[1]​ Aquella medida, junto con la militarización del Palacio Legislativo, fue considerada por gran parte de la opinión pública y el sector político ecuatoriano como una maniobra política para truncar el juicio que se llevaba a cabo en el parlamento contra el presidente Lasso.

[2]​[3]​[4]​ Sin embargo, la Corte Constitucional inadmitió las demandas y ratificó la «muerte cruzada» decretada por el primer mandatario.

Dicho mecanismo, permite al primer mandatario disolver la Asamblea Nacional, y llamar a elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias, para completar para concluir el período constitucional por el que tanto Lasso como el parlamento fueron elegidos.

[27]​ Por su parte, los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunieron para preparar las nuevas elecciones extraordinarias.

Poco después, hicieron lo propio los exlegisladores Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC) y Yeseña Guamaní de la Izquierda Democrática (ID), quienes también acudieron a la Corte Constitucional y presentaron otra demanda de inconstitucionalidad, argumentando que la decisión del mandatario no es aplicable, puesto que no existe la causal invocada por el presidente Lasso.

[32]​ Hubo otras cuatro denuncias, realizadas por organizaciones sociales, respecto al tema, aunque no tuvieron la misma cobertura mediática que las dos anteriores.

Los jueces elegidos tras el sorteo para dar trámite al pedido fueron Pablo Herrería Bonnet y Jhoel Escudero Soliz.