Detención administrativa
Las detenciones administrativas aparecen reflejadas en los códigos penales de diversos estados del mundo.
Además, afirman que los códigos penales basados en los derechos del acusado y en estrictas normas en torno a las pruebas no pueden usarse de manera efectiva para eliminar el riesgo que suponen los terroristas.
Entre los motivos que aportan para defender esta postura se encuentra la idea de que la información usada para identificar a los terroristas y sus planes podría incluir fuentes y métodos de inteligencia extremadamente sensibles que, en caso de ser descubiertos durante el juicio, podrían socavar futuras operaciones antiterroristas.
Sus defensores también aseguran que los procesos judiciales están diseñados para castigar comportamientos pasados y, por lo tanto, están deliberadamente decantados de favor del acusado para evitar en la medida de lo posible que se castigue a inocentes.
Estas leyes permiten la captura de combatientes enemigos y su detención sin juicio hasta el final del conflicto.
Destacan los numerosos casos en los que los fiscales consiguieron condenas por terrorismo usando los códigos penales existentes.
Entre las alternativas propuestas están la liberación y asignación del inmigrante a una ONG, la liberación bajo custodia de ciudadanos del Estado de acogida que garanticen que el inmigrante se presentará a las vistas judiciales, y "centros de detención abiertos" en los que los inmigrantes deberían comparecer regular y obligatoriamente.
Las autoridades coloniales francesas e inglesas fueron las primeras en introducir la detención administrativa en el continente asiático poco antes de la Segunda Guerra Mundial.
Aunque el fin original era suprimir las ideas revolucionarias e independentistas de las poblaciones nativas, la detención administrativa pervivió en las ex-colonias una vez que estas consiguieron la independencia, legitimando el uso de la medida contra los opositores políticos en sus propias constituciones.
Algunos ejemplos de estas ex-colonias francesas o británicas que mantuvieron la medida de la detención administrativa son Bangladés, India, Malasia, Myanmar, Pakistán, Singapur, Sri Lanka e Israel.
[2][3][4][5] En Vietnam, ex-colonia francesa, las autoridades coloniales usaron ampliamente la detención administrativa en los años treinta del siglo XX para arrestar a aquellos que eran sospechosos de simpatizar con el comunismo.
[6] Algunos de estos presos políticos, como Aung San Suu Kyi en Myanmar, se han hecho famosos a nivel mundial por su lucha y han sido defendidos por organizaciones en pro de los derechos humanos, si bien la propia Aung San Suu Kyi, una vez en el poder tras ganar las elecciones, mantuvo la detención administrativa como medida a aplicar contra sus detractores.
Human Rights Watch ha criticado a Armenia por no reformar por completo el sistema legal heredado de la anterior república soviética y por no poner el sistema de detención administrativa actual en concordancia con las leyes internacionales.
Además, diversos grupos religiosos, comunitarios y políticos se han opuesto a la medida, incluidos el Consejo Nacional de Iglesias de Australia, Amnistía Internacional o el partido verde.
Bajo esta etiqueta se engloba a prostitutas y sus clientes, drogadictos, disidentes políticos y pequeños criminales que llevan a cabo delitos menores que no son lo suficientemente graves para ser perseguidos por el sistema judicial.
Según las estadísticas oficiales del gobierno irlandés, en el periodo comprendido entre 2003 y 2004 permanecieron en detención administrativa un total de 2798 personas por causas relacionadas con la inmigración, dos tercios de los cuales estuvieron en prisión por periodos superiores a los 51 días.
El resto permanecieron en otras cárceles o en puestos fronterizos de la policía (Garda Síochána).
La detención administrativa aplicada por Israel tiene una duración de seis meses que pueden ser prolongados indefinidamente.
[11] La detención administrativa se usa también en casos en los que las pruebas han sido obtenidas por los servicios de inteligencia (y en especial por el Shin Bet), con lo que mostrarlas en un juicio podría revelar información sensible como fuentes, informadores o infiltrados.
Sin embargo, los juzgados validan la gran mayoría de las órdenes",[11] añadiendo que "en la práctica, esto permite a Israel encarcelar a palestinos que no han sido condenados por nada durante años y años".
[18] Este uso de la ley ha sido criticado por las Naciones Unidas y por Human Rights Watch.
[18] En 2007, el gobierno jordano abrió el Centro Wifaq para mujeres en riesgo de violencia, y en 2008 se trasladó a este a las mujeres que hasta entonces habían estado detenidas en prisiones, aunque la política de enviar mujeres a la cárcel como medida de "custodia protectora" no ha cesado del todo.
[18] Según el Centro Nacional por los Derechos Humanos de Jordania, la detención administrativa se usó en 11.870 casos en 2008,[18] 16 050 en 2009,[19] 12.345 en 2010[20] y 11.345 en 2011.
Esta práctica se lleva a cabo incluso con presos enfermos o ancianos.
