Protocolo de Kioto
No obstante, el período de compromiso del Protocolo se amplió hasta el 2020.
[10] Algunos países en desarrollo, que no estaban obligados a cumplir las metas cuantitativas fijadas por el Protocolo de Kioto, ratificaron el acuerdo.
[17] Se decidió crear un Fondo Verde del Clima (GCF) cuyo objetivo es invertir en países en desarrollo con el objetivo final de que el crecimiento económico sea compatible con la protección del clima.
De esta forma la UE, que prometió recortar un 20% sus emisiones para el 2020, logró su meta por adelantado.
[22] Según las estimaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), si se mantienen las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) al ritmo actual o a uno superior causarían un calentamiento global mayor e inducirían numerosos cambios en el sistema climático mundial durante el siglo XXI.
El protocolo también posee dos instrumentos únicos, conocidos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y la Implementación Conjunta.
[33] La Enmienda fue acordada en la decimoctava Conferencia de las Partes (COP 18) sobre cambio climático.
[33] En la Enmienda de Doha, 37 países tenían objetivos vinculantes: Australia, la Unión Europea, Bielorrusia, Islandia, Kazajistán, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Ucrania.
Sin embargo, este proceso denotó un débil compromiso de los países industrializados, tales como Estados Unidos, Rusia, y Canadá, los cuales decidieron no respaldar la prórroga.
[36] Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania declararon que podían retirarse del Protocolo de Kyoto o decidir no poner legalmente en vigor la Enmienda con los objetivos de la segunda ronda.
Otros países desarrollados sin objetivos para la segunda ronda fueron Canadá (que se retiró del Protocolo de Kioto en 2012) y Estados Unidos (que no ratificó).
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reafirmaron en 2017 su convicción en que dicho acuerdo no tenía vuelta atrás.
[40] Adicionalmente, la Comisión Europea anunció que presentaría lo que denominó un Pacto Verde Europeo “con el objeto de hacer de Europa el primer continente neutro en carbono en 2050”, formalizando además tal compromiso en legislación específica.
