos, «con facultades de Ministro único», y «con el previo asesoramiento del Directorio». En el 4 se suprimían los cargos de Presidente del Consejo de Ministros, Ministros de la Corona y Subsecretarios, salvo los Subsecretarios de Estado y de Guerra. [5]
El día 17, la Gaceta de Madrid publicó la disolución del Congreso de los Diputados y de la parte electiva del Senado , de acuerdo con la facultad que confiere al Rey el artículo 32 de la Constitución , aunque con la obligación de convocarlos de nuevo en el plazo de tres meses. El 12 de noviembre, una vez transcurrido el plazo, los presidentes del Congreso y del Senado, Melquiades Álvarez y el conde de Romanones , respectivamente, se presentaron ante el rey para que convocase las Cortes, recordándole que ese era su deber como monarca constitucional. La respuesta que recibieron fue su destitución inmediata de los dos cargos que ostentaban. Primo de Rivera lo justificó con estas palabras: [7]
El país ya no se impresiona con películas de esencias liberales y democráticas; quiere orden, trabajo y economía.
El 21 de diciembre de 1923 se llevó a cabo la primera reorganización del Directorio, pasando a ser una estructura colegiada, y por tanto los generales que formaban parte del mismo podían asumir la responsabilidad de un despacho ministerial, que hasta entonces había correspondido a Primo de Rivera, como «ministro único». También se restableció el puesto de subsecretario , hasta entonces ocupado únicamente por el general Severiano Martínez Anido en el Ministerio de la Gobernación , con facultades para participar en las reuniones del Directorio. Un nuevo paso hacia la conversión del Directorio en un gobierno de facto se dio en junio de 1924 cuando los miembros del Directorio pudieron firmar los decretos entregados al rey para su aprobación —competencia que hasta entonces había correspondido en exclusiva a Primo de Rivera—. [7]
El restablecimiento del «orden», considerado por los sublevados como quebrado, era el objetivo más inmediato. El método expeditivo empleado fue poner esta tarea en manos del Ejército, que gozaba, según Eduardo González Calleja, de «un poder omnipotente, no controlado por ninguna asamblea, exento de la responsabilidad política que exige un gobierno parlamentario, y empoderado hasta la arbitrariedad por la suspensión de la Constitución y la práctica desaparición de las normas inherentes a las libertades públicas». De esta manera, concluye González Calleja, la Dictadura transformó «la vida pública española en un estado de excepción permanente ». [8]
Tras la declaración del estado de guerra en toda España, que se prolongó hasta el fin del Directorio Militar en diciembre de 1925, [9] la siguiente medida dictada por Primo de Rivera para la militarización del «orden público» fue la sustitución de las autoridades provinciales y locales (gobernadores civiles, alcaldes, presidentes de las diputaciones) por personal militar —a partir de abril de 1924 los gobernadores provinciales serían sustituidos progresivamente por personal civil, si bien algunas de sus funciones más importantes, como la censura o el orden público, quedaron en manos de las autoridades militares—. [10] Después, los «delitos políticos» (entre ellos la exhibición de banderas no nacionales o el uso de lenguas no españolas en actos oficiales) [11] y buena parte de los delitos comunes como el robo a mano armada en tiendas y bancos, la manipulación de explosivos y los de traición y lesa majestad fueron atribuidos a la jurisdicción militar. [12]
Los encargados de aplicar la política de «orden público» fueron los dos máximos responsables de la misma durante los años más oscuros del pistolerismo en Barcelona: el ex gobernador civil, general Severiano Martínez Anido , nombrado subsecretario del Ministerio del Interior; y el ex jefe de la policía, general Miguel Arlegui, que ocupó la reestablecida Dirección General de Seguridad, de la que dependía el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad. Por otra parte, la Guardia Civil recuperó su autonomía tradicional, y los gobernadores civiles no tenían mando sobre ella. [13]
La declaración del estado de guerra y el resto de medidas de militarización del orden público y restricción de derechos y libertades consiguieron reducir el número de atentados —entre 1923 y 1928 hubo 51 atentados, frente a los 1.259 de 1919-1923— y se redujo el número de huelgas, aunque esto se debió también al crecimiento económico experimentado en los « felices años veinte ». [14]
