Además, Uruguay contó durante varios años con un reactor nuclear pequeño para investigación y capacitación de personal.[4] El accidente de Fukushima estimuló la discusión en varios ámbitos, desde el político hasta el social.La Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR) depende del Ministerio de Industria, Energía y Minería.Cuenta con independencia técnica y profesional y no está vinculada a ninguna institución relacionada con la energía nuclear excepto aquellas que controlan la seguridad de los que están expuestos a las emisiones.Posteriormente Uruguay invirtió otros veinte millones del presupuesto nacional para construir el edificio y ponerlo en funcionamiento.[2] El acuerdo casi fue ratificado en el Parlamento en 1992, durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle.[28] Unos 6000 habitantes manifestaron en protesta ocupando todo el puente carretero sobre el Río Negro,[25][28] a la que se sumaron personas tanto en Montevideo como en el interior.[25] Estas acciones sociales se realizaron por los propios ciudadanos sin participación de los partidos políticos.[2] No hubo mayor referencia en el ámbito estatal sobre la cuestión nuclear sino hasta el 2007, cuando el Poder Ejecutivo durante la presidencia de Tabaré Vázquez creó una comisión multipartidaria dedicada al estudio del empleo de energía nuclear para generar energía eléctrica,[3][30] siguiendo las normativas recomendadas por la Organización Internacional de Energía Atómica.[31] Al renacer el tema surgieron opiniones de expertos,[32] políticos,[33] medios y militares.[13] Para Hinia Balter, directora del Centro de Energía Nuclear de la Facultad de Ciencias, "Con un reactor se cubriría la demanda y quizás hasta se pueda vender energía a países limítrofes(...) [U]na planta nuclear es mucho menos contaminante que una térmica" y la basura radiactiva que producen se puede "contener, blindar y almacenar de forma segura, siguiendo determinados protocolos".El OIEA ayuda a los países aportando expertos y capacitación si un Estado decide crear una central de energía atómica con todas las garantías.[13] Al 2010, ninguno de los miembros del Tribunal Ciudadano se expresó a favor de la posibilidad de iniciar un plan nucleoeléctrico a partir del 2030; sin embargo dijeron que la aceptarían si los avances tecnológicos minimizan el riesgo asociado al emprendimiento, o si futuros estudios proveen información local actualmente no disponible.[37] Por otra parte, para un país poco poblado como Uruguay, los mencionados costos no son rentables del todo debido a la escala de la economía local.Según Ramón Méndez, Ya en 1937 había legislación en la materia, respecto a otorgar beneficios jubilatorios a personas que en razón de su trabajo deban realizar tareas que las expongan a radiaciones de rayos X o al radio, o que deban manipular dichos elementos.
