Cuando estas ayudas públicas van dirigidas a favorecer a ciertas empresas o producciones, pueden tener por resultado el falsear, o amenazar con falsear la competencia y afectar a los intercambios, perturbando el buen funcionamiento del Mercado Único Europeo, generando ventajas competitivas ilegítimas e incompatibles si no respeta el régimen de ayudas de Estado establecido por la Comisión Europea.
Para vigilar que las subvenciones y ayudas públicas que otorgan los Estados miembros (en cualquier nivel de gobierno, nacional, regional, local u otros) a los operadores económicos no alteran ni interfieren en la competencia entre empresas, las autoridades comunitarias supervisan con rigor tales intervenciones, denominándolas ayudas de Estado (State Aid).
El nombre que se le ha dado en español, ayudas de Estado, es una traducción literal no excesivamente elegante, que da lugar a errores interpretativos, al haberse degradado el contenido semántico del término "Estado" en español en las últimas décadas.
[1] Así, el artículo 107.1 del TFUE establece que son incompatibles con el mercado interior —y por lo tanto, en principio están prohibidas— las ayudas otorgadas por los Estados miembros o financiadas con fondos estatales (i.e., no las ayudas concedidas por la Comisión Europea o con fondos europeos, que en este caso gozan de la presunción de no afectar negativamente a la competencia - curiosa discriminación), bajo cualquier forma, en las que concurran los siguientes requisitos: Como excepción a este principio general, el artículo 107 TFUE (art.
Pero además, para que una medida fiscal sea considerada como Ayuda de Estado es necesario que la excepción del sistema fiscal general aplicable no encuentre justificación en la naturaleza o economía del sistema tributario.
En este sentido indicar que tanto la Comisión Europea como el TJUE se han pronunciado en numerosas ocasiones, manteniendo que el tamaño de la empresa beneficiaria o la cuantía de la ayuda recibida son aspectos irrelevantes para determinar si la ayuda tiene efectos perniciosos en la competencia o en los intercambios comerciales.
Asimismo, tampoco es determinante el hecho de que la empresa participe en la actualidad o en un futuro en intercambios comerciales en otros mercados europeos o que el beneficiario no tenga actividad comercial fuera del mercado interno de su Estado miembro.
Se forma un expediente, que la DGCOMP estudia, y resuelve, autorizando, o no, la medida.
De conformidad con el artículo 108, apartado 4, del Tratado, la Comisión ha adoptado reglamentos relativos a dichas categorías.
Sobre esa base, se considera que las ayudas de minimis, entendiendo como tales las que se conceden a una única empresa durante un cierto espacio de tiempo y no superan una cantidad fija determinada, no cumplen todos los criterios que establece el artículo 107, apartado 1, del Tratado y, por lo tanto, no están sujetas al procedimiento de notificación.
Esa cantidad está fijada en 300 000€ en un periodo de tres años, medido de forma continua (on a rolling basis) para los sectores industriales incluidos en el Reglamento General R EU 2023/2831.
Dentro de la nueva ley bajo el tratado, el primer capítulo del mismo define lo que no se permite hacer con ayuda estatal y el segundo capítulo define las acciones que se pueden hacer dentro de los límites legales.
Salvo disposición en contrario de los Tratados, toda ayuda concedida por un Estado miembro o a través de fondos estatales en cualquier forma que falsee o amenace falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o a determinadas producciones, en la medida en que afecte al comercio entre Estados miembros, ser incompatible con el mercado interior.
[12] La intención de esto era que para evitar favorecer a una determinada empresa o grupo comercial, un estado miembro de la UE no debería brindar apoyo mediante ayuda financiera, tasas impositivas más bajas u otras formas a una parte que realiza negocios comerciales normales.
[13] Sin embargo, la ayuda estatal puede ser aprobada por la Comisión Europea en circunstancias individuales.
[16] Las ayudas estatales pueden concederse a entidades benéficas o "para promover la cultura y la conservación del patrimonio".
[17] El tratado también establecía que la ayuda otorgada en respuesta a desastres naturales sería legal.
Pero los Reglamentos de minimis exigen que esos sitios web sean nacionales, o bien se use un registro by default provisto por la Comisión Europea.
Al estar obligados a suministrar información a la BDNS las administraciones públicas así como los organismos y entidades vinculadas o dependientes de ellas concedentes de subvenciones y ayudas públicas, la BDNS debe contener información sobre las concesiones de subvenciones y ayudas a los beneficiarios.