0,31 millones ha (riego por aspersión) 0,14 millones ha (riego localizado) México es un país con gran tradición en el diseño y construcción de obras hidroagrícola, la cual se remonta a la época prehispánica.El sector agrícola desempeña un papel importante en el desarrollo económico del país y representa 8,4 puntos del producto interior bruto (PIB) agrícola y emplea al 23% de la población activa.Una gran parte de esta infraestructura se concibió, construyó y entró en operación en la primera mitad del siglo XX y, durante la segunda mitad, se construyó la actual totalidad de la superficie bajo riego.La misma Comisión Nacional del Agua inició en 1992 negociaciones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para implantar y financiar en forma conjunta el Programa de Desarrollo Parcelario (Prodep).Aproximadamente 3,3 millones ha corresponden a 80 sistemas mayores, principalmente distritos de riego (DR).En la cuenca occidental o del Pacífico hay aproximadamente 100 ríos, de los cuales los más importantes en cuanto a caudal son los ríos Balsas, Colorado, Culiacán, Fuerte, Lerma-Santiago, Verde, y Yaqui.La deforestación ha contribuido a una grave erosión del suelo en todo el país.El desarrollo del riego en México se ha visto tradicionalmente afectado por la revolución mexicana y por la reforma agraria.El desarrollo del riego disminuyó en los años 80 y 90 debido a la crisis económica.El sector riego se concentró pues en optimizar el uso de la infraestructura existente.Sin embargo, este cambio institucional provocó la desintegración de la planificación y el manejo del agua.En la actualidad, las metas reales superan el 1,98 millones ha de superficie durante el período 1990-1994.En 1992, el gobierno mexicano promulgó la nueva Ley de Aguas Nacionales, y dictó la reglamentación correspondiente en 1994.Estos instrumentos legales, junto con la Constitución mexicana, son la principal base jurídica para el manejo del agua y el riego del país, a la vez que otorgan a la nación la propiedad original sobre prácticamente todas las aguas.La Ley Nacional del Agua declara explícitamente que el desarrollo sostenible es su objetivo principal.Las ACU también pueden construir su propia infraestructura o participar en proyectos de construcción financiados por el Gobierno.Las ACU deben llevar un registro actualizado de sus miembros y sus respectivos derechos sobre el agua.Sin embargo, esto implicaría que los servicios de agua se cobren por volumen.Aun durante la sequía y la crisis financiera, más del 90% de los usuarios pagaron los cargos por el agua.El gasto general en el sector del agua se aproximó a los 3.900 millones US$ en 2004, equivalente al 0,5% de PIB.La situación se ve agravada por la deforestación aguas arriba así como por los asentamientos humanos ubicados en las áreas propensas a las inundaciones.Las sequías más severas de México ocurridas en décadas recientes coinciden con las variaciones en la temperatura superficial del Pacífico asociadas con El Niño.Los impactos económico, social y ambiental de las sequías en México son notables.El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) estima que las temperaturas aumentarán entre 1 y 6 grados Celsius.Se estima que las precipitaciones continuarán disminuyendo en el transcurso de los próximos 50 años.Finalmente, la segunda sequía más devastadora en 60 años fue observada en 2009, y en 2011 40% del territorio mexicano experimentó la peor sequía en 70 años, perdiendo 2.7 millones de hectáreas de tierras cultivadas".[2] El decremento constante en la precipitación del agua de lluvia como producto del cambio climático se ha convertido ya en un fenómeno irreversible, por tanto será un problema creciente al irse elevando constantemente la temperatura del planeta, lo que tiene consecuencias importantes en la cantidad y calidad del agua disponible para las distintas regiones de México, y en particular, de manera aguda para la región norte de México.Junto con la descentralización, la CONAGUA está promoviendo procesos participativos en el manejo del agua mediante la creación de consejos de las cuencas fluviales y oficinas regionales que se ajustan a los límites hidrológicos.La nueva ley del agua estableció los derechos de propiedad sobre el agua y otorgó derechos, roles, funciones y responsabilidades claras a las asociaciones civiles de usuarios.Además, se desarrolló una fuerte basa ideológica e institucional ya existente para la representación de los usuarios en las nuevas organizaciones.