Otra de las decisiones del Directorio que también tenía que ver con el orden público, y una de las primeras que acordó, fue un real decreto de 17 de septiembre, por el que se extendía la institución catalana del Somatén a todas las provincias de España. [15] Según el Real Decreto, el Somatén Nacional , nombre oficial que recibía, sería reclutado en el plazo de un mes por los capitanes generales , bajo el mando de un general de brigada . En el Decreto, Primo de Rivera explicaba que el Somatén no era sólo una fuerza auxiliar para el mantenimiento del orden público sino también un «espuela de los ánimos» para estimular la colaboración ciudadana con el nuevo régimen. A pesar de que Primo de Rivera en un discurso pronunciado ante Mussolini el 21 de noviembre de 1923 pretendió equipararlo a las « camisas negras » fascistas, el somatén «era un cuerpo armado de burgueses del orden, creado desde, por y para el poder», aunque en él también se integraban obreros procedentes de los Sindicatos Libres . Como decía Primo de Rivera, el Somatén “tiene como lema ‘paz, justicia y orden’, los tres principios de la verdadera democracia”. [16]
Con el fin de estimular el alistamiento de varones mayores de 23 años y fomentar el apoyo social a la institución, se organizaron innumerables actos cívicos, todos siguiendo el mismo ritual. [17] El Somatén tuvo un papel notable en la policía de las buenas costumbres, encargándose de establecer un cierto comportamiento cívico burgués conservador, con un fuerte componente religioso. [18] En la práctica, es posible diferenciar entre el Somatén rural, destinado a la represión de delitos comunes, como el robo, y el Somatén urbano, que actuaba bajo la tutela del Ejército y la Policía en la represión de los llamados «delitos sociales», como las huelgas . [19] Sin embargo, el Somatén se convirtió progresivamente en «un simple adorno coreográfico de la pompa y ceremonia del régimen, desfilando con sus insignias, armas y banderas en toda celebración o conmemoración oficial que requiriera su presencia», afirma González Calleja. [20]
Suspendida la Constitución de 1876 , las garantías de derechos y libertades quedaron sin efecto. Una de las más vigiladas fue la libertad de expresión . El mismo día de la designación del Directorio Militar, el 15 de septiembre de 1923, se instauró la más estricta censura de prensa . Según Eduardo González Calleja, "estaba prohibida casi cualquier crítica al gobierno, a sus hombres o a sus instituciones; la alusión a cualquier medida persecutoria desatada por la Dictadura contra sus presuntos enemigos; la apología de cualquier tendencia regionalista; las noticias sobre la declaración de huelgas y su desarrollo, de perturbaciones del orden público, robos, crímenes, escándalos, pornografía o chantajes; el comentario sobre los problemas de subsistencia, combustible o comunicaciones; la información detallada de los consejos de guerra o asuntos militares concernientes a Marruecos o Tánger; los ataques, chistes, ironías o caricaturas sobre personas o gobiernos extranjeros; la inserción de artículos sobre la situación en Rusia (por otra parte, el fascismo gozaba de un comprensible trato de favor) o el comentario de noticias sobre la Sociedad de Naciones contrarias a los intereses españoles". Las sanciones para quienes violaran estas normas podían ir desde una multa de 250 pesetas hasta la suspensión de la publicación. Numerosos periódicos fueron objeto de multas o suspensiones, especialmente el Heraldo de Madrid , «el periódico más perseguido por el régimen», y aparecieron en sus páginas espacios en blanco o rayas negras eliminando párrafos enteros. De esta forma, los periódicos dejaron de ser órganos de opinión. Una prueba del impacto de la censura es el hecho de que los 41 periódicos que se editaban en Madrid en 1920 se redujeron a 16 en el último año de la Dictadura. [21]
En 1924, el control de los periódicos quedó centralizado en la Oficina de Información y Censura, presidida inicialmente por el coronel Pedro Rico Parada, quien pasó a ser director del diario La Nación , órgano de la Unión Patriótica , un año después por el teniente coronel Eduardo López Vidal, quien escribía artículos bajo el seudónimo de Celedonio de la Iglesia . [22]
Otro de los derechos que se vio seriamente limitado fue la libertad de reunión al haberse declarado el estado de guerra . [23] Además, el Gobierno podía trasladar a los jueces y funcionarios judiciales, haciendo con ello ineficaz la división de poderes y la independencia del poder judicial, con la consiguiente indefensión de las personas físicas y jurídicas frente a los actos de la Administración. [24]
