[7] A mediados de los 40 del siglo XIX apareció en el seno del partido un sector democrático encabezado por José María Orense, Nicolás María Rivero y José Ordax Avecilla, cuya principal reivindicación era que el progresismo defendiera el sufragio universal frente al sufragio censitario.
Cuando finalizó el bienio los templados, que fueron llamados progresistas «resellados», se integraron en el nuevo partido de Unión Liberal encabezado por el general O'Donnell, lo que dejó sin espacio político a los progresistas puros entre «unionistas» y demócratas.
[10] A principios de marzo de 1863 O'Donnell pidió a la reina la disolución de las Cortes, que llevaban abiertas cuatro años, para contar con un parlamento más adicto poniendo fin a la disidencia que había surgido en la Unión Liberal —ya fuera la integrada por antiguos moderados puritanos, como Cánovas, o por antiguos progresistas resellados, como Cortina o el general Prim—.
[11] Pero Isabel II se negó a disolver las Cortes y O'Donnell presentó su dimisión.
[12] La reina aceptó el consejo de que llamara a un progresista para sustituir a O'Donnell pero cuando se entrevistó con una comisión del Partido Progresista integrada por el «resellado» Manuel Cortina y con los «puros» Pascual Madoz y Moreno López éstos no le dieron ningún nombre para presidente del gobierno y le pidieron tiempo para reorganizar el partido.
En la reunión se barajó el nombre del general Juan Prim, quien mantenía unas excelentes relaciones con la reina y que además había sido el político progresista que O'Donnell le había propuesto a Isabel II para sustituirle.
Este se reunió con el líder progresista Salustiano de Olózaga ofreciéndole entre 50 y 70 diputados en las nuevas Cortes que tendrían una mayoría moderada y unionista, pero Olózaga «tras una primera aceptación, acabó negándose a la componenda».
El conocimiento de estas circulares provocó la ruptura entre progresistas y moderados, desbaratándose «la oportunidad para que los hombres del progreso formaran un partido útil a la monarquía constitucional que decían desear».
El objetivo era presionar a la reina para que rectificara, pero ésta no lo hizo y las elecciones se celebraron sin la presencia de los progresistas.
Asimismo su actividad aumentó en toda España gracias a que los comités electorales se transformaron en comités permanentes, aunque el liderazgo del partido seguía sin resolverse, llegándose a pedir que los tres progresistas más destacados del momento, Salustiano de Olózaga, el general Juan Prim y Práxedes Mateo Sagasta —que acababa de sustituir al recientemente fallecido Pedro Calvo Asensio como director del periódico La Iberia— que fueran a Logroño a pedirle al general Espartero que volviera a dirigir el partido, pero el viaje nunca se realizó.
Fue en ese momento cuando Prim, para dar más cohesión al apoyo a la candidatura del duque de Saboya, propuso que los progresistas y los demócratas cimbrios formaran un único partido.
En 1870 este sector «exaltado» pasaría a estar liderado por un político de peso en el progresismo, Manuel Ruiz Zorrilla, hasta entonces estrecho colaborador del general Prim.
Este no tuvo más remedio que seguir las indicaciones del rey y así nació el 21 de febrero de 1872 el Partido Constitucional cuyo líder fue el general unionista Francisco Serrano, con Sagasta como número dos.
Por su parte Ruis Zorrilla desde el exilio conspiró incansablemente para derribar la monarquía de Alfonso XII y volver a traer la República.
Junto a la soberanía nacional, el otro elemento ideológico que definía al partido era el progreso entendido, según Jorge Vilches, «como la mejora del estado social y moral del país, su desarrollo económico e intelectual, y el aumento de la participación de las capas populares en la vida política».
Como esto no se produjo el líder del partido, el general Prim, se decantó por la vía del pronunciamiento militar para acceder al gobierno —y que culminaría en la Revolución de 1868— por lo que el partido quedó relegado a un segundo plano.