En cambio subasta pública suele referirse a un proceso en el que se adjudican bienes (por ejemplo, incautados judicialmente) al mejor postor.
La diferencia es importante, porque la empresa que en una licitación se considere injustamente descartada puede recurrir ante los tribunales.
Sin mencionar que una empresa privada puede también llevar a cabo una licitación perfectamente justa y transparente diseñando sus propias reglas.
Pero en general se pueden distinguir[4] las siguientes fases: Debe destacarse que los pliegos de condiciones obligan tanto al convocante como a los oferentes: las empresas que se presentan deben cumplir las condiciones establecidas, pero el convocante no las puede cambiar durante la licitación (desde la convocatoria hasta la adjudicación) y está obligado a adjudicar el contrato a la empresa ganadora.
[9] Por su parte el Observatorio de la Contratación Pública propone un decálogo[10] para prevenir la corrupción en las licitaciones.
En Europa se puede destacar la página Digiwhist (del inglés whistleblower), o el Corruption Research Center de Budapest, que divulgan, elaboran tecnología y publican métodos para revelar riesgos de corrupción en los contratos públicos en 35 países.