A los pocos días de consumarse el golpe de Estado, el nuevo Directorio Militar definió su política respecto a las organizaciones obreras: «Asociaciones obreras, sí, con fines de cultura, protección y mutualismo , e incluso de sana política, pero no de resistencia y lucha con la producción». [25] La aplicación de este principio explica en gran medida el distinto trato que recibieron la CNT anarcosindicalista y la UGT socialista . Primo de Rivera intentó atraer a los socialistas, provocando en su seno una división entre los partidarios de la colaboración con la Dictadura, encabezados por Julián Besteiro , Francisco Largo Caballero y Manuel Llaneza, y los contrarios, encabezados por Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos . Triunfó la posición del primer grupo y los socialistas se integraron en el Consejo de Trabajo a raíz de la absorción por este nuevo organismo del Instituto de Reformas Sociales, e incluso Largo Caballero formó parte del Consejo de Estado , lo que provocó la dimisión de Prieto de la ejecutiva del PSOE . [14] Por otra parte, la política de la Dictadura hacia la CNT fue de represión implacable. [26]
Las primeras medidas adoptadas por el Directorio Militar se encaminaron a controlar a los Sindicatos Únicos de la CNT , dominantes en Cataluña, exigiéndoles que presentaran sus estatutos, registros y libros de contabilidad, lo que sirvió además de coartada para cerrar sus sedes y encarcelar y desterrar sin juicio a sus dirigentes, haciendo uso las autoridades militares de las competencias que les confería la declaración del estado de guerra . Ante esta presión, muchas organizaciones obreras, como la Federación local barcelonesa de la CNT, optaron por pasar a la clandestinidad. En Sevilla, Pedro Vallina y varios miembros más del Comité Nacional de la CNT, que se había trasladado a esa ciudad andaluza en agosto de 1923, fueron detenidos y exiliados. Una de las consecuencias de la «virtual clandestinidad en la que estaba sumida la dirección de la CNT» fue su radicalización. [27]
En mayo de 1924, aprovechando la oportunidad que le brindó el asesinato del verdugo de Barcelona el 7 de mayo, la Dictadura prohibió los Sindicatos Únicos —y se clausuró el periódico cenetista Solidaridad Obrera— , lo que supuso el hundimiento de la CNT, sobre todo en Cataluña ya que allí estaba muy debilitada debido a la acción de los Sindicatos Libres , la brutal represión, el pistolerismo y las luchas internas de los «años de plomo» (1919-1923). [28] Al mes siguiente, junio de 1924, fue detenido el nuevo Comité Nacional de la CNT establecido en Zaragoza, «lo que impidió de forma permanente el funcionamiento regular del sindicato a escala nacional». [29]
Primo de Rivera se consideraba el « cirujano de hierro » que debía lograr el «desmantelamiento del caciquismo » del que había hablado Joaquín Costa a principios de siglo. [30] Como ha señalado González Calleja, la retórica regeneracionista impregnó el Manifiesto que utilizó Primo de Rivera para justificar el golpe de Estado y pocos días después declaró a la prensa: [31]
Veamos lo que nueve hombres de buena voluntad, trabajando intensamente nueve o diez horas diarias, pueden hacer en el espacio de noventa días.
Junto al restablecimiento de la “paz social”, el otro gran objetivo asignado a las nuevas autoridades militares provinciales y locales fue el de “regenerar” la vida pública desmantelando las redes caciquiles , una vez que la “oligarquía” de los políticos de turno ya había sido desalojada del poder —además, se creó un grupo especial Militar para dilucidar las presuntas irregularidades cometidas por diputados y senadores en el último lustro—. [32] Los nuevos gobernadores civiles, todos ellos militares, se encargaron de investigar los casos de corrupción, admitiendo de manera anónima las denuncias, y para auxiliar a los gobernadores se designaron delegados de gobierno, también militares, en cada partido judicial —se investigaron más de ochocientas corporaciones locales y se abrieron más de cien expedientes por haberse detectado irregularidades en ellas; fueron destituidos 152 secretarios de cabildos—. [33] [34]
La nueva figura del delegado del Gobierno fue creada por Real Decreto de 20 de octubre de 1923, cuyo artículo 1 establecía: [35]
Para cada cabeza de distrito judicial , y como delegados de los gobernadores civiles de las provincias, se designará un jefe o capitán del Ejército, quien les informará de las deficiencias funcionales de los Ayuntamientos que constituyen el distrito judicial correspondiente, proponiendo los remedios convenientes y promoviendo las nuevas corrientes de vida cívica en los pueblos.
