[1] El acuerdo NGEU es algo sin precedentes en la historia de la UE, ya que la misma emitirá vínculos o bonos soberanos europeos (eurobonos) para asignar subvenciones y préstamos a sus Estados miembros, pagándolos mediante la generación de recursos propios, a través de los impuestos directos, lo que se considera el primer paso hacia una integración fiscal en Europa.
[10] Sin embargo, ese mismo mes, los hospitales alemanes comenzaron a atender a pacientes italianos y franceses con COVID-19,[11] y en abril el gobierno alemán asumió por su cuenta el tratamiento médico de pacientes europeos que necesitaban asistencia respiratoria y que se encontraban internados en sus hospitales.
A dicha flexibilización se añadieron también los cambios en la autorización de ayudas públicas, ya que la normativa permitió otorgar hasta 800.000 euros por compañía en forma de subvención directa o ventajas fiscales.
Este impulso se integró con varias acciones institucionales de las semanas anteriores, y sirvió de base al plan recuperación económica (Next Generation EU) presentado por Von der Leyen la semana siguiente.
[24] Hasta entonces, Merkel —quien ocho años antes, en el punto más álgido de la crisis del euro, aseguró que no habría eurobonos «mientras yo viva»[25]— se había opuesto a la propuesta de Macron para crear un fondo que obligaría a los 27 a aumentar la deuda de forma conjunta.
[26] En el plano internacional, durante el mes de mayo la Comisión lanzó la "Respuesta mundial al coronavirus", una acción que perseguía el «acceso universal a vacunas, tratamientos y tests de coronavirus asequibles».
El paquete parece grande, pero tendrá un efecto fiscal neto en toda la eurozona de apenas un 1 % anual.
[37][38] El NGEU menciona la importancia del Estado de Derecho, pero sigue siendo vago o impreciso.
[40][41] Para recibir apoyo del FRR, los Estados miembros de la Unión -evaluados técnicamente por la Comisión Europea- deben presentar Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia (PRR), que incluyan objetivos, hitos y costes estimados.
[33] El PRR debe describir la forma en que cada Estado miembro pretende utilizar estas inversiones para contribuir a las prioridades verdes y digitales previstas por la Comisión.
[44] Estas importantes medidas conllevaban enormes movilizaciones de recursos económicos, lo provocó que se aprobase el Real decreto-ley 36/2020[45] con medidas urgentes para reformar la Administración Pública, en concreto, creando órganos y planes para la ejecución de los fondos europeos previstos en dicho Mecanismo para España.
Para ello, el Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, creó el programa Kit Digital, con el objetivo de digitalizar y actualizar los negocios.
De esta forma se pretende actualizar el tejido empresarial español.