1] Fueron creadas en 1997 por la Ley de Organización de la Administración General del Estado[1] y reguladas en un real decreto del mismo año[2] sucediendo a los gobiernos civiles, dirigidos por los gobernadores civiles, creados en 1833.
Esta situación se da en las comunidades de Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Ceuta, Melilla, Murcia, Navarra y La Rioja.
Mediante real decreto es posible crear subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales, teniéndose en cuenta para ello circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas.
El ejemplo más común lo constituyen las delegaciones provinciales del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, las dos ciudades autónomas y algunas comunidades autónomas uniprovinciales no disponen de dicha institución, ya que sus competencias son llevadas a cabo por parte de la Delegación del Gobierno.