Sin embargo, en la práctica, la medida de nombrar delegados del gobierno resultó «poco eficaz» porque entre ellos «también se dieron casos de corrupción» «y algunos llegaron incluso a convertirse en auténticos caciques». [36] Incluso fueron criticados por los propios políticos de la Dictadura, como José Calvo Sotelo , quien señaló que a menudo convertían sus demarcaciones en reinos de taifas , un territorio exento que gobernaban a su antojo , en detrimento de la autoridad del gobernador civil, sobre todo cuando el que mandaba era un civil. El republicano Eduardo Ortega y Gasset fue aún más lejos cuando declaró que España quedaba así sometida a un régimen similar al del protectorado africano, ya que la misión de los delegados del gobierno no era diferente a la de los administradores de la cábala marroquí. También fueron criticados por las autoridades locales, entre otras razones, porque parte de sus gastos de sueldo, alojamiento y representación eran pagados por las arcas municipales y porque abusaban de sus poderes. Por todas estas razones, el Directorio decidió reducir sus funciones y su número, pasando de 426 a 138 en enero de 1925, y quedaron bajo las estrictas órdenes de los gobernadores civiles (en 1927 quedaron reducidos a 72, trabajando como asesores de los gobernadores civiles). [37]
La reforma política a nivel local culminó con la promulgación del Estatuto Municipal de 1924, impulsado por el entonces Director General de Administración Local, el ex maurista José Calvo Sotelo . En el preámbulo del Estatuto se afirmaba que «el Estado, para ser democrático, debe apoyarse en municipios libres», pero los alcaldes seguían siendo designados por el Gobierno, y no elegidos por los vecinos. [30]
Otro paso en el «desmantelamiento del caciquismo » fue la disolución de las diputaciones provinciales en enero de 1924, con excepción de las del País Vasco y Navarra. Los gobernadores civiles fueron los encargados de designar a sus nuevos miembros entre profesionales y empresarios liberales, lo que provocó la desafección de los miembros de la Lliga Regionalista liderada por Josep Puig i Cadafalch , que en un primer momento habían creído en la buena voluntad regionalista de Primo de Rivera, ya que los designados en las cuatro diputaciones catalanas, al igual que en los ayuntamientos, eran españolistas, en su mayoría de la Unión Nacional Monárquica . [38]
Sin embargo, según Eduardo González Calleja , "la Dictadura no logró erradicar el caciquismo, sino cambiar a los titulares de los feudos". Además, pese a que "sus decisiones tuvieron un importante eco propagandístico que permitió reforzar la popularidad del régimen", "el carácter intervencionista de la política dictatorial en su conjunto incrementó la burocracia, y junto con ella el trato favorecido a quienes tenían intereses afines, la acumulación abusiva de cargos y las compensaciones salariales con gastos de representación, gratificaciones, etcétera. En definitiva, no se logró una verdadera reforma de la administración local o provincial, sino la supervivencia de actitudes clientelistas disimuladas con superficiales medidas de carácter disciplinario frente a las más flagrantes acciones corruptas o antipatrióticas". [39] En realidad, "la razón fundamental de la crisis del caciquismo durante el período de la Dictadura fue la marginación del poder durante tanto tiempo de los partidos de turno", aunque muchos caciques encontraron refugio en el partido único de la Dictadura, la Unión Patriótica. [40]
En el proyecto "regeneracionista" de Primo de Rivera la religión católica tuvo un papel muy importante, por lo que desde el primer momento proclamó la defensa de los intereses morales y materiales de la Iglesia, como se pudo comprobar en el discurso ultramontano pronunciado por el rey Alfonso XIII en noviembre de 1923 ante el Papa Pío IX en Roma: [41]
Si un día... la fe exigiera a los católicos los mayores sacrificios; y si, en defensa de los perseguidos, nuevo Urbano II , levantarais una Cruzada contra los enemigos de nuestra santa religión, España y su rey, fidelísimos a vuestros mandatos, no desertarían jamás del lugar de honor que sus gloriosas tradiciones le señalan.
