[5]​ Austral había sido privatizada en 1987 por el gobierno de Raúl Alfonsín y comprada por la empresa Cielos del Sur S.A., perteneciente al grupo liderado por Enrique Pescarmona, empresario metalúrgico argentino dueño de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima).

[6]​ Iberia y Austral formaron un pool para comprar la empresa estatal Aerolíneas Argentinas que el gobierno de Carlos Menem había decidido privatizar, pocos meses después de asumir y casi sin estudios previos.

Para ello buscó expandirse en el mercado latinoamericano comprando Aerolíneas Argentinas, la venezolana Viasa y el 35% de la chilena Ladeco.

La nave accidentada era un jet McDonnell Douglas modelo DC-9-32,[10]​ registrada bajo el número de serie 47446, comprado por la empresa española Iberia y asignado a Austral en 1993, que la matriculó como LV-WEG.

Pero Iberia no quería invertir en la empresa y decidió reemplazarlos por sus propios Douglas DC-9/30 que estaba dando de baja en Europa.

En total Austral adquirió veintidós aviones, entre ellos ocho modelos DC-9-32, entre los que se encontraba la nave accidentada.

Pese a ello, la Dirección Nacional Aeronáutica habilitó la nave, sosteniendo que dicha alarma no era obligatoria en España, de donde provenía el avión.

La Ciada presentó su informe final en 1999, mientras que la justicia argentina, en 2017, a veinte años de producido el accidente, aún no había iniciado el juicio contra las 27 personas (empresarios, funcionarios y militares) acusadas como responsables del accidente.

Las dos medidas fundamentales eran la instalación de una alarma que le indicara el problema a la tripulación (Pitot Stall/Heater Off) y un adiestramiento especial para resolver la situación, consistente principalmente en mantener la velocidad y disminuir la altura de modo que los dispositivos se descongelen.

[22]​ La investigación realizada por la justicia penal de Argentina se extendió durante casi una década, procesando a 28 personas como eventuales responsables del accidente.

Pasaría otra década para que esas 27 personas fueran formalmente acusadas para ser sometidas a juicio oral.

En 2006 el mismo juez procesó a 27 personas como sospechosas del delito de estrago doloso.

[23]​[24]​ El juez Ballesteros consideró que la empresa, la Dirección Nacional Aeronáutica, el Comando de Regiones Aéreas y otras áreas del Estado y la Fuerza Aérea Argentina, habían intencionalmente omitido cumplir normas referidas a la seguridad aeronáutica, de modo tal que causaron o contribuyeron a causar el accidente.

[26]​ El mecánico Oscar Bazzani (técnico aeronáutico que revisó el avión previo al despegue) escribió un libro titulado "Austral 2553, Una Tragedia Anunciada".

Si esa luz hubiera existido, el comandante Césere, que ese día había volado a Posadas dos veces en el mismo avión sin problemas, hubiera advertido que los controles de velocidad lo estaban engañando."

afirma Bazzani, quien perdió su empleo y atravesó una gran crisis en su vida debido al accidente.