Crisis política en Paraguay de 2012
[2][3][4][5][6] La comunidad internacional respondió de distintas maneras ante los sucesos, predominando los rechazos y/o condenas en América Latina.
[cita requerida] Por su parte, mientras la Santa Sede dio antes que ningún Estado su reconocimiento oficial al nuevo gobierno encabezado por el hasta ese momento vicepresidente paraguayo, Federico Franco,[10] la Unión Europea[11] y la Organización de Estados Americanos[12] enviaron comitivas al Paraguay para recabar datos sobre la situación.
La propuesta fue finalmente aprobada con 76 votos a favor, uno en contra y tres ausencias.
[25] Los cinco hechos de los cuales se acusó al presidente, fueron: Como fiscales acusadores fueron elegidos Carlos Liseras, José López Chávez, Jorge Ávalos Mariño, Óscar Tuma y Clemente Barrios.
[29] El presidente Fernando Lugo confirmó su sometimiento al juicio político, aclarando que no presentaría su dimisión anticipadamente.
[32] La tarde del viernes 22 de junio de 2012, tras constituirse en tribunal del juicio, el Senado paraguayo, presidido por Jorge Oviedo Matto, declaró culpable por 39 votos contra 4 a Fernando Lugo de los cargos esgrimidos en el libelo acusatorio[33] y, minutos después, se tomó posesión en su reemplazo al vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico.
[35] Sin embargo la idea de constitucionalidad o inconstitucional debe ser leída en términos controversiales.
[39] La televisora estatal fue tomada durante esa noche por agentes de la policía paraguaya, quienes irrumpieron en el canal acompañados del Director de Comunicaciones del nuevo gobierno, Cristian Vázquez, quien ordenó que no se transmitieran imágenes de los incidentes protagonizados por los manifestantes que apoyan a Lugo, por considerar que atentan contra la ciudadanía.
[41] Por su parte, el director de dicho medio fue removido sin motivo válido y cambiado por uno partidario a Franco.
[45] Dicho Congreso Nacional fue acusado (en síntesis) de: El equipo investigador estuvo a cargo de la abogada Milena Pereira, quien realizó la pesquisa junto con la abogada Mirta Moragas y el economista Luis Rojas.
[50] En un primer momento, Insulza se refirió a la situación diciendo que «la ley nunca puede amparar la violación de los principios», puesto que se habrían violado los principios democráticos referidos a una legítima defensa.
«Pese a que se están respetando los trámites burocráticos del Congreso paraguayo, el proceso (juicio político) es sospechoso por una manipulación nunca vista antes.
[53] El español Bartomeu Meliá, antropólogo y lingüista sistematizador de la gramática guaraní, dijo que el Estado paraguayo iba a ser salvado por el campesinado y repudió la represión policial contra manifestantes pacíficos.
[54] Tras la asunción de Federico Franco, varios gobiernos latinoamericanos anunciaron acciones diplomáticas en contra del nuevo gobierno paraguayo.
Argentina,[55] como Ecuador,[56][57] Cuba,[58] Venezuela y Bolivia[59] retiraron a sus embajadores en Asunción.
[71] Luego de varios meses, Colombia, México y Chile decidieron retornar a sus respectivos embajadores al Paraguay; en el caso de este último, expresaron que lo hicieron para que se "mire de cerca el desarrollo del proceso [electoral]"[72] Algunos políticos y analistas uruguayos consideraron que la destitución fue legal según la constitución paraguaya, entre ellos Juan Carlos Doyenart,[73] Julio María Sanguinetti[74] y Sergio Abreu.
[75] En tanto, el presidente de Uruguay José Mujica y analistas políticos como Óscar Bottinelli opinaron que la destitución fue inconstitucional.