Una de las primeras medidas adoptadas por Primo de Rivera fue renunciar en marzo de 1924 a la intervención del Estado en el nombramiento de los obispos de las diócesis españolas, una prerrogativa —el Patronato real— que siempre habían ejercido los gobiernos de la Restauración . El resultado fue que las plazas vacantes fueron ocupadas por obispos integristas , entre los que destacó Pedro Segura , que con sólo 46 años ocupó la sede primada de Toledo y en 1927 fue nombrado cardenal. [42] El único conflicto que tuvo la Dictadura con la Iglesia católica se debió a la resistencia de los obispos catalanes, encabezados por el arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer , y por el obispo de Barcelona José Miralles y Sbert, a ordenar a los párrocos que predicaran en castellano. [43]
Algunos meses después de la instauración de la Dictadura de Primo de Rivera en septiembre de 1923, el dictador empezó a forjar la idea de que no bastaba para «regenerar» el país acabar con la « oligarquía » y «desmantelar el caciquismo », como había propuesto, sino que era necesaria también una «nueva política», apoyada por «gente de ideas sanas» y hombres «de buena fe» que formaran un «partido político, pero apolítico, que ejerciera una acción político-administrativa». [30] Una fuerza política que no definiría los objetivos y políticas a aplicar, sino que se haría cargo de la administración del Estado, poniendo en práctica el lema regeneracionista de «menos política, más administración». [2]
Como punto de partida para construir la nueva organización política, Primo de Rivera pensó primero en La Traza , un grupo barcelonés imitador del fascismo , pero tras su viaje a Italia en noviembre de 1923 se decantó por las organizaciones impulsadas por la derecha católica que crearían la Unión Patriótica Castellana (UPC), una fuerza política que intentó seguir los pasos del católico Partito Popolare Italiano . [44] El primer presidente de la UPC fue el profesor católico Eduardo Callejo , muy cercano a Ángel Herrera , fundador e impulsor de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y su ideología inicial fue un catolicismo tradicionalista y corporativista , defensor de la propiedad y los valores agrarios. [45]
El 5 de abril de 1924, Primo de Rivera escribió una circular a los delegados del Gobierno en la que les instaba a «unir y organizar a todos los hombres de buena voluntad a fin de prepararlos para cuando el Directorio hubiera llevado a cabo su misión». Diez días después, el dictador esbozaba las líneas básicas de su proyecto: construir un «partido político pero que en el fondo sea apolítico en el sentido ordinario de la palabra», que tratara de «unir y organizar a todos los españoles de buena voluntad» y de «sanas ideas» en los principios de «Religión, Patria y Monarquía» —muy próximos al trilema carlista Dios, Patria y Rey— . En consecuencia, la nueva organización no tendría ideología, sería incompatible con la Constitución de 1876 , vigente hasta entonces, y su papel sería el de «excitar el espíritu de ciudadanía para que las Uniones llegasen a formar una mayoría parlamentaria en la que pudiese apoyarse el Rey y que fuese el primer paso hacia la normalidad constitucional». [46] El 29 de abril dio instrucciones a los gobernadores civiles "para que organizaran las nuevas huestes ciudadanas" creándose comités de la UPT, muchos de los cuales fueron designados para formar los nuevos ayuntamientos según las normas del recién aprobado Estatuto Municipal de 1924. [47] Así, la Unión Patriótica era un partido "organizado desde el poder y para el poder", como afirmó alguna vez el ministro de la Dictadura José Calvo Sotelo . [48]
Primo de Rivera definió a la Unión Patriótica como «un partido centrista, monárquico, moderado y serenamente democrático». Uno de sus ideólogos, el escritor José María Pemán , se ocupó de diferenciarlo del fascismo y afirmó que el Estado defendido por la Unión Patriótica era el «socialcristiano tradicional», y rechazó además el sufragio universal, considerado «un gran error». [49] El partido estaba integrado por personas de la derecha católica tradicional (antiliberal y antidemocrática), del «maurismo» y otros sectores conservadores, «apolíticos» de todo tipo y también simples oportunistas. [50]
La base de la Unión Patriótica era fundamentalmente local y provincial, y la Junta Directiva Nacional creada en 1926 nunca tuvo funciones muy precisas. Más importante como aglutinante del partido fue el papel del diario La Nación , órgano de prensa de la Unión Patriótica sostenido con fondos de la Administración. [51]
