Desafuero contra Andrés Manuel López Obrador

La persona física que se ostentó como propietaria y promovió el amparo, de nombre Federico Escobedo, no solo denunció al gobierno capitalino, sino también a otras cinco empresas con propiedades colindantes con la suya.

[4]​ En ese mismo año surgió otro litigio, emprendido por otro particular, en contra de Escobedo (el presunto apoderado de El Encino) disputando la propiedad del paraje, el particular alegó que un juzgado había certificado su propiedad y que Escobedo carecía de las escrituras como para emprender acción legal alguna.

[9]​ El embajador de México ante la Unión Europea, Porfirio Muñoz Ledo, renunció también en ese mismo año a su encomienda al mostrar su franco desacuerdo con el gobierno de Fox, empeñado en la medida.

[10]​ Legisladores del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acudieron con un notario público a El Encino para acreditar que no se estaba realizando ninguna obra, el fedatario apuntó que por las condiciones del predio podía decirse que no se estaban realizando obras por lo menos desde hace ocho meses o un año atrás.

[12]​ La duración del proceso era indeterminada, por los largos periodos para el deshago de pruebas y su ampliación todavía mayor en ocasiones, los otros casos en trámite y además los periodos de receso del congreso.

Habló de la gran impunidad del pasado reciente (por casos como el Fobaproa y el Pemexgate) e ironizó que se le pretendiera juzgar por haber intentado abrir una calle para comunicar a un hospital.

[15]​ Tampoco faltaron los tintes picarescos o cómicos durante la sesión, como cuando la diputada priista de línea dura, Sofía Castro, gritó: “Muera el peje”, para celebrar la decisión tomada por el pleno.

[17]​ Al día siguiente se publicó en la sección de cartones de La Jornada, Milenio, El Universal y Diario Monitor (este último dirigido por José Gutiérrez Vivó), un fondo negro con la leyenda: “La justicia ha muerto ¡No a la canallada del desafuero!”.

Un juez desecharía después la fianza al declarar que por la naturaleza en cómo se había dado era contraria a la ley.

[21]​ La gran mayoría de los actores políticos y sociales más relevantes del país manifestaron en alguna medida su postura respecto al caso, dado que fue el tema político principal hasta el inicio abierto de la contienda electoral del 2006.

[22]​ El proceso de desafuero tuvo en la percepción social un impacto de fraude anticipado, toda vez que se sostuvo como una opinión muy difundida que el impedir al probable candidato más popular participar en una elección presidencial en puerta constituía una violación a la libertad del sufragio.

[24]​ La cobertura mediática permanente a todos los sucesos relacionados, la crispación política emprendida en un inicio por el gobierno, el tensado ambiente preelectoral y la polarización creciente, generaron manifestaciones visibles cuando hubo connatos de violencia como los que se produjeron en el tianguis turístico de Acapulco, visitado por Fox, y en donde por tal motivo se prohibió la entrada a ciudadanos que llevaban el distintivo tricolor de protesta, emblema de la resistencia civil, el desalojo violento de diputados federales del PRD que intentaron instalar un plantón en las cercanías del rancho San Cristóbal (de la familia Fox), y la intimidación llevada a cabo contra un estudiante que increpó al presidente con motivo del desafuero, sosteniendo una cartulina con la leyenda: “Fox, traidor a la democracia”, quien a su vez reaccionó de una manera airada contra el joven.

El senador coordinador de este partido, Jesús Ortega Martínez dijo que se pretendía: “reestablecer en Los Pinos la facultad de decidir quién debe gobernar”, en contrapartida, el panista Jorge Zermeño Infante dijo que el desafuero era: “someter a gobernantes y gobernados al imperio de la ley”, en tanto el PRI pareció mostrar una posición más mesurada; al advertir al gobierno federal que son los ciudadanos los que deben decidir en las urnas quienes deben ser sus gobernantes.

El senador de ese partido, Ernesto Gil Elourduy, manifestó que: “al país no le sirve judicializar la política” y ante las denuncias de intervención del gobierno federal a favor del PAN en el reciente proceso electoral en Veracruz, dijo que: “Veracruz es un laboratorio oprobioso que apunta al 2006”.

Los legisladores reclamaron en tribuna la mala relación que habían sostenido con el ejecutivo, la estridencia del gobierno por el desarrollo del desafuero y la falta de acuerdos, desde la presidencia, para darle estabilidad a México y solucionar los problemas nacionales.

En un mensaje hecho en cadena nacional, Vicente Fox dijo que su gobierno a nadie impediría participar en la próxima contienda federal.

Cárdenas Gracia concluía que: “Esto, desde luego (…) se llama utilización facciosa del poder para descarrilar el proceso de transición democrática en México”.

Esta inmunidad procesal se confunde generalmente con la libertad discurso protegida constitucionalmente, concedida a los miembros del congreso por el artículo 61, conocido como fuero (de la palabra forum en latín); a este proceso se le conoce como “desafuero”.

[30]​ Quien está en proceso penal tiene sus derechos políticos suspendidos, según el artículo 38 constitucional, así que no puede ejercer su derecho a votar o presentarse a alguna candidatura, por lo menos hasta que concluya su proceso.

El sistema legislativo no había sido probado en casos como este, y por ser un caso especial el del Distrito Federal (por no ser considerado un estado en ese entonces) se desarrollaron todo tipo de argumentaciones a favor o en contra del procedimiento por cómo fue practicado.

[18]​ Entre los manifestantes se observaron pancartas de protesta con todo tipo de leyendas y expresiones adjuntas, sobresaliendo creatividades con mensajes como: “Todos somos López, Nobody is Fox”; “La democracia en México no vale dos mil pesos”; “Voy callado, escuchen mis mentadas”;[18]​ “Nosotros los López, ustedes los ricos”; “Fox rectifica ¡hoy, hoy, hoy!” (en alusión a aquella famosa frase de la campaña foxista, exigiendo un debate improvisado en un día contra sus contendientes Cárdenas y Labastida), y “Si condenan a la democracia ¿Quién pagará la fianza?”.

[22]​ En el seno del PEN Club surgió la iniciativa de emitir un exhorto al gobierno mexicano de dar marcha atrás al desafuero y permitir elecciones libres y justas en México, tal exordio sería apoyado por escritores de renombre internacional: Salman Rushdie, Tomás Eloy Martínez y Ryszard Kapuściński, en el mismo sentido se habían pronunciado antes escritores como Eduardo Galeano, José Saramago y Mario Benedetti.

[22]​[36]​[37]​ Elena Poniatowska y Rius, este último con su libro de 2006; Votas y te vas, coincidieron en reseñar el turbulento proceso del desafuero como la antesala de un golpe de Estado prelectoral que se consumaría con las cuestionadas elecciones presidenciales que vendrían después, concretándose los fines en un principio buscados por la maniobra supuestamente legalista: que el sistema le cerrara el paso a uno de los contendientes que podría ponerlo en jaque.

[36]​ Para el historiador Lorenzo Meyer la lógica del gobierno falló desde el momento en que decidió utilizar a las instituciones contra un adversario político para descarrilarlo de la sucesión presidencial, algo que, como tal, no fue visto ni en los peores momentos del régimen autoritario priista, y operó como una trama que puso en juego el progreso democrático del país.

Así mismo, coincidirían después en que el desenlace del proceso constituía una victoria democrática de la sociedad frente al poder.

Entre dichas figuras se encontraban José María Pérez Gay, Arnaldo Córdova, Enrique González Pedrero, Luis Javier Garrido, Víctor Flores Olea, Bolívar Echeverría, Armando Bartra y Luciano Concheiro Bórquez.