Sicariato en Honduras
El sicariato es una figura introducida por el Derecho romano que reguló especialmente su condena penal, por la particular crueldad con que se conducían estos asesinos, mediante la lex Cornelia de sicariis et veneficis (ley Cornelia sobre apuñaladores y envenenadores) en el año 81 a. C. en Roma.
Este artículo responsabiliza al estado de cualquier muerte ocurrida en Honduras y a los ciudadanos el derecho a demandar al estado cuando se violenta este derecho.
Los sicarios, por lo tanto, no matan por venganza personal, motivos religiosos, cuestiones políticas o en ocasión de robo, sino que lo hacen por la retribución económica.
Aquel que contrata a un sicario también incurre en un delito, aun cuando no sea responsable material del asesinato Las mafias suelen apelar a sicarios para eliminar a integrantes de bandas rivales, miembros de fuerza de seguridad o investigadores que amenazan su accionar delictivo Se han registrado casos de personas que contrataron a un sicario para matar a su expareja por despecho, sin que exista una intención económica detrás del crimen para aquel que realiza el encargo.
El hecho que en el 90 % de los casos los sicarios no detenidos ni encarcelados hace que la criminalidad no se detenga y continúe en permanente aumento.
Honduras cuenta con una pobre legislación en temas de asesinato y sicariato, lo que permite a los criminales actuar sin temer a ser investigados, perseguidos y capturados.
Estas suaves leyes en cuanto a políticas de investigación, captura y juicio permite que los criminales tengan a el sicariato como un estilo de vida y por otro lado afecta a los mismos abogados y jueces quienes son asesinados y de los cuales los criminales no son identificados, ni perseguidos.
Los abogados y jueces suelen ser víctimas asesinatos por parte de los criminales, más de 70 abogados y jueces han sido asesinados en Honduras.
Debido a que el 95 % de los crímenes no son investigados, los sicarios y los cerebros intelectuales de ese 5 % que son investigados suelen enviar a asesinar a los testigos para evitar ser enjuiciados para quedar en libertad y continuar asesinando libremente.
A inicios de 1990 algunas ni;os y jóvenes comenzaron a ser contratadas para asesinar a Hondureños y hacer pasar los crímenes por asesinatos debido al robo de pertenencias o cruces de fuego entre pandillas, en algunos casos han sido contratados por los mi.
En honduras el asesinato y sicariato ha pasado de ser algo poco común a ser un suceso diario sin que se encuentren culpables ni sean castigados, aunque suele afectar principalmente a las personas menos pudientes, pero también son objeto de asesinatos y amenazas abogados y jueces por parte de el llamado crimen organizado para evitar la correcta aplicación de la justicia y los periodistas que denuncias hechos de corrupción en las presentes y pasadas administraciones del gobierno.
Un testigo clave del crimen fue Esteban García, un vendedor de Helados, quien afirmó haber visto a la adolescente en un coche idéntico al del coronel, pero unos días antes de su declaración fue golpeado hasta morir por una pandilla en un aparente robo.
Entre 1979 y 1981 fue llevada a cabo la Operación Charly, una operación militar clandestina del Ejército Argentino en acuerdo con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para implementar en América Central los métodos represivos ilegales de Terrorismo de Estado en Argentina, perseguir y eliminar a las personas pertenecientes a movimientos políticos de izquierda.
La Operación Charly se llevó a cabo entre 1979 y 1981 cuando los militares argentinos se volvieron visibles en Centro América, pero continuo una guerra sucia llevada a cabo por escuadrones de la muerte que perseguían, asesinaba y desaparecían a personas relacionadas con políticas de izquierda o el comunismo.
Este fue el gobierno en los que más personas fueron asesinadas en toda la historia del país y fue fomentado por la nula investigación y la falta de persecución de los criminales.
Algunos grupos solicitan la reicorporacion de la pena de muerte para los criminales, por otra parte otros grupos mencionan que seria un retroceso en el sistema legal, en el que por un lado paramilitares asesinan a la población, incluidos miembros de grupos políticos, y por otra parte el gobierno tendría poder para asesinar también a la misma población, permaneciendo los demás casos sin ser investigados y teniendo más asesinatos en el país.