Por otra parte, la eficacia de la Unión Patriótica en el «desmantelamiento del caciquismo» fue en realidad reducida, pues «incorporó a sus filas a muchos antiguos caciques y permitió la creación de nuevos cacicazgos», como en el caso de la provincia de Cádiz, cuna de Primo de Rivera, «donde prácticamente todos los caciques tradicionales se integraron en la Unión Patriótica». [49]
El Manifiesto del 13 de septiembre hacía referencia a la «desvergonzada propaganda separatista» como una de las justificaciones del golpe . Cinco días después el Directorio promulgaba el Decreto de 18 de septiembre de 1923 contra el «separatismo», castigando con severas penas los «delitos contra la seguridad y la unidad de la Patria», juzgados por tribunales militares. Así, la Dictadura apostó desde el primer momento por «un nacionalismo español autoritario y beligerante. Se perseguían los símbolos y entidades afines a otros nacionalismos. La censura reducía a la mínima expresión no sólo la prensa democrática y obrera, sino también las publicaciones en otras lenguas. Las actividades políticas eran severamente limitadas y, en general, los nacionalismos subestatales y los regionalismos entraban en un obligado eclipse, que duraría hasta 1929». [52]
Sin embargo, en un primer momento pareció que Primo de Rivera apoyaba el «sano regionalismo» y pocos días después del golpe de Estado encargó a las diputaciones provinciales vascas la elaboración de un proyecto de Estatuto, tarea que cumplió la Diputación Foral de Guipúzcoa y la presentó a finales de diciembre de 1923. Pero la Diputación Foral de Vizcaya, dominada por la Liga de Acción Monárquica, se opuso y el proyecto fue abandonado. [53] Asimismo, Primo de Rivera declaró el 12 de octubre que se proponía suprimir «las 49 pequeñas administraciones provinciales» sustituyéndolas por 10, 12 o 14 comarcas dotadas de «todo lo que dentro de la unidad del territorio sea posible conceder». Esta política se confirmó con el ofrecimiento que hizo la Dictadura a los nacionalistas gallegos conservadores de una mancomunidad gallega a cambio de su colaboración con la política del régimen. Un ofrecimiento similar se hizo a los regionalistas valencianos y aragoneses. En marzo de 1924 se aprobó en Santiago el anteproyecto de Mancomunidad Gallega redactado por Vicente Risco y Antonio Losada Diéguez, pero para entonces el impulso "regionalista" de la Dictadura había desaparecido. [54]
El 13 de enero de 1924, Primo de Rivera decretó la disolución de las diputaciones provinciales, con excepción de las del País Vasco y Navarra, como había hecho con los ayuntamientos tres meses antes. Los gobernadores civiles fueron los encargados de nombrar a sus nuevos miembros entre profesionales liberales, grandes contribuyentes y directores de corporaciones culturales, industriales y profesionales. Las nuevas Diputaciones Provinciales debían informar sobre los problemas de funcionamiento que detectaran y proponer soluciones. [55]
El nombramiento de destacados « españolistas », en su mayoría de la Unión Nacional Monárquica , al frente de las diputaciones catalanas, como ya había ocurrido con los ayuntamientos, provocó la desafección de los miembros de la Lliga Regionalista liderada por Josep Puig i Cadafalch , que inicialmente habían creído en la buena voluntad regionalista de Primo de Rivera. [38]
Primo de Rivera encargó la tarea de reformar el sistema jurídico-administrativo de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales al joven abogado José Calvo Sotelo , político conservador del partido maurista , a quien colocó al frente de la Dirección General de Administración Local. Calvo Sotelo nombró un equipo de exmauristas y católicos de derechas, como José María Gil Robles , el conde de Vallellano , Josep Pi i Suñer, Miquel Vidal i Guardiola y Luis Jordana de Pozas, que colaboraron en la elaboración del Estatuto municipal de 1924 y del Estatuto provincial de 1925. [56] [57]
En una larga nota oficiosa que acompañó la promulgación del Estatuto Provincial, Primo de Rivera reconocía que había cambiado de opinión sobre el «regionalismo», pues antes pensaba que éste podía ser positivo para la regeneración de España, pero ahora se había dado cuenta de que «reconstruir desde el poder la región, reforzar su personalidad, exaltar el orgullo diferenciador entre unos y otros es contribuir a deshacer la gran obra de la unidad nacional, es iniciar la desintegración, para lo cual siempre hay estímulo en el orgullo o el egoísmo de los hombres». [56]
