Gestión de recursos hídricos en México
El Código Agrario de 1934, promulgado durante la administración de Cárdenas (1934-1940), instauró el poder del gobierno federal para definir el “interés público” por el cual se podía explotar el agua.
[2] En los 70, el gobierno mexicano firmó un acuerdo tripartito con el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para preparar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 1975, que identificó las necesidades para promulgar una Nueva Ley del Agua y una Autoridad Nacional del Agua (ANA), así como para descentralizar responsabilidades y promover la participación del usuario del agua en la operación y el mantenimiento (OyM).
El PHN promovió un considerable desarrollo institucional y logros en infraestructura: (i) la transferencia de responsabilidades del gobierno federal sobre el abastecimiento de agua y saneamiento a las municipalidades y los estados en 1983, (ii) se creó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en 1986, (iii) en 1988 se creó la Comisión Nacional del Agua ([1] CONAGUA) y (iv) en 1989 se creó el primer Consejo de Cuencas en Lerma-Chapala, constituido por usuarios del agua de varios sectores.
Las cuencas en verde desembocan en el Pacífico; en marrón, en el Golfo de México y en amarillo en el Mar Caribe.
[5] México comparte tres cuencas (Colorado, Bravo/Grande y Tijuana) con Estados Unidos de América (EE.
En las regiones húmedas, las presas se utilizan generalmente para generación de electricidad.
La OCDE estima que el costo económico por la contaminación del agua en México es de 6.000 millones US$ al año.
En los acuíferos sobreexplotados, la contaminación tiende a empeorar con el paso del tiempo ya que la reserva de agua superficial se agota.
Además, la información sobre la calidad del agua, proporcionada por el Registro Público de Derechos del Agua, muchas veces no es confiable y las series de datos son insuficientes.
[8] Los niveles de cobertura son especialmente bajos en las regiones del sur.
El sector eléctrico en México se basa en gran medida en fuentes térmicas (74% de la capacidad instalada total), seguido por la generación hidroeléctrica (22%).
La mayor planta hidroeléctrica de México es Manuel Moreno Torres, en Chicoasén, Chiapas, con 2300 MW.
Esta es la cuarta planta de energía hidroeléctrica más productiva del mundo.
En México hay aproximadamente 70 lagos que abarcan una superficie total de 3700km2.
Los cenotes, pozos formados con agua superficial, albergan una cantidad de especies únicas, desde bacterias, algas y protozoos (por ejemplo, copépodos, cladóceros y rotíferos) hasta vertebrados (por ejemplo, lepisosteus).
[10] Los cenotes son el principal recurso hídrico para muchas comunidades mayas antiguas y contemporáneas ya que no hay ríos y hay muy pocos lagos en la península.
La LNA posibilitó la implantación de un marco regulador que intenta incentivar una mayor eficiencia y una percepción más precisa del valor social, económico y medioambiental de este recurso.
Los proveedores del servicio de agua cobran tarifas de usuarios industriales y comerciales con las cuales casi recuperan el costo total y subsidian en forma cruzada a los usuarios residenciales.
La situación se ve agravada por la deforestación aguas arriba así como por los asentamientos humanos ubicados en las áreas propensas a las inundaciones.
Las sequías más severas de México ocurridas en décadas recientes coinciden con las variaciones en la temperatura superficial del Pacífico asociadas con El Niño.
Los impactos económico, social y ambiental de las sequías en México son notables.
En 1996, cuatro años de precipitaciones más escasas de lo normal produjeron pérdidas en la agricultura estimadas en 1000 millones US$ y un conflicto político interestatal entre Sonora y Sinaloa.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) estima que las temperaturas aumentarán entre 1 y 6 grados Celsius.
Se estima que las precipitaciones continuarán disminuyendo en el transcurso de los próximos 50 años.
También intenta mejorar la base de conocimiento para evaluar con un mayor grado de certeza los impactos anticipados del cambio climático en los recursos hídricos del país, centrándose principalmente en los humedales costeros y en las cuencas internas relacionadas.
