Los propietarios de las tierras se consideraban perjudicados por las mejoras en los métodos agrícolas que prolongaban la vida de las viñas a la vez que el alquiler perdía valor y se prolongaba durante diversas generaciones.
Indalecio Prieto afirmó en las Cortes que los socialistas nunca dejarían sola a Cataluña, «porque con ella estará todo del proletariado español».
Por su parte Manuel Azaña se refirió al «pueblo catalán herido en sus íntimos sentimientos de nacionalidad, de tierra y de lengua» por la sentencia y proclamó que Cataluña era «el último bastión que la queda a la República» y la Generalitat «el último poder republicano que queda en pie en España».
Dirigiéndose al presidente del gobierno, el republicano radical Ricardo Samper, Azaña le dijo: «Si la política del gobierno supone... poner a los republicanos de Cataluña y a los republicanos de toda España en opción terrible, yo le digo a su señoría, con toda nuestra responsabilidad..., que nosotros tenemos resuelta la opción y que caerá sobre su señoría y sobre quien le acompañe en esa obra toda la responsabilidad de la inmensa desdicha que se avecina para España».
[6] Por otro lado, el conflicto entre el gobierno central y la Generalitat provocó una considerable exacerbación nacionalista catalana.
[8] Pero el acuerdo alcanzado entre Samper y Companys se rompió cuando a principios de octubre se constituyó en Madrid el nuevo gobierno presidido por Alejandro Lerroux y del que formaban parte tres ministros de la CEDA.