El programa "nacionalizador" alcanzó también a las escuelas donde se debía impartir una educación "patriótica" y religiosa. El 27 de octubre de 1923 se publicó una circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria en la que se recordaba a los maestros e inspectores su deber de "enseñar la lengua castellana en sus respectivas escuelas y enseñar en la misma lengua". Meses después se dio a los inspectores la facultad de cerrar escuelas o suspender a los maestros que no cumplieran esta orden. El 13 de octubre de 1925 se ordenó a los directores de los centros docentes —y también a los rectores de las Universidades— que vigilaran la difusión de "doctrinas antisociales o contra la unidad de la Patria que pudieran exponer algunos profesores o maestros en el seno de sus clases, procediendo desde luego con el mayor rigor a la formación del oportuno expediente previa suspensión de empleo y medio sueldo, si existieran indicios suficientes de culpabilidad". Asimismo, los libros que no estuvieran escritos en castellano o que contuvieran doctrinas contrarias a la unidad del país debían ser retirados, suspendiendo de empleo y sueldo al maestro que los usara. [58]
En Cataluña, pronto se hizo evidente que la Lliga Regionalista se equivocó al apoyar el golpe de Estado de Primo de Rivera, ya que éste llevó a cabo inmediatamente una política de persecución del nacionalismo catalán . Entre otras medidas, se prohibió el catalán en los actos oficiales, se intentó suprimir el uso del catalán en sermones y ceremonias religiosas, se impuso el castellano como única lengua administrativa, se castellanizaron y cambiaron los topónimos catalanes, se boicotearon los Jocs Florals (que debían celebrarse en el extranjero), se prohibió el izado de la bandera catalana, se limitó el baile de sardanas, se persiguió a instituciones profesionales, sindicales y deportivas simplemente por utilizar el catalán, etcétera. [59] Esta política generó numerosos conflictos con diversas instituciones catalanas y entidades catalanistas que se negaron a aceptarla, y muchas de ellas acabaron siendo clausuradas temporal o definitivamente. Fue el caso, por ejemplo, de algunas oficinas de la Lliga Regionalista que fueron clausuradas y de su periódico La Veu de Catalunya que fue suspendido temporalmente. [59]
En enero de 1924, Primo de Rivera se reunió con algunos dirigentes políticos catalanes en Barcelona pero sólo obtuvo el apoyo de la Unión Nacional Monárquica Española , cuyo líder Alfonso Sala Argemí pasó a ser presidente de la Mancomunitat tras la dimisión de Puig i Cadafalch . Sin embargo, Sala acabó enfrentándose a las autoridades militares de Cataluña y protestando mediante carta a Primo de Rivera. Así, cuando el 12 de marzo de 1925 se aprobó el Estatuto Provincial de 1925, que en la práctica prohibía la Mancomunitat, Sala dimitió. [60]
Tras la desaparición de la Mancomunitat, las declaraciones de Primo de Rivera sobre la cultura, la identidad, la lengua y las instituciones de Cataluña crecieron en virulencia, expresando su total oposición a cualquier tipo de autonomía regional. Como ha señalado la historiadora Genoveva García Queipo de Llano, «Primo de Rivera ofendió no sólo a los grupos políticos sino a toda la sociedad catalana». Así, se produjo un creciente distanciamiento entre Cataluña y la Dictadura, con un aumento progresivo de los conflictos. Acció Catalana llevó el «caso catalán» a la Sociedad de Naciones y Francesc Macià , exmilitar y fundador de Estat Catalá , se convirtió en el símbolo de la resistencia de Cataluña a la Dictadura. [59]
La Dictadura también reprimió duramente el nacionalismo vasco, especialmente el sector más radical que dominaba en ese momento el Partido Nacionalista Vasco (PNV), mientras que el sector moderado había formado su propia organización, la Comunión Nacionalista Vasca . Sólo una semana después de su formación, el Directorio Militar cerró Aberri , el periódico no oficial del PNV, y ordenó a la Guardia Civil que cerrara los batzokis y otros centros y sociedades del PNV, que quedó ilegalizado de facto . Por otro lado, la CNV fue relativamente tolerada. En 1924, su organización guipuzcoana rechazó el separatismo y suspendió voluntariamente su actividad política, mientras que «el sindicato SOV aceptó participar en los Comités Paritarios de la Dictadura, y se alió con otros sindicatos para derrotar a la UGT». [61]
Tanto el PNV como la CNV se centraron a partir de entonces en la promoción de actividades religiosas ( romerías ), de ocio ( senderismo ), culturales (danza, teatro, música, promoción del euskera ) o deportivas (fútbol y ciclismo). [62]
