Según Josep Fontana, la causa última del levantamiento hay que buscarla en la interferencia del gobierno de Carlos III en el sistema que regía en Cataluña, y singularmente en Barcelona, para mantener estable el precio del pan (libertad de comercio de cereales, pues en su mayoría eran importados, y control municipal de la producción del pan).
Se impuso por decreto el modelo contrario, que era el que existía en el resto de la monarquía y especialmente en Madrid, según el cual el comercio del grano estaba controlado y en cambio la panificación era libre.
Ese día la población —especialmente las mujeres— salió a la calle y atacó e incendió varias barracas de venta de pan y el Pastim municipal —edificio que tenía hornos propios para hacer el pan—.
[3] Finalmente se produjo una negociación entre los revoltosos y las autoridades, representadas por el general conde del Asalto, quien no tenía suficientes tropas para hacer frente a la rebelión, y por el Ayuntamiento, que pidió la ayuda de los gremios profesionales —muy influyentes en la ciudad— y de los frailes capuchinos para llevar las negociaciones.
Se aceptó la rebaja del precio del pan y la liberación de los prisioneros; sin embargo, los representantes populares pidieron también rebajas en el precio de la carne y el aceite, que fueron igualmente concedidas.