Fue candidato a la Presidencia de Costa Rica, por el Partido Progreso Social Democrático.
En 1986 se casó con la economista costarricense Monika Hempel Nanne, con quien vivió durante diez años y tuvo su primera hija.
Cuando concluyó su doctorado, el Banco Mundial le ofreció trabajo por la publicación de su investigación.
Durante su estancia en ese país, conoció a la que sería su segunda esposa, la economista letona Signe Zeikate, con quién se casó en 2015 y tuvo una hija llamada Isabela.
El presidente se negó y ese mismo día, Chaves fue internado de urgencia en un centro médico por apendicitis.
[19] La noche del 6 de febrero se anunció que Chaves enfrentaría al expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional en una segunda ronda electoral que fue celebrada el 3 de abril.
Luego de los pequeños incidentes, los invitados y el presidente se trasladaron a un almuerzo post-inauguración; en la tarde, el presidente sostuvo reuniones con diferentes líderes globales que asistieron a la inauguración.
Él y sus partidarios aseguran que dicho galardón lo reciben como un "Contrapeso" a una carta firmada por 27 expresidentes del mundo, en la que lo señalan como poco amigable con tres medios de prensa costarricense.
[25] Ya anteriormente, una periodista de ese medio[27] y también periodistas de otros medios locales habían intentado conocer sobre estas acusaciones –las cuales circulaban como un rumor–[28] sin obtener respuesta, pues el Tribunal Administrativo del Banco no se había pronunciado aún sobre el caso.
[35][37] Chaves ha defendido sus acciones, argumentando que el fideicomiso fue establecido para manejar donaciones de manera transparente y eficiente.
Sin embargo, esta explicación no ha convencido a muchos pues no esta en la forma establecida por el código electoral, y la investigación de la Fiscalía continúa siendo un punto de controversia importante durante su presidencia[38].
La ley propone limitar e incluso eliminar algunos controles ejercidos por esta institución, lo que ha generado críticas.
[42][43] Las críticas se enfocan en que la Ley Jaguar podría debilitar significativamente los mecanismos de control y fiscalización del gasto público.
Además, académicos y expertos en gobernanza han señalado que la reducción de controles podría facilitar prácticas corruptas y el mal uso de los fondos públicos, afectando negativamente la confianza en las instituciones estatales[42][44][45].
La Sala encontró que estos artículos infringen la normativa constitucional al debilitar los controles necesarios para prevenir la corrupción y asegurar la transparencia en la gestión pública.
Es de mencionar que Chaves ha sido criticado por su enfoque autoritario y su retórica confrontativa.
Durante su mandato, ha tenido roces con diferentes sectores de la sociedad costarricense, incluyendo sindicatos, la prensa y otros actores políticos.
Sus detractores argumentan que su estilo de liderazgo erosiona las instituciones democráticas y fomenta la polarización en el país[47] [48].
Su discurso se centra en la lucha contra la corrupción de una supuesta elite comprobada que no le deja trabajar parecido al estado profundo y la promesa de reformar el Estado para hacerlo más eficiente y cercano a los ciudadanos[50].
[58] Estas posturas económicas se caracteriza por un reformismo de austeridad, enfocado en la disciplina fiscal y la reducción del gasto público.