A partir de entonces las dependencias del convento se utilizaron para albergar oficinas administrativas del estado, entre ellas las correspondientes al Gobierno Civil y la Delegación de Hacienda.
En julio de 1906 un enorme incendio destruyó gran parte de la antigua sede conventual y en 1953 fue derribado lo que quedaba del claustro grande que se encontraba situado contiguo a la Iglesia.
En el resto del antiguo espacio conventual se han abierto nuevas vías urbanas, como la calle Canalejas, y construido diferentes edificios destinados a viviendas.
En el año 1303 Fernando IV concede a la congregación una renta de 1000 maravedís anuales y en 1310 la exime del pago de portazgo y emite una curiosa orden prohibiendo que se echen inmundicias junto a los muros del convento, concediendo además a los frailes un cahíz de sal anualmente.
En 1757 vivían en el convento 190 dominicos que se redujeron a 85 en 1803, de ellos 48 sacerdotes, 6 novicios, 22 estudiantes y nueve hermanos cooperadores.