Respecto al « problema de Marruecos », el general Primo de Rivera siempre había manifestado una posición « abandonista », [59] por lo que ordenó la retirada de las tropas hacia la franja costera del Protectorado español en Marruecos , con el consiguiente malestar del sector « africanista » del Ejército. Entre ellos se encontraba el teniente coronel Francisco Franco que escribió varios artículos en la Revista de Tropas Coloniales , en defensa del colonialismo español. Una de las razones de fondo de la oposición al «abandono» de Marruecos era que la retirada suponía el fin de los ascensos rápidos por «méritos de guerra», que habían permitido a los oficiales destinados en África ascender con mayor rapidez que a los de las guarniciones peninsulares. Éste fue el caso del propio teniente coronel Franco, que al licenciarse solicitó un destino en el Ejército de África (en los « regulares », primero en Melilla y luego en Ceuta), y en sólo cinco años (de 1912 a 1917) fue ascendido de teniente a comandante por méritos de guerra. Cuando el teniente coronel Millán Astray organizó la Legión Extranjera en 1920 (siguiendo el modelo francés), nombró al mayor Franco comandante de uno de sus batallones. En 1922, Franco publicó Marruecos, diario de una Bandera , donde relataba su experiencia en la Legión. Ese mismo año, los medios conservadores, como el diario ABC , lo pusieron como ejemplo de «soldado», ante la campaña antimilitarista que se desató tras el « desastre de Annual ». En 1923 ocupó la jefatura de la Legión y fue ascendido a teniente coronel. Cuando Primo de Rivera decidió finalmente reanudar la guerra en Marruecos, el teniente coronel Franco, al igual que otros oficiales «africanistas», cambió de actitud y se convirtió en un acérrimo partidario de la Dictadura. El teniente coronel Franco fue ascendido en sólo tres años a coronel y de coronel a general. Tenía 33 años. Si no hubiera habido guerra, todavía sería capitán, según el historiador Gabriel Cardona. [63]
En marzo de 1924, Primo de Rivera ordenó la retirada de las tropas de la zona de Yebala y Xauen , lo que permitiría acortar las líneas. Pero la retirada se efectuó en unas condiciones meteorológicas pésimas y fue aprovechada por Abd el-Krim , el líder de la autoproclamada República del Rif, para lanzar una ofensiva, por lo que la operación fue una catástrofe. Hubo más bajas que en el desastre de Annual tres años antes, aunque con un menor número de muertos, y Abd el-Krim se apoderó de buena parte del protectorado español. [64] Primo de Rivera consiguió ocultar a la opinión pública la magnitud del desastre gracias a la censura, [65] pero en octubre de 1924 tuvo que asumir personalmente el cargo de Alto Comisario español en Marruecos . Sólo el error de los rebeldes rifeños al atacar las posiciones francesas en la primavera de 1925 permitió a Primo de Rivera salvar la situación. [64]
El ataque de Abd el-Krim a las zonas de Marruecos bajo protectorado francés fue suficiente para que Francia mostrase por primera vez su voluntad de colaborar con España para poner fin a la rebelión rifeña. [66] De esta colaboración surgió el proyecto del desembarco de Alhucemas que se produjo en septiembre de 1925 y que fue un completo éxito porque cogió al enemigo por la espalda y partió en dos la zona controlada por los rebeldes. Así en abril de 1926, Abd el-Krim solicitó negociaciones y al año siguiente Marruecos quedó completamente pacificado, dejando de ser un problema para España. [66] En su obsesión por no caer en manos del ejército español, Abd el-Krim se entregó a los franceses que lo deportaron a la isla de la Reunión . [65]
Según Genoveva García Queipo de Llano, [66]
La victoria en Marruecos fue, sin duda, el triunfo más espectacular del gobierno de Primo de Rivera, y sentó las bases de la política exterior de la Dictadura en el futuro. La voluntad del general Primo de Rivera de permanecer en el poder a partir de 1925, pese a que él mismo había señalado el carácter provisional de su régimen, se debió precisamente a que había solucionado un problema que había sido la pesadilla de todos los gobernantes españoles desde 1898.
Una vez clausuradas las Cortes y embargada la documentación de la Comisión de Responsabilidades, los juicios a los militares acusados por el desastre de Annual pasaron a manos del Consejo Supremo de Guerra y Marina. El 25 de febrero fue absuelto el general Cavalcanti, miembro del Cuadrilátero, lo que provocó la dimisión del presidente del Consejo Supremo, el general Aguilera. Cuatro meses después, el 19 de junio, se inició el juicio contra el general Dámaso Berenguer y otros generales, jefes y oficiales implicados en el desastre de Annual. Dámaso Berenguer fue obligado a abandonar el servicio activo, pero el resto de los acusados fueron absueltos o recibieron penas leves. En julio de 1927, Primo de Rivera concedió la amnistía a Berenguer y al resto de condenados. De esta forma, según González Calleja, "se puso fin a la división del Ejército sobre la controvertida cuestión de las responsabilidades". [67] Como señala Santos Juliá, “una vez entregada la dirección de la guerra a los africanistas, no tenía sentido continuar con la irritante cuestión de las responsabilidades, que quedó definitivamente cerrada”. [68]