Según Boscán, varios proveedores de las empresas públicas señalaron que durante el período en que la trama operó, se les fueron solicitados el pago de coimas.

Específicamente, proveedores de CNEL y CELEC afirmaron -según La Posta- que no solo les pedían dinero para participar y ganar en concursos, sino para que también se les hagan efectivo los pagos.

[9]​ la Asamblea aprobó la creación de la comisión con 94 votos a favor, 2 en contra y 28 abstenciones.

La bancada Unión por la Esperanza, en conjunto a la bancada del Partido Social Cristiano, suscribieron respaldo a la solicitud de juicio político presentado el 16 de marzo de 2023, por la asambleísta Viviana Veloz (RC), Mireya Pazmiño (Pachakutik «rebelde»), Pedro Zapata (socialcristiano), Rodrigo Fajardo (ex Izquierda Democrática).

[19]​ El proyecto concluía en no admitir la solicitud de juicio político, sin embargo, al no alcanzar los 6 votos necesarios para la aprobación del proyecto, por lo que se hizo un resorteo de la causa designando como nuevo ponente al juez Richard Ortiz, y el presidente de la Corte Alí Lozada, manifestó que actuará como un segundo ponente.

[22]​ Según el protocolo del trámite, se debe notificar a las partes implicadas, no obstante, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio dilató la notificación al presidente,[23]​ por lo que Lasso se dio por notificado, mediante un documento enviado a Villavicencio el 6 de abril.

La resolución estuvo marcada por fuertes debates debido a que el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, intentó disponer delimitaciones a la sustentación de dichas pruebas.

[29]​ Al día siguiente, comparecieron Fernando Santos Alvite, ministro de Energía, y Juan Carlos Bermeo, su antecesor.

[34]​ Por su parte, Villavicencio, en una entrevista televisiva dio a conocer que el borrador de dicho informe, en el cual la recomendación central del documento es que no se llame a juicio político al mandatario.

En declaraciones a los medios, la asambleísta Viviana Veloz, promovente del juicio político, afirmó que el informe no tiene carácter vinculante porque no fue aprobado por los integrantes de la Comisión de Fiscalización.

[2]​ En medio de la coyuntura política, varios servidores públicos, denunciaron, principalmente por redes sociales, que han recibido mensajes de convocatorias obligatorias para marchar y realizar plantones en favor del presidente Lasso.

En dicha sesión, la asamblea dio paso al proceso de juicio político.

La resolución se aprobó con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones.

[40]​ Debido a las disputas internas, la postura de la Izquierda Democrática respecto al juicio político fue ambigua.

Ciertos legisladores, como Dalton Bacigalupo y Alejandro Jaramillo, mostraron abiertamente una postura afín al gobierno de Lasso.

Narváez había asumido la curul, tras la renuncia de César Rohon, quien, a su vez, había sido el primer legislador del Partido Social Cristiano en abandonar el partido y pasarse al oficialismo.

Tras constatar cuórum, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dispuso la lectura del expediente y de la resolución del Pleno con la que, con 88 votos a favor, se viabilizó este proceso.

A continuación se dieron las interpelaciones de Viviana Veloz y Esteban Torres.

Posteriormente Lasso se retiró del parlamento, sin hacer uso de su derecho a la réplica; recurso que sí fue ejercido por sus interpelantes.

[36]​ Inclusive, por redes sociales se difundieron audios, supuestamente de parte de militares y policías en servicio pasivo, incitando a la violencia contra los legisladores que llevan a cabo el juicio político.

[48]​ Por otra parte, también se registraron movilizaciones en contra del presidente Lasso, de ciudadanos y colectivos que apoyan el juicio político.

Tras varias intervenciones, la sesión se suspendió en la noche, con la intención de continuar al día siguiente.